Directivos de organismos autónomos ganarán más que el presidente AMLO
Miguel Ángel Rivera viernes 7, Ene 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Por reforma al artículo 127 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de agosto de 2009, en el párrafo segundo, se estableció que “ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente.
A pesar de ese antecedente, ante del inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los legisladores federales de la llamada Cuarta Transformación aprobaron otra reforma, a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en la cual se precisaba que el límite en los salarios de los funcionarios públicos se hacía extensiva a los integrantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como a los organismos autónomos.
La reforma se aprobó apenas iniciada la LIV Legislatura. En la Cámara de Diputados la votación a favor ocurrió el 13 de septiembre de 2018 y, previamente, ya había sido sancionada por el Senado, por lo que estaba lista para entrar en vigor. En la aprobación de esta reforma tuvo una función relevante el entonces diputado -ahora titular de la Unidad de Investigación Financiera- Pablo Gómez Álvarez.
Los ocho grupos parlamentarios fijaron su posición por conducto de uno de sus diputados. A favor, en una primera ronda, se presentaron los legisladores de la llamada Cuarta Transformación Zoé Alejandro Robledo, de Morena, quien en diciembre siguiente sería nombrado director general del IMSS, así como Gerardo Fernández Noroña (PT) y Lorena Villavicencio Ayala (Morena). En contra lo hicieron Julieta Macías Rábago (MC) y Alfredo Villegas Arreola (PRI).
La nueva ley es reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política y consta de 17 artículos divididos en cinco capítulos.
Si bien en el Congreso prácticamente no hubo oposición -en la Cámara de Diputados apenas hubo nueve votos en contra y una abstención- la resistencia se generó en los organismos e instituciones afectados porque sus funcionarios de alto nivel ya tenían salarios superiores al del presidente de la República. Por eso surgieron demandas de amparo. Que llegaron a los tribunales del Poder Judicial Federal, en donde se registraban algunas de las percepciones más altas de toda la administración pública.
Entre las demandas de amparo sobresalieron las presentadas por un grupo de más de 50 senadores y el entonces presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, además de organismos autónomos, como el Banco de México.
De acuerdo con información del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se llegó a recibir un total de 4,599 demandas de amparo que incluyen a unos 25,174 quejosos que consideraban como ilegal la aplicación de la ley de remuneraciones.
Tanta fue la resistencia que el Congreso tuvo que aprobar una nueva reforma. Así, en el DOF, el 19 de mayo del presente año se publicó que quedaba sin efecto la Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos publicada en noviembre de 2018, expidiéndose así una nueva.
Una difícil tarea para la nueva presidenta del Inegi
Estos antecedentes vienen al caso, porque El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) obtuvo una nueva suspensión en contra de las disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, que sujetan a sus altos funcionarios a los topes salariales contenidos en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP).
El Inegi es el cuarto órgano constitucional autónomo que obtiene una medida cautelar similar, lo cual les permitirá a sus directivos ganar más que el Presidente de la República. Los otros son el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, los cuales también han consiguieron de la SCJN suspensiones contra las normas salariales del PEF 2022.
La demanda del Inegi es en contra de “lo concerniente al cálculo de las remuneraciones de los servidores públicos integrantes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Lo anterior, porque ese cálculo se basa en las remuneraciones percibidas por el presidente de la República.”
La protesta incluye también el hecho de que el PEF 2022 eliminó los recursos para pagar el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de reparación individualizado para sus funcionarios.
Este fallo judicial implica un problema más grave para la nueva presidenta del Inegi, la ex secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, quien entró en funciones el 1 de enero, en sustitución de Julio Santaella.
La nueva titular del Instituto, aunque fue marginada por el presidente López Obrador para hacerle un espacio a Tatiana Clouthier en su gabinete, es considerada parte del grupo central de la llamada Cuarta Transformación y, por tanto, enfrentará la disyuntiva de respaldar las demandas de sus colaboradores en el Inegi o buscar la manera de atajarlas para responder a las exigencias del Ejecutivo federal.
De hecho, desde que la retiraron de la Secretaría de Economía, se anunció que iría al INEGI y que, en su calidad de enviada del gobierno del presidente López Obrador tendría como misión ajustar el trabajo de esa institución a los lineamientos y objetivos del gobierno federal, pues con frecuencia el Instituto dio cifras distintas, si no francamente contrarias a lo que sostiene el Ejecutivo.
Márquez Colín, licenciada en Economía por la UNAM, con maestría estudió licenciatura en Economía en la UNAM, tiene maestría en Economía en El Colegio de México y doctorado en Historia Económica por la Universidad de Harvard, antes de incorporarse al gobierno federal se dedicó casi exclusivamente a la academia.
Es esposa del también economista Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, cargo al cual llegó postulado por el presidente López Obrador, supuestamente como parte de un plan para que el Ejecutivo tenga mayor control sobre ese organismo, pero hasta ahora ha defendido la autonomía del banco central, que es fundamental para mantener la estabilidad macroeconómica y la paridad de la moneda nacional.
Aumentan tasas de interés y sigue la carestía
Por cierto, en días recientes esos organismos autónomos han dado muestras de que resulta injustificado el optimismo presidencial acerca de la supuesta recuperación económica.
El Banco de México autorizó por quinta ocasión consecutiva el aumento de las tasas de interés, lo cual se considera por los especialistas como un intento de contribuir a frenar la inflación, que se mantiene a tasas muy altas.
La Junta de Gobierno del banco central autorizó que la tasa de interés interbancario sea del 5.5 por ciento, lo que representa un aumento de 50 puntos base.
Esta medida se aprobó por una votación en la que cuatro integrantes de la mencionada Junta de Gobierno apoyaron la nueva tasa y sólo uno de ellos, el mencionado Gerardo Esquivel, se mostró a favor de aumentar la tasa en sólo 25 puntos base, como en las pasadas cuatro decisiones del organismo. En ocasiones anteriores, Esquivel votó en contra de modificar la tasa, pero esta vez optó por un aumento, aunque solo de 25 puntos base.
Mientras tanto, el Inegi con su política de no ocultar ni maquillar cifras, ha dado a conocer que la inflación interanual de México se aceleró en noviembre más de lo esperado, para llegar a su mayor nivel en más de dos décadas, superando nuevamente por mucho el objetivo oficial, que era de poco más del tres por ciento anual.
La tasa de inflación, reveló el Inegi, llegó a 7.37 por ciento, su registro más alto desde enero de 2001. La inflación subyacente a tasa interanual aumentó a un 5.67%, un nivel no visto desde noviembre de 2001.
Los especialistas advierten que un aumento en el nivel general de precios implica una disminución del poder adquisitivo de la moneda. Es decir, cuando los precios suben, cada peso permite comprar menos bienes y servicios.
En México el aumento de la inflación se atribuye en particular al encarecimiento de productos agropecuarios y al alza de tarifas eléctricas.
