Ajuste de cuentas en la Riviera Maya e ilegalidades en Tulum
Mauricio Conde Olivares lunes 24, Ene 2022Hora 14
Mauricio Conde Olivares
En lo que apunta a dos homicidios mediante ilegal contrato internacional de un sicario profesional, el pasado viernes ocurrió un tiroteo al interior del Hotel Xcaret México, uno de los más caros y protegidos centros de hospedaje en la entrada a la Riviera Maya que dejó como saldo dos muertos y dos heridos de bala. Las víctimas mortales eran provenientes de Canadá y tenían historial delictivo.
La clave del origen de este asesinato fue difundida mediante comunicado oficial del Grupo Xcaret que a la letra dijo: “Al parecer se trata de un evento dirigido y aislado y estamos cooperando plenamente con las autoridades para su pronto esclarecimiento”.
La primera persona que perdió la vida (A.T.CH) contaba con antecedentes delictivos: tráfico de drogas, uso falso de identidad -entre otros. Tras confirmar la Fiscalía General del Estado el deceso de otra persona que resultó lesionada (R.J.D) se informó que también contaba con historial criminal.
De acuerdo con un comunicado emitido por la Policía de Canadá, en coordinación con el programa Be On the Lookout (BOLO), las autoridades de aquel país ofrecieron 50 mil dólares como recompensa por información sobre el paradero de una de las personas asesinadas, involucrada en lavado de dinero.
Ya con anterioridad, otras víctimas, turistas provenientes de Canadá, se vieron involucradas en una trama de la mafia canadiense con secuela de asesinatos y vendettas durante una boda que también se realizó en un hotel de la Riviera Maya hasta donde acudieron sicarios para ajusticiar al líder de un clan rival y a su esposa.
Se trató del degollamiento del matrimonio Ianiero en el hotel Barceló Maya Beach Resort, en un ajuste de cuentas del crimen organizado canadiense, cuando habían viajado a este destino turístico para el matrimonio de una de sus hijas.
Esta vez se repitió la historia pues las víctimas son originarias de Canadá y su agresor no huyó de inmediato de la escena del crimen quién, según testimonian varios videos, se alejó apuntando con su arma a los testigos, e incluso se aprecia que aún portaba un brazalete que lo identificó como huésped del mismo hotel. Luego del crimen, este sujeto se retiró del hotel a bordo de un taxi, cuyo conductor también portaba brazalete de huésped.
Al respecto, la Fiscalía General del Estado confirmó la tesis de un complot para asesinar a los canadienses al señalar que la primera persona que perdió la vida de iniciales A.T.CH contaba con antecedentes delictivos: tráfico de drogas, uso falso de identidad -entre otros-. Se confirmó el deceso de otra persona que resultó lesionada, con iniciales R.J.D quién también contaba con historial criminal.
En primera instancia, Lucio Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, había informado que se trató de una discusión entre huéspedes. El conflicto se desarrolló en la zona de playas y restaurantes, dónde el atacante fue grabado en video mientras portaba un arma corta.
También, cabe resaltar que no es la primera vez que se reportan hechos violentos en los puntos de afluencia de turistas en Quintana Roo. Hubo en noviembre pasado una balacera en la playa del hotel Hyatt Ziva, en Bahía Petempich, Puerto Morelos, por una disputa con dos muertos entre grupos dedicados al narcotráfico. Además, se registró un tiroteo en el acceso al bar La Malquerida, en el centro de Tulum, cuyo saldo fue dos turistas muertas y tres lesionados.
Textualmente Grupo Xcaret dijo: “Lamentamos profundamente los hechos ocurridos en el Hotel Xcaret México esta tarde. Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias. Estamos brindando apoyo a los afectados por este suceso. Al parecer se trata de un evento dirigido y aislado y estamos cooperando plenamente con las autoridades para su pronto esclarecimiento. Por el momento, no haremos ningún comentario adicional para no interferir con la investigación de las autoridades”.
Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe se pronunció en contra de cualquier violencia que surja en el Estado, por lo que lamentó y condenó los hechos.
“Dicho ataque fue directo y planeado en contra de los visitantes que resultaron lesionados en el lamentable suceso, cabe señalar que dichas personas eran investigadas por diversos delitos en sus países de origen y a nivel internacional. Reconocemos a las autoridades por su pronta reacción y el operativo realizado de la búsqueda de los involucrados, y confiamos plenamente que será esclarecido este evento para así salvaguardar la tranquilidad y bienestar de nuestro Estado, sabemos que la seguridad es un reto internacional que debe ser atendido con estrategias conjuntas y multinacionales”, refiere el comunicado oficial del empresariado local.
Añade que “muchos de los delitos cometidos en nuestro país también tienen su origen en el extranjero con bandas trasnacionales y son cometidos o fomentados fuera del territorio, en colusión con delincuentes nacionales, por lo que autoridades de los tres niveles de gobierno y la sociedad quintanarroense, en coordinación con embajadas y consulados establecidos en Quintana Roo, deben establecer estrategias y programas de disuasión del delito por ciudadanos extranjeros en nuestro país”.
El CCEC manifestó que la captura inmediata y puesta a disposición ante las autoridades de los ciudadanos extranjeros responsables de cometer algún delito en nuestro país debe ser una forma que prevalezca en nuestra sociedad: “refrendamos el apoyo a nuestras autoridades de los tres niveles de gobierno de todo operativo que brinde tranquilidad a nuestro Estado con el fin de seguir haciendo de este un destino turístico seguro”.
Por otra parte, le informo que luego que el Presidente Andrés Manuel López Obrador habló del tema, ayer familias del ejido José María Pino Suárez, en el municipio de Tulum, Quintana Roo, exigieron al presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para que asuma su responsabilidad e imparta justicia plena contra quienes intentan despojarlos de su patrimonio como resultado de larga historia de fraudes inmobiliarios.
Los ejidatarios de José María Pino Suárez, representados por Joel Tovar Arcos, María Isabel Caro Cetina, Columba Archundia Garrido, Rodolfo Sosa Escobar, Lea Tun Cauich y Juan Tun Miss, solicitan al también ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sobre los amparos directos 545/2021 y 564/2021 -presentados en defensa de los agraviados- “se emitan resoluciones apegadas a derecho, dada la fuerza económica y política de los empresarios” que pretenden despojarlos de su patrimonio.
Dicha fuerza, añaden, “se impuso en las ilegales resoluciones” que los magistrados del Tribunal Superior Agrario dieron a los Recursos de Revisión 211/2020-44 y 606/2019-44, presentados en el mismo caso.
Los ejidatarios le piden al magistrado que considere lo establecido en el segundo párrafo del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Criterio número ocho de los Criterios que en Materia Disciplinaria ha emitido el Consejo de la Judicatura Federal, además de lo dispuesto en el artículo 108 Constitucional y en los artículos 6, 7, fracciones I, II y III y 9 fracción V, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 81, fracción XXXVI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el criterio número dos de los criterios emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal en Materia Disciplinaria.
El intento de despojo en perjuicio de decenas de familias del Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez es un riesgo posible como resultado de una serie de fraudes inmobiliarios que datan de hace 47 años desde que un particular de nombre Antonio González Avilés inscribió en el Registro Público de la Propiedad de Chetumal el cambio de ubicación -de manera documental- de las tierras registradas con el título de propiedad 673, del municipio de Felipe Carrillo Puerto, al de Cozumel para situarlas sobre la zona colindante con el Mar Caribe, del Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suarez, en 1975.
Un segundo fraude se origina en 1991, cuando el entonces Secretario de la Reforma Agraria, Víctor Cervera Pacheco, emitió el título de propiedad 79152 a nombre de Enrique Humberto Fuhrken Chellet afectando tierra propiedad del Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suarez.
Dicho título violó lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Terrenos Baldíos Nacionales y Demasías, así como lo señalado en el artículo 204 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, por lo que este otro caso ya lleva 31 años.
Los ejidatarios y las ejidatarias, tienen temor fundado de que nuevamente se vuelva a imponer la fuerza económica y política de los empresarios regiomontanos y los Tribunales Colegiados Tercero y Primero del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún, Q. Roo, decidan reponer el procedimiento al resolver los amparos directos 545/2021 y 564/2021, como una manera de lavarse las manos y seguir prolongando el conflicto, lo cual implicaría ir en contra del mandato del artículo 17 Constitucional de impartir justicia pronta, completa e imparcial.
Además, añade, prolongaría un conflicto demasiado añejo del cual han salido beneficiados funcionarios públicos que han sido sobornados para cambiar un predio de ubicación geográfica de manera documental, y por otra parte para emitir un título de propiedad afectando tierra ejidal.
Los ejidatarios y las ejidatarias hacen explícita su desconfianza en las magistraturas que integran el Tribunal Superior Agrario, al considerar que la resolución emitida el 13 de julio de 2021 sobre el caso reclamado valida el fraude en contra de su patrimonio familiar al resolver en contra del artículo 27, Constitucional fracción VIII, incisos b) y c), el cual declara en el inciso b) nulos de pleno derecho los títulos de propiedad que se hayan emitido afectando tierra ejidal, como lo es el caso del título de propiedad 79152 a nombre de Enrique Humberto Fuhrken Chellet, y en su inciso c) declara nulos de pleno derecho todas las diligencias de apeo y deslinde con las cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras ejidales, supuesto en el cual encuadra la diligencia de apeo y deslinde de fecha 22 de abril de 1981.
En su llamado al ministro Zaldívar Lelo de Larrea le dejan claro que mantendrán su rechazo a una resolución que reponga el procedimiento, cuando existen todos los elementos para dictar una resolución de fondo, que anule de una vez por todas los dos fraudes que se están cometiendo; empero lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.
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