La L-12 y los acuerdos por “debajo del agua”
Luis Muñoz lunes 24, Ene 2022Segunda vuelta
Luis Muñoz
Como una forma de acallar sus exigencias, la semana pasada se dio a conocer que se están ofreciendo “acuerdos secretos” de reparación de daño a los familiares de las víctimas del desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro, ocurrido el 3 de mayo de 2021.
El accidente, según se dijo, se debió a la falta de pernos funcionales y soldaduras eficientes que provocaron la fatiga en el punto del colapso que afectó el servicio entre las estaciones Tezonco y Olivos.
Ya pasaron ocho meses de la tragedia y las familias de quienes perdieron la vida y de quienes resultaron heridos, siguen esperando que se les haga justicia.
En octubre de ese mismo año (2021), la Fiscalía General de Justicia de la CDMX acusó a los implicados (se menciona a 10) por los delitos de homicidio, lesiones y daños, a raíz del colapso de un tramo elevado de la “Línea Dorada”.
¿Qué ha pasado desde entonces?
Ahora, por bocas del abogado defensor de las víctimas, Teófilo Benítez, se sabe que el Grupo Carso, uno de los conglomerados más grandes e importantes de México y de América Latina, que controla y opera gran variedad de empresas, con ayuda de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceavi) de la Ciudad de México, busca a las víctimas de la tragedia de la L-12 (de “manera secreta”) para ofrecerles una reparación del daño.
¿Y por qué Grupo Carso estaría interesado en la reparación del daño?
Porque de acuerdo con el portal Inmobiliare, Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) firmó un convenio de colaboración y un acuerdo reparatorio con el gobierno de la CDMX y el Sistema de Transporte Colectivo (STC-Metro).
Ello, para tomar cargo de los trabajos de rehabilitación y reforzamiento del tramo metálico elevado colapsado de la Línea 12.
El pasado jueves, Teófilo Benítez dijo que lo que pretenden con los “acuerdos secretos de reparación de daño” es evitar que las diversas asesorías jurídicas particulares sigan insistiendo en investigar y generar imputación en contra de las empresas que pudieran tener responsabilidad en el colapso del tramo de la L-12”.
Pero el litigante sostuvo que eso no debe realizarse por “debajo del agua”, ni mucho menos con ayuda de instituciones como Participación Ciudadana o la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX, “ya que estas instituciones no son conducidas con transparencia y honradez, toda vez que sus propios enlaces han solicitado dádivas a cambio de favores para las víctimas, cuando se supone que esto es un derecho al que tienen las víctimas sin que les cueste un sólo centavo”.
En opinión del abogado Benitez, la fiscal Ernestina Godoy debería velar por el debido proceso y una adecuada impartición de la justicia para que las víctimas obtengan una reparación del daño apegada a derecho y sin conocimiento (ni participación) de instituciones como las antes citadas.
Benítez sostiene que vieron como “negocio” a las víctimas de la Línea 12, por lo tanto, advirtió, “serán denunciados todos los servidores públicos adscritos a dichas instituciones que solicitaron dádivas a las víctimas, así como sus titulares por no haber hecho del conocimiento a las autoridades correspondientes de sus condicionantes para que las víctimas recibieran el apoyo que por ley les corresponde”.
Benítez dijo que durante su informe de labores la Fiscal Ernestina Godoy Ramos “ha omitido cumplir su compromiso de formular imputación en contra de las personas morales que resulten responsables, tal y como lo expresó en el comunicado del 14 de octubre de 2021”.
También hizo hincapié en que la funcionaria ha faltado a la verdad, al asegurar que se han celebrado acuerdos reparatorios con aproximadamente el 80% de las víctimas, cuando apenas han sido citadas este 20 de enero a las 12 del día y las dejaron esperando “porque aún no sabían qué les podían ofrecer”.
Cabe destacar que hasta el momento solo se ha celebrado un acuerdo reparatorio entre la persona moral Carso Infraestructura y Construcción S.A. (CICSA) y el gobierno de la Ciudad de México, por el daño material generado tras el suceso acontecido en la línea 12 del Metro”, apuntó el defensor de las víctimas.
“Pasarela” de aspirantes al STPRM
Seguramente, Cristina Alonso García, oficialmente candidata a la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), estará entre los 22 aspirantes invitados por el presidente Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional.
¿A qué van?
No se sabe, pero especulaciones sobran… Hace unos días el titular del Ejecutivo comentó: si la base no conoce a algunos de ellos es porque nunca han hecho trabajo con sus compañeros.
