El eterno drama de los refugiados y desplazados
Luis Muñoz martes 18, Ene 2022Segunda vuelta
Luis Muñoz
El abogado José Antonio Lara Duque, del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, dijo que el Estado mexicano debe hacer un mayor esfuerzo para atender a miles de personas refugiadas y aquellas forzadas a desplazarse de sus territorios, pues son personas que se encuentran en un sector vulnerable de la población que -producto de conflictos, persecuciones o eventos que perturbaron el orden público- han debido salir de sus zonas para garantizar su seguridad y la de sus familias, incluso, la vida.
De acuerdo con el cofundador del colectivo, datos oficiales revelan que el desplazamiento forzado afecta a más del uno por ciento de la humanidad -una de cada 97 personas—, mientras que cada vez menos personas desplazadas pueden retornar a sus lugares de origen.
Recordó que las personas consideradas como “desplazadas” esperan del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador una solución rápida a la difícil situación que viven grupos que provienen de diversas partes del mundo y que intentan llegar a los Estados Unidos, sobre todo a núcleos nacionales.
El abogado Lara Duque señala que “no se puede esperar que las personas vivan en un estado de incertidumbre, sin la posibilidad de volver a casa, ni la esperanza de construir un futuro en el lugar donde pudieran encontrarse ahora”. Por ello, insistió, necesitamos una actitud nueva y receptiva hacia las personas desplazadas, junto con un impulso decidido para resolver conflictos que duran años y que están en la raíz de un sufrimiento tan inmenso.
Sostiene que este fenómeno “es una violación autónoma a los derechos humanos; el desplazamiento forzado representa una violación compleja, debido a la vulneración agravada a múltiples derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales entre otros más. “La violencia, la desigualdad, la pandemia, el abasto de alimentos, los empleos precarios, la educación, son algunos de los tópicos que explican el desplazamiento de grupos de personas al interior de nuestro territorio”, señaló.
Añadió que el fenómeno que se vive, particularmente, en territorios como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Baja California, Oaxaca o Sinaloa, son ya similares —en número— a los casos registrados a partir de conflictos armados “como en Siria”, dice.
Concluyó con que este es un llamado importante a los integrantes del Congreso de la Unión para que analicen una nueva forma de atender esta problemática que afecta a unos 80 millones de personas en todo el mundo.
Superó el salario mínimo el valor de la UMA
Todo un tema el de la UMA (Unidad de Medida y Actualización. La maestra Dulce Jurado Ávila dijo que trabajan en una reforma para que las cotizaciones y percepciones regresen al salario mínimo. Explica por qué:
El salario mínimo ha superado el valor de la UMA. Miles de trabajadores al servicio del Estado son perjudicados con la UMA. La promovente de iniciativa expone la razón: hoy en día un trabajador recibe diez “UMA” de pensión, poco más de 28,800 pesos al mes y no 51,800 pesos si el pago fuera en la misma proporción pero con base al salario mínimo; es decir, hay una diferencia sustancial de más de 20,000 pesos en contra del trabajador al servicio del Estado”.
Por esa situación, profesores integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) impulsan una iniciativa ciudadana para reformar el marco jurídico y hacer que el salario mínimo cotice, en lugar de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en sus percepciones.
Con esta modificación se beneficiaría a los trabajadores al servicio del Estado (en activo y jubilados o pensionados) de manera directa en sus percepciones y prestaciones sociales, ya que en la actualidad, el salario mínimo ha superado el valor de la UMA, en detrimento de miles de empleados gubernamentales.
La docente Jurado Avila dice que, por ejemplo, un trabajador pensionado recibe una bolsa económica menor, porque se toma en cuenta la UMA, que tiene un valor muy por debajo del salario mínimo”.
En un video, colocado en redes sociales, la maestra detalló que cifras oficiales ubican que en el país hay más de 1 millón 230 mil personas pensionadas o jubiladas que hoy en día se ven afectadas por este mecanismo que se implementó desde 2016.
Por este motivo, recordó que dicha iniciativa ciudadana tiene que ser respaldada por, al menos, 130 mil firmas de ciudadanos interesados en que prospere la solicitud de modificación al marco jurídico, que por Ley deberá hacer el Congreso de la Unión.
Suponemos que esas 130 mil firmas no será ell problema.
Señala la docente que “el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha sido omiso, pues hace un par de días, y hace un par de meses también, hizo un pronunciamiento para disminuir la edad límite para que las personas puedan acceder a programas sociales; sin embargo, estamos convencidos que éste es el derecho de los trabajadores y cobrar lo que les corresponda”.
