Continúan los problemas por nombramiento de embajadores
Miguel Ángel Rivera viernes 25, Feb 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
El artículo 89 de la Constitución General de la República establece que el Presidente de la República tiene la facultad de nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, entre otros funcionarios públicos.
Esta disposición viene al caso porque ayer mismo se dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado para su ratificación los nombramientos de siete embajadores y un cónsul, entre ellos dos ex gobernadores priistas, Quirino Ordaz y Carlos Miguel Aysa González, así como el de la escritora Laura Esquivel.
De hecho, no hay ninguna novedad. El meollo de este caso está en las repercusiones que han tenido los nombramientos del actual primer mandatario, pues ha generado reacciones contrarias lo mismo dentro que fuera del país.
Allí está, por ejemplo, el caso del ex gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, quien está nominado para representar a México en España.
Esa designación se dio en medio de un conflicto diplomático no declarado, pero vigente con España, el cual empezó porque el Presidente mexicano pidió al rey Felipe VII que su nación ofreciera disculpas por los excesos cometidos contra los pueblos indígenas en la Conquista y durante la Colonia.
El gobierno español, primero le dio poca importancia a los reclamos del presidente López Obrador y, luego, cuando siguieron las críticas desde Palacio Nacional indicó que no podía hacerse responsable de lo que ocurrió hace varios siglos.
En medio de la controversia, el Presidente mexicano dio a conocer su decisión de nombrar como embajador en Madrid al ex gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel.
Precisamente por los desacuerdos, ocurrió que la Corte de España demoró meses para conceder al beneplácito para el nuevo embajador mexicano, procedimiento indispensable de acuerdo con los procedimientos diplomáticos prevalecientes en todo el mundo.
Finalmente, hace unos días se dio a conocer que España había concedido el beneplácito, pero entonces quedó en evidencia que el gobierno del presidente López Obrador no había cumplido con las normas internas, pues no se había solicitado la ratificación del Senado.
En los hechos no hay ningún problema, pues la mayoría del Senado, conformada por Morena y sus rémoras tiene la capacidad de aprobar los nombramientos sin necesidad del respaldo de los partidos de oposición.
De cualquier forma, queda la duda acerca de si se cumplieron los procedimientos diplomáticos, pero aunque fuera así, en el terreno político nacional queda vigente un conflicto, pues los derrotados gobernadores del PRI, como es el caso del ex mandatario de Sinaloa, está amenazados por la dirigencia nacional de su (¿ex?) partido de ser expulsados por aceptar cargos concedidos por un gobierno rival.
Esta situación se extiende al ex gobernador interino de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, postulado embajador en República Dominicana, aunque por el momento no hay ningún conflicto diplomático con esa nación caribeña. También se incluye en esa relación a la también ex gobernadora priista, de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, quien está amenazada también con la expulsión del tricolor, pero no tiene que pasar por la aduana del Senado, pues fue nombrada cónsul en Barcelona, posición que no requiere ratificación de Legislativo.
Por cierto, el presidente López Obrador calificó de “rudo y excesivo” que el PRI quiera expulsar a gobernadores de Sonora y Campeche.
“Sobre lo político partidista, pues eso lo tienen que decidir los ex gobernadores, se me hace, aunque es un asunto de un partido y respeto también esa decisión, se me hace muy rudo, muy excesivo porque no dejan su militancia, no están vendiéndose como se decía antes, se puede vender el trabajo, pero no la consciencia, no es el caso”, dijo el mandatario nacional.
Los otros cargos sometidos a la consideración de los senadores son el del luchador social y fundador de la Coalición Obrera, Campesina y Estudiantil del Istmo (COCEI), Leopoldo de Gyves de la Cruz, para Venezuela, y Víctor Hugo Morales Meléndez, diplomático de carrera, para Trinidad y Tobago.
Lo que más llama la atención en esa relación es una ausencia, la de la actriz y activista Jesusa Rodríguez, quien ha sido anunciada por el primer mandatario como embajadora en Panamá.
La también senadora suplente —de la actual presidenta del Senado Olga Sánchez Cordero— también está involucrada en un conflicto diplomático, pues la nación centroamericana le negó el beneplácito al historiador, muy cercano a Palacio Nacional, Pedro Salmerón, quien fue acusado de acosador. La canciller panameña Erika Mouynes, defensora de los derechos de las mujeres, lo vetó, por lo que el presidente López Obrador tuvo que hacer una propuesta diferente, que recayó en Jesusa Rodríguez, cuya postulación tampoco parece satisfacer a los panameños, pues hasta ahora no se conoce el beneplácito.
En lista de aspirantes a diplomáticos remitida por el presidente López Obrador incluye al periodista Guillermo Zamora y Villa, para Nicaragua; Luis Manuel López Moreno, diplomático de carrera, para Santa Lucía, y la escritora Laura Beatriz Esquivel Valdés, en Brasil.
También aparece el nombramiento de Marcos Moreno Báez, como cónsul general en Nogales, Arizona.
Lo anterior lo informó la presidenta del Senado Olga Sánchez Cordero a través de un mensaje en redes sociales.
Condenar la invasión de Ucrania, una forma de autodefensa
En otro asunto de relaciones exteriores de importancia, aunque con un poco de retraso, el gobierno de México condenó la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Después de que la posición de México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas causó decepción en amplios sectores de la sociedad mexicana, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon – por instrucción presidencial- asumió una actitud más crítica contra la invasión rusa.
“Demandamos que cesen las operaciones militares por parte de la Federación Rusa en territorio de Ucrania, que se respete su integridad territorial, que se proteja a su población civil”, dijo el secretario de Relaciones Exteriores.
Comentó que después de pláticas con más de siete diferentes países y con la embajada de México en Ucrania, señaló que tiene claro el gobierno mexicano que el actual conflicto se trata de una invasión.
“Ya no hay ninguna duda sobre ello, es una operación con una escala que cubre casi todo el territorio de Ucrania y quisiera yo decirles que nuestra orientación principal es rechazar el uso de la fuerza y condenar enérgicamente la presencia de fuerzas de la Federación Rusa en territorio de Ucrania”, dijo.
En un mensaje que publicó en redes sociales, el canciller recordó que México sufrió dos invasiones por parte de Francia y dos invasiones por parte de Estados Unidos, lo que le costó a nuestro país la pérdida de la mitad de su territorio.
“Y por historia y tradición, por nuestra formación como nación, tenemos que rechazar y condenar enérgicamente la invasión de un país como Ucrania por parte de una potencia como Rusia”, mencionó Ebrard, quien insistió en buscar una solución al conflicto por la vía de la diplomacia.
Por cierto, la posición de México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, estuvo a cargo de la representante Permanente Alterna de México ante la Organización de las Naciones Unidas, Alicia Buenrostro, pues no apareció el titular del cargo, el ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud Juan Ramón de la Fuente.
Esta ausencia no justificada causó inconformidad en el Senado, el órgano legislativo encargado de vigilar la política exterior de México, tanto que se tramita un punto de acuerdo para llamar al embajador para que explique su actuación.
Por otra parte, sorprendió la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, de no ejercer acción penal en contra de Carlos Antonio Alpízar Salazar, titular de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y Alejandro Ríos Camarena Rodríguez, titular de la Secretaría Ejecutiva de Administración, quienes presuntamente estaban relacionados con supuestos actos de corrupción, en los que habrían participado integrantes de despachos jurídicos que se relacionan con el ex consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra.
