Censura, espionaje y sabotaje de la 4T en la CDMX
Luis Muñoz lunes 14, Feb 2022Segunda vuelta
Luis Muñoz
Diputados en Acción del Congreso local sostienen que el gobierno de la 4T en Ciudad de México recurre a la práctica de la censura, espionaje y del sabotaje para que no se debatan los temas que Claudia Sheinbaum evade y saca de su agenda diaria, además de echar mano de la Fiscalía “carnal” para amedrentar.
Las y los legisladores de Acción Nacional se mostraron “sorprendidos por el nivel de política que se ejerce desde el gobierno central para con quienes no coinciden con las ideas populistas de la titular del Ejecutivo local y federal”. Para empezar, dijeron, está el tema del sabotaje desde Comunicación Social en el Congreso capitalino, donde no se difunden nuestras propuestas como GPPAN, y la obstrucción para callar las voces de la oposición por medio del Instituto Electoral de la Ciudad.
Tratar de condicionar desde el gobierno los recursos que necesita para el pago de prerrogativas…
Advierten que la jefa de Gobierno pretende, “a billetazos”, conseguir que la autoridad electoral calle a los diputados del PAN “para que dejemos de alzar la voz contra el incremento del agua, la complicidad en la exhumación del bebé Tadeo y el maltrato infantil en los albergues que hoy funcionan como cámaras de tortura”.
El interés de Morena y de la jefa de Gobierno en este momento, a criterio de las y los diputados del PAN, es silenciar a la oposición para no exigir la inhabilitación y sanción en contra de José Merino y de quienes cometieron un fraude científico con el medicamento ivermectina. Señalaron que Acción Nacional en el Congreso seguirá en la defensa de los organismos autónomos y de la ciudad. Sus denuncias no nos amedrentarán ni nos detendrán, porque nos asiste la razón en los abusos que comete la 4-T; velaremos por la calidad de vida de la gente, por defender a los buenos gobiernos de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX) y no permitir que MORENA siga “vandalizando la agenda pública”.
Suplantación de identidad
Para tipificar y sancionar el delito de suplantación de identidad, al establecer prisión de tres a ocho años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, más el monto del perjuicio económico que en su caso hubiera generado, el diputado Carlos Sánchez Barrios (de Morena) propuso reformar el Código Penal Federal.
Con la adición del Capítulo III denominado “Suplantación de Identidad”, al Título Noveno del Código, busca señalar que comete el delito de suplantación de identidad quien con fines ilícitos o de lucro, se atribuya la identidad de otra persona por cualquier medio, u otorgue su consentimiento para suplantar su identidad y genere con ello un daño moral o patrimonial, u obtenga lucro o provecho indebido para sí o para otra persona.
El documento, enviado a la Comisión de Justicia, precisa que será equiparable al delito de robo de identidad al que, valiéndose de un medio informático, acceda a datos personales de terceros, sin tener autorización para ello.
Añade que de forma enunciativa, pero no limitativa, la suplantación de identidad puede usarse para abrir cuentas de banco, obtener tarjetas de créditos, préstamos o ser beneficiario de programas de gobierno; comprar bienes a nombre de la persona suplantada, apropiarse de cuentas bancarias y líneas telefónicas, y obtener documentos a nombre de la persona suplantada, como pasaportes, credenciales de elector o licencias de manejo.
Sánchez Barrios argumenta que la suplantación de identidad consiste en la apropiación de la identidad de otra persona, con fines ilícitos o de lucro, lo que puede producir daño moral o patrimonial. Refiere que de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), durante 2020 se presentaron 58 mil 484 reclamaciones relacionadas con la suplantación de identidad, lo que equivale a decir que durante ese año diariamente ocurrieron en promedio 160 ilícitos de ese tipo. El monto reclamado ascendió a más de dos mil millones de pesos, equivalente al presupuesto del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, que administra la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Además, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ha propuesto tipificar a nivel federal el delito de robo de identidad, para evitar disparidades regulatorias entre los estados que sí lo tipifican penalmente.
