Impunidad presidencial
Alberto Vieyra G. jueves 17, Feb 2022De pe a pa
Alberto Vieyra G.
Le llueve sobre mojado a la familia presidencial por nuevos actos de corrupción de José Ramón López Beltrán, hijo del Presidente, quien reveló que la empresa en la que trabaja en Estados Unidos es propiedad de un súper amigo de su apá, de nombre Daniel Chávez, quien es el actual supervisor de los trabajos del Tren Maya, por los que supuestamente trabaja de oquis.
El nuevo escándalo que se suma a la de la casita en Texas, revela también que Daniel Chávez, es un picudo empresario sonorense que compró 200 millones de pesos en cachitos para la rifa del avión presidencial, dinero del que por cierto se esfumó y nadie sabe nada en dónde bolsearon a Chuchita y también regaló un terreno de 2 mil hectáreas para construir obras de la CFE en Sonora. Vaya esplendido sonorense, pero lo menos que la gente se pregunta es: ¿Y dará paso sin huarache este hombre, que hoy salta a la palestra y que exhibe al hijo del Presidente en un nuevo conflicto de interés?
Sobre el ‘Loretazo’, el periodista e intelectual Héctor Aguilar Camín escribiría un fascinante artículo en Milenio titulado La impunidad presidencial y por su importancia lo leo tal cual, dice:
“Según la Barra Mexicana de Abogados, al divulgar los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, el presidente López Obrador violó el artículo 16 de la Constitución, que garantiza el derecho humano a la protección de los datos personales.
Violó también el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que establece el derecho de los contribuyentes al secreto fiscal.
También, el artículo 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales; el artículo 31 de esa misma ley que garantiza la confidencialidad de esos datos. Y el 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, que establece “responsabilidades administrativas, civiles o penales” al “servidor público” que “quebrante la reserva de las actuaciones, proporcione copias de los mismos o revele información”.
Según la Barra Mexicana de Abogados, el Presidente desplegó también una conducta intimidante contra la libertad de expresión y el derecho a la información, garantías centrales de un Estado democrático, según criterios de la Suprema Corte.
La Barra de Abogados exigió al Presidente que diera la fuente de su información, pues podría configurarse ahí la comisión de otro delito, esta vez por parte de la autoridad hacendaria.
Podrían seguirse acumulando violaciones a la ley, pero eso no cambiaría la impunidad fundamental del Presidente, en este caso, una impunidad validada por las leyes y consustancial a su puesto, pues el Presidente es inatacable en tribunales por delitos que no sean traición a la patria, fraude electoral y corrupción.
El escudo legal de que goza el Presidente es un instrumento de protección necesario, pues de otra manera el Ejecutivo podría pasarse su gobierno respondiendo querellas en los tribunales.
Pero del escudo para violar leyes no puede considerarse sino como un abuso moral del privilegio jurídico, una especie de alarde de impunidad por el más alto cargo de la Nación, cuyo juramento primero es “cumplir y hacer cumplir la ley”.
Durante su gira por Sonora, en Yécora, el Presidente respondió a reporteros que le preguntaban por la ilegalidad de sus revelaciones. Respondió: “Es bueno el diálogo, el debate, eso es la democracia”.
Pero lo que hizo AMLO no fue diálogo, debate ni democracia. Es pura y dura impunidad presidencial”.
