La toma de casetas violenta Estado de Derecho
¬ Luis Ángel García viernes 4, Feb 2022Por la Derecha..!
Luis Ángel García
Desde hace décadas, los gobiernos han solapado las actividades gansteriles de los grupos sociales, mucho tiempo bajo el amparo de banderas izquierdosas, incluso guerrilleras, con tal de que no causaran dolores de cabeza a las autoridades, rebasadas por los conflictos que no podían resolver. De tal suerte que permitieron el boteo en las calles e incluso el chantaje al gobierno llegó a institucionalizarse.
Todos, sindicatos, agrupaciones políticas, organizaciones sociales, estudiantes, maestros, bloquearon calles, hicieron plantones, pusieron carpas y sonidos, sabedores que, en pocas horas o días, las dependencias, no resolverían las peticiones de fondo, pero les darían muy buen dinero para la causa. Así desfilaron por Gobernación, la Reforma Agraria, la Jefatura del Departamento del Distrito Federal, la SEP, entre otras dependencias permitieron que los protestantes hicieran del chantaje su modus operandi.
El clímax llegó cuando el entonces candidato perdedor a la Presidencia arengó a sus huestes para instalar un plantón en Reforma por meses, según ellos sin romper un vidrio, pero destrozaron la economía de la CDMX, quebraron cientos de comercios, se desplomó el turismo, miles de trabajadores se quedaron sin empleo, se perdieron millones y millones de pesos, pero no se rompió un sólo vidrio.
Esas movilizaciones hicieron escuela. Hoy la CNTE y los normalistas de Ayotzinapa son los campeones del bloqueo, de los plantones y la toma de casetas. Actividades ilícitas, vandálicas que dejan mucho dinero ante la pasividad de autoridades y fuerzas del orden. Los “maestros” bloquean las vías férreas por meses, a sabiendas de que harán flaquear a las autoridades federales y estatales y recibirán fuertes cantidades de dinero, dizque de salarios y bonos atrasados.
Mientras que los normalistas hacen de las suyas en las casetas de cobro. Un asalto muy sui géneris, permiten el “libre” paso en las carreteras de peaje a cambio de una cuota “voluntaria” de cincuenta a ciento cincuenta pesos por vehículo. Eso es para apoyar “el movimiento”. Un negocio para los estudiantes que representa pérdidas de cuatro mil millones de pesos para los concesionarios de las autopistas. A esa práctica se le llama “huachicoleo carretero”.
Para contrarrestar eso, se ha reformado la legislación y castiga hasta con siete años de cárcel a quien permita el libre tránsito en las casetas o cobre por dar el paso. Pero el problema no es la ley, sino su aplicación. Y aquí es donde comienza otra flaqueza de los gobiernos: ¿cómo enfrentar el problema?, si su mística es que no son represores y por eso piden a sus policías que no actúen, que “acompañen” a los manifestantes, a los bloqueadores y que reciban todo tipo de insultos y agresiones.
En cuanto las fuerzas del orden hacen su trabajo, aplaudidos por la opinión pública, vienen los regaños oficiales. Los gobernantes dicen que ellos no son como los de antes, que no son Díaz Ordaz y por eso permiten el latrocinio, el vandalismo, la destrucción del mobiliario urbano, los cristales rotos de comercios y el robo de productos en aras de la mal interpretada democracia.
El gobierno mismo ha sido cómplice para que se violente el Estado de Derecho, se pierda el principio de autoridad frente a los policías, se obvie el cumplimiento de la ley y se concedan las cosas mediante el chantaje, la extorsión. La abulia oficial ha provocado pérdidas millonarias en actividades como el transporte férreo, en el mantenimiento de carretas por las pérdidas que resienten los concesionarios, los comercios que tienen que tapiar sus locales y fachadas para no ser agredidos y la ruptura de las cadenas de suministro que afectan a la industria nacional.
Un Estado débil empodera a los agresores de la ley, a los extorsionadores profesionales disfrazados de líderes sociales.
