Toma de casetas, ¿derecho o extorsión?
Guillermina Gómora Ordóñez martes 8, Feb 2022Caleidoscopio
Guillermina Gómora Ordóñez
Las estampas de impunidad se repiten a lo largo y ancho del país. La toma de casetas y el bloqueo a las vías férreas se han convertido en un negocio redondo. En minas de oro. El gobierno ha sido rebasado y el Estado de Derecho, atropellado.
Impera la ley de la selva, los canales para amortiguar el hartazgo social no funcionan; diversas organizaciones que se escudan en algunas causas fachada, como la magisterial, sindical, presos políticos, normalistas desaparecidos y conflictos agrarios, bloquean vías de comunicación, secuestran camiones o toman casetas.
Estamos ante un problema de seguridad nacional para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El tema dejó de ser una protesta social, el crimen organizado estableció un Estado paralelo en las carreteras del país y ahora se le conoce como el “huachicol carretero”.
En octubre pasado, al comparecer ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores, Jorge Arganis, secretario del sector, reconoció que las casetas de peaje en las carreteras de México ya no sólo son tomadas como actos de protesta social sino por organizaciones delincuenciales para obtener recursos.
Arganis, informó que en el año 2020 el monto de pérdidas por la toma de casetas ascendió a 4,121 millones de pesos y detalló la forma de distribución de las pérdidas registradas: El Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que opera Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), perdió 1,526 millones de pesos; la concesionaria Ideal, 2,371; la concesionaria RCO, 62.6; la Red Propia de Capufe, 154.98 millones de pesos y el paquete Michoacán, en el municipio Aguililla, 5.9 millones de pesos.
La autopista México-Acapulco (Autopista del sol) es un ejemplo claro de cómo el derecho a la “protesta social” se ha transformado en delito a través de la extorsión a los usuarios de esta vía en las casetas de Paso Morelos, Palo Blanco y La Venta.
En la mayoría de los casos los manifestantes cobran una “cuota voluntaria” de 50 pesos para dar el “paso libre” a los automovilistas. Aunque a los operadores de los camiones de carga y pasajeros les piden entre 100 y 250 pesos por dar acceso a sus unidades, pero no por ello dejan de pagar la caseta, ya que el lector electrónico o tag cobra el uso de la plaza.
Parece que de nada sirvieron las reformas aprobadas por diputados y senadores en 2020 y 2021 a la Ley de Vías Generales de Comunicación para sancionar hasta con 7 años de cárcel a quienes tomen casetas y cobren ilegalmente los servicios de peaje. La reforma al artículo 533 de dicha ley establece que los castigos van de 3 meses a 7 años de prisión, con multas de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
La sanción también aplicará para quienes interrumpan la construcción de dichas vías, total o parcialmente, o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación. Sin embargo, los hechos evidencian la ausencia del Estado de Derecho en la red carretera y ferroviaria del país.
Basta recordar lo sucedido el pasado viernes, cuando un grupo de vivales, intentó, de nuevo, lucrar con la memoria de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 y utilizarla como salvoconducto para cometer tropelías y extorsionar a los usuarios de la caseta de Palo Blanco, en Guerrero.
En esta ocasión, no consumaron el atraco disfrazado de protesta social porque la Guardia Nacional, aunque usted no lo crea, se los impidió. No obstante, advirtieron que no dejarán de tomar las casetas de cobro de la Autopista del Sol hasta que el gobierno federal les entregue a los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. ¡Ajá!
Vaya manera tan cínica de disfrazar el “modus vivendi” con el que han lucrado por años, los grupos delictivos que controlan la Normal Rural de Ayotzinapa, un reducto del “Ejército Popular Revolucionario” que hemos denunciado en este espacio.
Así las cosas, ¿dónde queda el Estado de Derecho? Los grupos delincuenciales se disfrazan de causa social, extorsionan a la ciudadanía, roban a los concesionarios y viven impunemente.
El gobierno de la #4Transformación debiera tener presente que la seguridad pública también se evalúa en las urnas.
VERICUENTOS
Mancera, protección a menores
La inseguridad amenaza a la infancia del país, por ello el senador Miguel Ángel Mancera, coordinador parlamentario del PRD, propuso tipificar como delito penal el reclutamiento de niños o adolescentes, para la comisión de actividades delictivas o para formar parte de grupos criminales, y sancionar a quien cometa este ilícito hasta con 30 años de prisión. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, de enero a octubre de 2021 se registraron dos mil 37 homicidios de menores de 17 años. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, en tanto, reportó cuatro mil 328 menores como desaparecidos, de enero a diciembre de 2021. Mancera Espinosa también sugirió reformar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para establecer como agravante el reclutamiento de menores para cometer cualquiera de los delitos a que se refiere dicha ley, así como cuando dichos menores de edad tengan algún tipo de discapacidad. ¡Vientos!
