Los traficantes de personas no merecen política de abrazos
Miguel Ángel Rivera lunes 13, Dic 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
En lo que va de este año, 821 migrantes han muerto en viajes por América Central o América del Norte, según la Organización Internacional para las Migraciones.
La principal causa de esas pérdidas fatales son los accidentes de tránsito (162), seguidos de falta de comida, agua y refugio (142) y ahogamiento (108).
La anterior es una de las muchas cifras negativas que se pueden encontrar en los registros acerca del movimiento de migrantes, en su mayoría centroamericanos y caribeños, pero también mexicanos y de otras nacionalidades que abandonan sus sitios de origen para buscar convertirse en testimonios vivientes de la realización del “milagro americano”, es decir conseguir la ciudadanía o, al menos, la residencia en los Estados Unidos.
Por desgracia para esos cientos de miles de personas que peregrinan de sur a norte, se han convertido en víctimas más de la delincuencia organizada, que ha encontrado en ellos una jugosa veta de recursos.
Esta forma de delincuencia ha sido denunciada desde hace mucho tiempo, pero los gobiernos involucrados en el fenómeno de la migración, desde los países generadores donde salen los migrantes, las naciones por las que pasan y la gran potencia convertida en meta, se dedican más a tratar de contener a los “peregrinos” que a combatir a quienes los explotan y, con frecuencia, no sólo les arrebatan sus escasos recursos, sino que los convierten muchas veces en “mulas” -los que cargan drogas- y hasta en sicarios.
En el caso de México, la penúltima escala, y de la meta, Estados Unidos, los gobiernos de ambas naciones han celebrado un acuerdo apenas encubierto y censurado por diversos organismos dedicados a proteger los derechos humanos de los migrantes, denominado “permanece (remain) en México”, con lo cual el territorio nacional se ha convertido en una especie de sala de espera para los que desean entrar a la Unión Americana.
Aunque la espera no tiene límite, ofrece una mínima esperanza y a esa se acogen grandes contingentes que cruzan por territorio de México, cuya Constitución le obliga a respetar el libre tránsito. Lo que no puede asegurar es que, eventualmente, las autoridades de la vecina potencia les abrirán sus puertas.
Tampoco parece que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación esté en condiciones de modificar la situación y ha tenido que aceptar la función de “recepcionista”, en espera de que los Estados Unidos abran sus ventanillas.
Esto ha ocasionado que miles de extranjeros se concentren en las ciudades fronterizas y otros muchos transiten por las carreteras y caminos de la República, que no siempre son seguros.
Una de las grandes y recientes tragedias ocurrió el pasado día 10, cuando 55 personas murieron al volcar un camión que transportaba más de un centenar de migrantes en Chiapas.
Las personas fallecidas provienen de Guatemala, Ecuador, Honduras, República Dominicana y México, según las autoridades.
Si no se trata sólo de una cobertura para lavar la cara, se informó que los gobiernos de las naciones originarias de los migrantes, además de los Estados Unidos anunciaron la conformación del grupo de acción inmediata para detener y presentar ante la justicia a los traficantes de personas responsables de la tragedia.
Pero eso no parece suficiente. Sería necesario que el eventual castigo se extendiera asimismo a los traficantes que embarcaron a esos desventurados y que, además, obtuvieron utilidades por cientos de miles de dólares.
Es de esperar, además, que en este y otros casos similares no se aplique la política de abrazos y no balazos.
Una buena en los juzgados para el presidente López Obrador
De manera reiterada, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha quejado de la actuación de jueces federales que han detenido algunas de sus reformas legales más importantes, al atender protestas de los afectados que se quejan de violaciones a los mandatos constitucionales y por eso buscan la protección del Poder Judicial Federal.
Precisamente por esos fallos de los jueces federales, a los cuales el primer mandatario acusa de servir a los intereses “conservadores” y “neoliberales”, el Ejecutivo optó por un “acuerdo”, conocido como “decretazo” para evitar trámites burocráticos a las obras de su gobierno.
El pasado 22 de noviembre el gobierno publicó en el Diario Oficial de la Federación que es cuestión de seguridad nacional la realización de proyectos de obras a cargo del gobierno de México asociadas a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduaneros, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud sean estratégicos para el desarrollo del país.
Ese recurso para evadir reglamentos, le valió, por supuesto, protestas, la más notable de un grupo de 53 senadores de las bancadas del PAN, PRI, PRD y MC, además del grupo Plural.
Esa protesta le causó más dificultades a la presidenta del Senado, la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia Olga Sánchez Cordero, quien al parecer de los partidos de oposición y de muchos analistas, actuó más como lo que fue, secretaria de Gobernación del gobierno de la llamada Cuarta Transformación que, como representante legal de su Cámara, pues se negó a firmar la controversia constitucional.
Los legisladores de oposición alegan que el “decretazo” no sólo viola la Constitución, sino, además, atenta contra la división de Poderes.
De acuerdo con la ministra en retiro, la controversia constitucional es improcedente, pues, en su opinión, es inexistente el principio de agravio respecto del Senado.
A su vez, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) también se inconformó porque ese acuerdo presidencial viola un derecho conquistado por la ciudadanía: ser informado de lo que gasta el gobierno y en qué.
Al margen de estas inconformidades, un particular presentó una demanda de amparo contra el “decretazo” ante el juzgado segundo de distrito en amparo y juicios federales, con sede en Querétaro, cuyo titular negó suspender el acuerdo del presidente López Obrador
El juez rechazó otorgar la suspensión provisional solicitada, con la cual se podría frenar el “decretazo”.
Aunque, sin duda, el fallo del juez federal será bien recibido por la llamada Cuarta Transformación, no se puede cantar éxito definitivo, pues el juez -y probablemente los tribunales de alzada- tendrán que dilucidar el fondo de la controversia: si el “decretazo” viola o no la Constitución.
Por lo pronto, el presidente López Obrador tiene a su favor que la aplicación de su acuerdo no quedó suspendida, como lo fueron otras de sus reformas anteriores.
El juez deberá resolver si concede una suspensión definitiva durante la audiencia incidental, la cual se realizará el próximo día 17.
Ningún cambio sobresaliente en la Asamblea Nacional del PRI
Sin cambios notables culminó el pasado fin de la Semana la 23 Asamblea Nacional Ordinaria del PRI.
Lo más notable fue la decisión de ratificar al PRI como un “partido de centro izquierda, progresista, socialdemócrata y alejado de los extremos ideológicos”.
Por su parte, la diputada federal Laura Haro, en su calidad de presidenta de la Mesa Nacional de Prospectiva del Partido, sostuvo que los más de tres mil consejeros que participaron directamente o en forma remota, ratificaron que no debe haber más servidores públicos que no rindan cuentas a la militancia, que utilicen al partido para plataformas personales o que manchen sus siglas.
“Es la consigna que regirá permanentemente nuestro trabajo político a lo largo y ancho del país”, afirmó la legisladora.
Además, señaló que el país se encuentra en un momento complejo, de desafíos sociales, económicos y políticos, con la amenaza de la involución democrática, alimentada por un gobierno autoritario, populista e incompetente.
A su vez, el también diputado y dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Ismael Hernández Deras, recalcó que el PRI está comprometido con la igualdad social y tiene como mandato el combate a la pobreza, eje central de su propuesta y estrategia política, lo que reclama revisar el Pacto Fiscal Federal y, en general, la anquilosada estructura hacendaria del país.
