Morena y asociados impiden aclarar el caso de la “casa gris”
Miguel Ángel Rivera miércoles 23, Feb 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Ya no es novedad, es una constante. La mayoría de Morena y sus rémoras rechazaron en el Senado una propuesta de punto de acuerdo presentada por la oposición para que Petróleos Mexicanos presente un informe detallado de los contratos concedidos a partir del 1 de diciembre de 2018 a la empresa texana Baker Hughes.
La justificación de la propuesta está en la denuncia, no bien aclarada por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, en el sentido de que durante un año o más, el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, de nombre José Ramón López Beltrán, y su esposa Carolyn Adams —vinculada desde hace muchos años a la industria petrolera— ocuparon una residencia en Houston, Texas, popularmente conocida ahora como la “casa gris” propiedad de Keith L. Schilling, quien fuera alto funcionario de Baker Hughes.
De origen, el disfrute de esa residencia contradice las recomendaciones del presidente López Obrador de evitar los lujos y optar por la austeridad, pero lo más grave es que se presume que el disfrute de esa residencia -para algunos es lujosa y para otros resulta casi cursi- es resultado del tráfico de influencias, algo que dice la llamada Cuarta Transformación que ya fue erradicado.
El golpe de la revelación de los inquilinos de esa residencia resultó demoledor para el presidente López Obrador, quien, a pesar de su dominio de la escena, durante casi tres semanas no atinó a explicar o justificar los “excesos” de su primogénito. Lo más fue declarar que los lujos eran posibles porque “la señora” (Carolyn Adams) tiene dinero. Ninguna referencia a la actividad profesional de su hijo.
La barca empezó a volver a flote cuando el empresario Daniel Chávez Morán y sus hijos se asumieron como patrones de José Ramón, a quien no sólo contrataron como abogado, sino que le patrocinaron obtener la autorización para ejercer en los Estados Unidos.
Todavía después de esa defensa quedaron muchas dudas, mientras el presidente López Obrador derramó lágrimas por los ataques a su familia.
La siguiente fase de la defensa tuvo un escenario de alcance nacional, nada menos que la conferencia mañanera del presidente López Obrador.
Allí, en esencia, el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), el agrónomo Octavio Romero Oropeza negó que hubiera tráfico de influencias y aseguró que Baker Hughes colabora con la petrolera nacional desde hace 60 años. Previamente, la empresa texana hizo su propia introspección y encontró que su ex funcionario Keith L. Schilling no tuvo nunca relación con los contratos con la petrolera mexicana y “nunca se enteró” de que su casa era rentada por el hijo y la nuera del primer mandatario.
La oposición no avala esas justificaciones
Las explicaciones no han sido universalmente bien recibidas, salvo por “morenos y asociados”.
En consecuencia, ante las dudas, senadores de oposición, centralmente del PAN, promovieron ayer en el Senado un punto de acuerdo para pedir informes detallados de los contratos obtenidos por la controvertida empresa texana Baker a Hughes.
De antemano se sabía que la iniciativa no prosperaría y que sería desechada con el voto mayoritario de Morena y sus rémoras.
Sin embargo, vale considerar algunas de las razones expuestas por la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, quien por cierto festejaba su cumpleaños.
“No se confundan, no se trata de una calumnia, no intenten victimizarse ante probable conflicto de interés; tampoco intenten exculparse, al contrario, deberían abrir una investigación para disipar dudas.
“Hace poco más de tres semanas nos enteramos de que el hijo del presidente, José Ramón López Beltrán y su pareja, vivieron en una casa de lujo ubicada en Houston, Estados Unidos.
“Nada criticable, probablemente incómodo, para quienes forzosamente quieren vivir en la austeridad republicana.
“Pagar una renta de alrededor de 120 mil pesos mensuales no es algo que todo mundo se pueda dar ese lujo, lo preocupante es que esa casa que ocupó entre 2019 y 2020 estaba a nombre de Keith L. Schilling, quien fuera un alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía petrolera que tiene contratos vigentes con Pemex por más de 151 millones de dólares.
“Ese es el fondo del asunto, eso es lo cuestionable.
“Con el afán de intentar transparentar, el titular de Pemex, Octavio Romero, informó que Baker Hughes es la quinta, de las 25 firmas que más facturan al año a Pemex, con siete mil 589 millones de pesos y que tiene décadas manteniendo contratos.
“Dicha empresa ganó millones por ampliaciones, el monto original de un contrato era de 66 millones de dólares y debía concluir en 2019.
“En agosto de ese año, justo cuando el hijo del Presidente vivía en la casa del alto ejecutivo de Baker Hughes, recibió una ampliación por 49.5 millones de dólares, y en diciembre de ese año, donde el hijo del Presidente seguía viviendo en esa casa del alto ejecutivo, hubo otra ampliación por 60 millones de dólares.
“En 2020 vino una nueva ampliación de 99 millones de dólares y una más de 68 millones de dólares en 2021, para dar un total de 343 millones de dólares.
“Argumentan que el hijo del Presidente no es servidor público o funcionario, pero es un personaje, él y su esposa, políticamente expuestos, a quien le pueden hacer favores a manera de pago, eso que durante años ustedes criticaron.
“Esta administración tiene la oportunidad de demostrar que es diferente y permitir que se transparente e investigue.
“Por esa situación presento hoy este punto de acuerdo, para exhortar respetuosamente al director general de Petróleos Mexicanos a que informe al Senado lo siguiente:
“El número de contratos, objeto, monto y plazo de ejecución de cada uno de ellos que han sido asignados a la empresa denominada Baker Hughes por parte de Pemex”, dijo la senadora Gálvez, quien luego hizo referencia a la “aclaración” de Pemex y Baker Hughes:
“No se vale que el alto ejecutivo de Baker Hughes se convierta en el Virgilio Andrade de la 4T”.
NOTA: Virgilio Andrade fue el secretario de la Función Pública que exculpó al ex presidente Enrique Peña Nieto y a su ex esposa Angélica Rivera por la adquisición de la “casa blanca” en Las Lomas.
En defensa de la libertad de expresión
Artículo sexto constitucional: La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.
Artículo séptimo.: Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.
“Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.
En razón de lo anterior, la censura o cualquier intento por censurar voces y acallar a los medios de comunicación es inaceptable en una democracia. Y México es un Estado democrático.
Lo grave del asunto es que de eso se trata, nada menos, la sentencia a favor del amparo interpuesto por el Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos A.C., sobre derechos de las audiencias, que pretende coartar la libertad de expresión de los medios de comunicación.
Dicha sentencia contraviene lo establecido en la Constitución de nuestro país y va más allá, con la intención de cerrar la pinza de la censura absoluta, al querer eliminar los códigos de ética que tienen los medios de comunicación privados, para imponerlos desde el Estado.
Ante ello, es de esperar que el Pleno de la Corte de Justicia reivindique el derecho constitucional de poner la libertad de expresión por encima de cualquier intento de censura que al final de cuentas sería retroceso y un golpe al corazón de la vida democrática de nuestro país.
