Ante PJCDMX, nueve personas actualmente consignadas por el delito de discriminación: mag. Rafael Guerra Álvarez

• Así lo informó el presidente del órgano judicial capitalino, en el foro Hacia una reparación para las víctimas de discriminación, donde también informó de tres sentencias condenatorias por ese ilícito emitidas por jueces recientemente

El magisgtrado Rafael Guerra Álvarez se pronunció a favor de que se cuente con disposiciones jurídicas incluyentes y suficientes que hagan visible el derecho a la reparación integral del daño patrimonial y moral para las víctimas de la discriminación.

Un total de nueve personas actualmente están consignadas ante el Poder Judicial de la Ciudad de México por el delito de discriminación, en tanto que jueces dictaron recientemente tres sentencias condenatorias por ese ilícito, informó el presidente del órgano judicial, magistrado Rafael Guerra Álvarez.

Al participar en el foro virtual Hacia una reparación para las víctimas de discriminación, organizado por la Coordinación Temática de Diversidad, Igualdad e Inclusión Social del Grupo Parlamentario de Morena, detalló que hay 77 consignaciones por discriminación sin detenido.

En ese marco, se pronunció a favor de que se cuente con disposiciones jurídicas incluyentes y suficientes que hagan visible el derecho a la reparación integral del daño patrimonial y moral para las víctimas de la discriminación, capaces de resarcir sus derechos violentados, y que, al mismo tiempo, constituyan una sanción en general sobre la importancia de reconocer la igualdad sustantiva de todos.

Con la presencia de la diputada María Clemente García Moreno, titular de la Coordinación Temática de Diversidad, Igualdad e Inclusión Social, el magistrado destacó que la reparación integral a favor de las víctimas de discriminación es un compromiso internacional, y agregó que su visualización, como derecho, debe lograr un impacto preventivo y un compromiso social para cumplirlo.

También planteó la importancia de definir estándares mínimos de exigencia probatoria para juzgar la discriminación, bases para su cuantificación y el reconocimiento de una política pública desde el ámbito legislativo y hacia el Poder Judicial, todo esto para generar una cultura de respeto y no discriminación entre las personas, empresas y el mismo Estado.

Que la reparación a la víctima de discriminación, abundó Guerra Álvarez, no sólo implique una compensación por el daño sufrido, sino un beneficio ampliado a la sociedad en la que los acontecimientos discriminatorios se produjeron, a fin de evitar su reiteración en el futuro y se promueva un nuevo paradigma de conductas y cultura.

Respecto a las acciones emprendidas al interior del PJCDMX en materia de prevención de la discriminación, el magistrado recordó que en 2021 se capacitaron a 372 servidores públicos en temas de inclusión, igualdad y no discriminación, accesibilidad y atención al público sin discriminación; además, dijo, se llevaron a cabo eventos relativos a la no discriminación contra personas indígenas, con discapacidad y pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+.

También recordó que en el órgano judicial se producen materiales de difusión relativos a los derechos de las personas con discapacidad, acceso a la justicia para ese sector, documentos de lectura fácil, y un protocolo de atención a personas con discapacidad intelectual y psicosocial, para quienes también se hacen ajustes a procedimientos cuando es necesario.

En la mesa Las políticas de prevención y combate a la discriminación en las empresas, el magistrado de la Tercera Sala Civil del PJCDMX, Eliseo Hernández Villaverde, comentó que no hay disposición legal dentro del Código Civil que establezca que los actos de discriminación son causal para la exigencia de indemnización por daño moral, pero enfatizó que los impartidores de justicia lo puede hacer valer a partir de disposiciones internacionales en las que se señala a esa conducta es un acto de violación a los derechos humanos.

Dijo que la discriminación genera condiciones de vulnerabilidad a las personas, por lo que se pronunció a favor de la implementación de leyes que les den condiciones de igualdad procesal para poder reclamar, argumentar y demostrar el daño moral ocasionado.

“Herramientas tenemos, desde la óptica del derecho internacional; hay que reclamarlas, pero podemos generar una reforma que reconozca estos aspectos ya regulados y reconocidos en el derecho internacional, y que de alguna manera garanticen mayor accesibilidad a la acción de daño moral para las personas víctimas de la discriminación no solamente desde el ámbito laboral, sino desde cualquiera”, concluyó el magistrado Hernández.