Incertidumbre eléctrica
Freddy Sánchez jueves 17, Feb 2022Precios y desprecios
Freddy Sánchez
Como bien se dice: “No hay cosa más cara que la que no hay”…
En ese tenor, habría que preguntarse cuanto más podría incrementarse el costo político y económico de no contar con una ley eléctrica que inspire confianza a los inversionistas.
Y que, además, dé certeza al país de que se tienen las normas legales adecuadas para garantizar la atención a la demanda interna a precios accesibles para la población.
Esto último lógicamente es lo que interesa primordialmente a la sociedad más allá de las luchas por el poder y los afanes públicos o privados de tener el control de una industria con miras a decidir qué y cómo hacer las cosas en el entendido de que se busca beneficiar al país y no solamente saciar apetitos de riqueza de políticos y funcionarios con tales o cuales alianzas corruptas de hombres de negocios.
Y es que justamente lo que ha puesto bajo la mira la reforma eléctrica de Peña Nieto es lo que se ha dicho “a los cuatro vientos” para apoyar el cambio normativo legal que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador mediante una reforma constitucional.
O sea, asumir la defensa de los recursos nacionales, entregados supuestamente a los abusos descarados de “los privados” como desdeñosamente se refiere la 4T a los empresarios, (especialmente españoles), que tienen invertidos grandes capitales en México para el desarrollo de proyectos eléctricos y esquemas de producción en operación actualmente.
De tal suerte, que estos y otros empresarios nacionales y extranjeros a los que se quiere hacer pasar como corruptos (pudiendo serlo o no) es preciso que se le clarifique lo que habrá de suceder en el futuro con los negocios que emprendieron en territorio nacional, a fin de que conforme a los derechos que la ley les conceda puedan salvaguardar sus inversiones y tratar de evitar pérdidas económicas, en caso de que todo lo que decidieron poner a trabajar en México, se tenga que desmantelar o deba implicar inversiones emergentes no consideradas.
Y es que si los susodichos empresarios actuaron aprovechándose de leyes aprobadas a su conveniencia, indiscutiblemente la censura y reprobación a sus actos que “les ha llovido” desde el Palacio Nacional sería más que merecida, pero en todo caso insuficiente si además incurrieron en conductas ilícitas propiciadas por las normas legales o contubernios con funcionarios de la pasada administración sexenal.
El punto medular es éste pues, en lo que concierne a señalar como sinvergüenzas a los inversores extranjeros, puesto que habiendo pruebas de sus abusos, es preciso que se actúe con firmeza para castigar legalmente lo que haya que castigar.
Ahora que si no hay ningún delito que perseguir, sino más bien la imperiosa necesidad de adecuar las leyes para “emparejar el piso” en favor del interés nacional, eso es otra cosa que amerita tratarse sin ambages con los inversionistas y convencerlos de la conveniencia para la nación y ellos mismos de aceptar una nueva reforma constitucional en materia eléctrica que permita solucionar lo que solamente favorece a los empresarios en perjuicio del país. Dos cuestiones fundamentales deben buscarse en la intención de crear una nueva ley eléctrica: Que la iniciativa privada nacional o extranjera vea atractivo a sus intereses cualquier cambio legal, sin que por supuesto se les permita abusar y al mismo tiempo tener garantía de que sus inversiones no quedarán expuestas otra vez a nuevas políticas de gobierno.
En cuanto a la explotación de los recursos eléctricos en el futuro, sobra decir que es un deber del gobierno inclinarse por lo que en verdad le favorezca a México, en materia económica, ambiental, generación de empleos y estar a la vanguardia en aquellos rubros que catapulten al país a una vía de alto desarrollo “para el bien de todos”.
Así que entre más voluntad política institucional se tenga para buenos acuerdos, más rápido se podrá eliminar el lastre de la incertidumbre eléctrica.
serviciospremier_vip@hotmail.com
