Mientras llega la reforma, la 4T sale en defensa de Pemex
Miguel Ángel Rivera martes 11, Ene 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Por dos vías, la llamada Cuarta Transformación empezó a operar para hacer efectiva la reforma energética.
Por un lado, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, controlada por la alianza oficialista Morena-Verde-PT, anunció que el varias veces pospuesto “Parlamento Abierto” se realizará en enero próximo y tendrá duración de un mes.
Por otra parte, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer, por conducto de la Secretaría de Hacienda, el inicio de acciones de respaldo de Petróleos Mexicanos (Pemex), entre las que destaca una partida especial por 3 mil 500 millones de dólares.
El denominado Parlamento Abierto es una de las condiciones impuestas por los partidos oposición como requisito previo para la discusión en la propia Cámara de Diputados de la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica enviada por el presidente López Obrador, para la cual todavía no hay fecha definitiva.
La llamada Cuarta Transformación desea aprobarla lo antes posible, pero la oposición no quiere que se revise en el próximo periodo de sesiones, que deberá iniciarse el 1 de febrero, pues no quieren tener en campaña al presidente López Obrador, quien seguramente dedicará gran esfuerzo a promover su consulta popular para la revocación (que no ratificación) de mandato, programada para abril y luego seguramente echará la mano a los candidatos de Morena y rémoras a los seis gobiernos estatales que estarán en disputa a mediados del año venidero.
Los coordinadores del llamado bloque opositor -PAN, PRI y PRD- en particular el priista Rubén Moreira ha dicho que no aceptarán discutir la reforma mientras esté en proceso alguna campaña electoral. Si logran imponerse, la reforma constitucional deberá quedar pendiente para el siguiente periodo de sesiones del Congreso, el que se inicia el 1 de septiembre.
Cabe recordar que el tener que atender las exigencias del bloque opositor es obligado para los integrantes del bloque legislativo oficialista pues carecen de los votos suficientes para aprobar una reforma constitucional que requiere de mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso.
El presidente López Obrador ha anticipado confianza en lograr los votos extras de entre las filas del PRI, por lo que es mucho más obligado atender a las condiciones de las bancadas del tricolor y se pueda consolidar lo que se ha dado en llamar el “PRIMOR”.
Por ello, es un avance que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, encabezada oficialmente por el priista Moreira, aunque el control real está en las oficinas de la bancada del partido oficial, cuyo conducto es Ignacio Mier Velasco, uno de los numerosos “morenos” que iniciaron sus carreras políticas en las filas del PRI.
Entonces, por cuestiones de protocolo, el anuncio del “parlamento abierto” corrió a cargo del priista Moreira, quien confirmó que la fecha de arranque es el 17 de enero, es decir, ya muy cerca del inicio del periodo ordinario de sesiones, por lo que en la parte final se juntarán actividades para los diputados, en especial de los integrantes de las comisiones legislativas vinculadas con asuntos energéticos, pues como anotamos antes, la consulta tendrá una duración de por lo menos un mes.
De paso, Moreira insistió en la posición de su partido de votar la reforma constitucional hasta después de las elecciones de junio de 2022.
Mientras llega una solución de fondo,
bueno es un ingreso extra para Pemex
La Secretaría de Hacienda anunció un paquete de ayuda a la empresa petrolera nacional que consiste en recursos por 3 mil 500 millones de dólares y una reducción en la tasa de impuestos para 2022.
De acuerdo con información de la SHCP, la recompra y manejo de pasivos brinda a los tenedores de bonos en dólares de Pemex la opción de intercambiar esos valores con vencimiento entre 2024 y 2030 por una combinación de un nuevo bono a 10 años y efectivo, y ofrece recomprar bonos con vencimiento entre 2044 y 2060, esto con el objetivo de reducir el riesgo de refinanciamiento y el monto de la deuda.
La ayuda en efectivo de parte del gobierno federal, denominada “aportación patrimonial”, por 3 mil 500 millones de dólares, tiene como finalidad reducir el monto de la deuda externa de mercado de Pemex; mejorar el perfil de vencimiento de la empresa mediante la extensión de sus amortizaciones de corto y mediano plazo, y recomprar ciertos bonos de la empresa por debajo de par, con la finalidad de disminuir el costo financiero de la empresa para los siguientes años.
Hacienda aseguró que la operación no incluye refinanciar los vencimientos de 2022 y 2023 y también precisó que esta transacción no tiene un impacto en el gasto público o en el Presupuesto de Egresos, pues Pemex mantiene su posición como empresa productiva del Estado en los términos de ley, y los apoyos y aportaciones del gobierno federal no implican la asunción de ninguna obligación con los acreedores de Pemex.
Aunque no se conoce el origen del dinero que inyecta el gobierno federal a la empresa petrolera, es posible suponer que en parte vienen de los excedentes en la exportación de petróleo crudo, el cual actualmente tiene un precio muy superior al que se estimó para determinar el presupuesto federal para este año.
Hacienda se limitó a manifestar que México tiene una posición fiscal sólida y la situación macroeconómica se considera fuerte, por lo cual el apoyo a Pemex no compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas, ni los recursos para los programas estratégicos y sociales de la presente administración.
También se recordó que la deuda financiera total de Pemex ascendió a 113 mil 45 millones de dólares, según el informe de resultados del tercer trimestre, un aumento de 1.6 por ciento frente al cierre del año pasado. La petrolera perdió 4 mil 936 millones de dólares en los primeros nueve meses del año.
Campaña del PRI denuncia los efectos de la inflación
Es sabido que, aunque el índice de inflación resulta alto, no refleja cabalmente lo que significa para la economía de las familias.
Por ejemplo, después de oficialmente se informó que la tasa de inflación superó el 7 por ciento, otras fuentes económicas destacaron que los aumentos de alimentos y otros productos básicos pueden significar un aumento del 50 por ciento de los gastos de las familias para satisfacer sus necesidades básicas.
Estos efectos de la carestía fueron tomados por la dirigencia nacional del PRI como base para una nueva campaña publicitaria de crítica a los malos resultados que hasta ahora ha tenido el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
Después de 3 años del gobierno de Morena, los mexicanos seguimos esperando que haga algo para ayudar a la economía familiar, afirmó la dirigencia nacional del PRI, encabezada por Alejandro Moreno y Carolina Viggiano.
En la mencionada campaña en redes sociales con la etiqueta #MORENATeCuesta, la directiva del tricolor aseguró que “productos básicos como el frijol se han vuelto artículos de lujo, y cuesta el doble poder consumirlos”.
También sostuvo que “Morena afecta la calidad de vida de los mexicanos elevando los precios de productos básicos, como la leche, al grado de que es imposible comprarlos”, subrayó.
Al resaltar que “Morena nos está costando cada vez más”, el tricolor argumentó que ello se ve reflejado en el precio de productos básicos, como el kilo de huevo o de jitomate, el chile y otras verduras.
El CEN del PRI sostuvo que con el gobierno de Morena “los alimentos como el pollo tuvieron el mayor aumento de precio en 20 años”. Asimismo, dijo, se ha limitado el traslado al interior del país, ya que la tarifa de las casetas aumentó entre uno y 31 pesos, “afectando directamente a nuestros bolsillos”.
Por otra parte, en una reunión con los titulares de Rendición de Cuentas de las entidades de la República, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el diputado priista Pablo Angulo Briceño afirmó que mientras más sólida sea la división de poderes, mejores resultados se obtendrán en la fiscalización de los recursos públicos.
El combate a la corrupción no puede esperar más, aseguró, al insistir en el compromiso de los diputados de llevar a cabo más y mejores tareas de fiscalización, para que los mexicanos tengan la seguridad y la certeza de que los recursos públicos se están ejerciendo de la mejor manera.
