Sedena y GN envían refuerzos a Cancún y a Playa del Carmen para garantizar la seguridad de todos

Derecho de réplica

José Luis Montañez

• Coordinación con las policías municipales y estatal en contención de delitos

Con más de doscientos elementos, la Secretaría de la Defensa Nacional, apoyada por los tres niveles de gobierno, reforzará su plan de seguridad en Cancún y Playa del Carmen.

Con la llegada, a la Guarnición Militar de Cancún, de más de doscientos elementos, perfectamente adiestrados, la Secretaría de la Defensa Nacional, apoyada por los tres niveles de gobierno, reforzará su plan de seguridad en las dos ciudades más importantes del norte de Quintana Roo.

Se trata de proteger a la ciudadanía y también al turismo nacional e internacional, que aumenta de manera considerable, en la época decembrina.

También se tienen noticias de que a mediados de semana, unos 800 elementos de la Guardia Nacional serán confirmados como integrantes de la Policía Turística, división que forma parte de la GN.

Con esta medida, los altos mandos de Sedena, Marina y Guardia Nacional, trabajan en coordinación con las policías municipales y estatal en la contención de los índices delictivos, que preocupan, tanto a las autoridades, pues en el caso concreto de Cancún, este mes de noviembre, que está por finalizar, ha sido uno de los más altos en cuanto a ejecuciones se refiere. Por ahí llevan la cuenta de que el número de treinta, se superó ayer.

Por esta razón, y por instrucciones precisas del titular de la Defensa Nacional, General de División, Luis Cresencio Cárdenas Sandoval, se ha instrumentado un estrategia completa, en la que participarán de manera coordinada, los tres órdenes de gobierno, para garantizar la seguridad de turistas y ciudadanos que radican en Quintana Roo.

Con acuerdo presidencial se reduce burocracia para Tren Maya

La semana pasada se dio a conocer un acuerdo presidencial para acelerar dictámenes, permisos o licencias requeridos e iniciar obras de infraestructura, lo que permitirá un mayor avance en la construcción del Tren Maya, que presenta un retraso estimado de cinco meses.

No obstante, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, asegura que eso no exime a la dependencia de cumplir en tiempo y forma con las leyes y reglamentos establecidos. “Eso no implica que se pueda terminar todo el proyecto antes de diciembre de 2023, porque únicamente hay impacto en la obra civil y el material rodante responde a tiempos técnicos de fabricación”, explicó.

Asimismo, destaca: “Se han hecho muchos procesos burocráticos en los últimos 30, 40 años que son injustificables en tiempo. Entendemos perfectamente cuando el sector privado se queja de eso. Son parte del elefante reumático que hay que mover, pero no tiene nada que ver con la falta de transparencia, estamos obligados a rendir cuentas”.

Durante la inauguración de una feria de proveedores de Alstom, dijo: “Cualquier ganancia de tiempo en un proceso constructivo es fundamental para el tren, porque hay muchos trámites que, desde mi punto de vista, se pueden acortar”

Con el acuerdo presidencial, las dependencias federales tienen cinco días hábiles para dar autorización o no, ya sea en materia ambiental, arqueológica, de uso de suelo, entre otras, esto de manera provisional y 12 meses para dar una sentencia definitiva.

CMIC y CNEC, en desacuerdo

Por su parte, los presidentes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC) se manifestaron en contra de acelerar los inicios de una obra y no atender a los tiempos técnicos que están vigentes.

“Con el acuerdo se podrá autorizar ya la manifestación de impacto ambiental (MIA) del tramo 4, que presentaron el mes pasado y en situación normal tardaría seis meses. ¿Qué pasará si construyen y después la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dice que estaba mal la MIA? Los constructores ven riesgo en eso”, se le manifestó  a Jiménez Pons.

A lo que el funcionario respondió: “Los riesgos son de nosotros como dependencia. Tenemos que ser redundantes por esas exigencias. Habrá mayor nivel de detalle que tenemos que aumentar en esos 12 meses para cumplir sobradamente la ley, los pagos, reparaciones ambientales. Sabemos que será con escrutinio muy fuerte la revisión, pero nos da tiempo de hacerlo correctamente y no estorbarle a los ritmos de obra. Hay que garantizar que la obra se termine y toda la tramitología esté impecable”.

Asimismo, el titular del Fonatur mencionó que son múltiples los permisos y autorizaciones relacionadas con el Tren Maya, aunque considera los temas ambientales, las asambleas comunitarias o los temas arqueológicos como los principales factores de retraso.

En el Tren Maya, el mes pasado se presentó la MIA del tramo, pues las de los primeros tres tramos ya están autorizadas y aún faltan las de los tramos 5, 6 y 7, los dos últimos serán construidos por ingenieros militares. “El chiste es que nos liberen los tramos, que tengamos cinco días de integración y empecemos a trabajar, porque de repente tú integras todo y así como está la ley (ambiental) te da 45 días hábiles para responder y hay cambios que se tienen que hacer sobre la marcha. Imaginen que de repente está definido el trazo, que nos pasa, y hay un hallazgo arqueológico o un problema de subsuelo, entonces tenemos que hacer rectificaciones y nos toma más tiempo. Si a eso le sumas la tramitología, los tiempos se nos van y crea mucha incertidumbre”, concluyó.

En contraparte, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), una ONG que ha respaldado acciones legales contra el Tren Maya por considerarla lesiva para el ecosistema, afirmó que el acuerdo presidencial es una violación al derecho humano a un medio ambiente sano, ya que transgrede los principios de no regresión y prevención.

Cárceles del estado con calificación reprobatoria

Quintana Roo está cumpliendo casi 10 años con calificación reprobatoria en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), evaluación que oscila entre 3.81 y 7 puntos, de 10, desde 2011 hasta 2020, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aparecen, es decir, que las cárceles de Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Chetumal no cuentan con los elementos suficientes para garantizar una rehabilitación adecuada de los reclusos.

En el DNSP de 2011, Quintana Roo obtuvo 5.44 de calificación general, con la evaluación de 5.42 y 5.5 de las instalaciones en Cancún y Chetumal respectivamente. Un año después, ambos centros penitenciarios retrocedieron y llegaron a 4.86 y 4.91 puntos, lo que les puso en la mira de Derechos Humanos, para perseguir que mejoraran sus condiciones.

Posteriormente, en 2013, el diagnóstico incluyó al Centro Penitenciario de Playa del Carmen, con 4.13 de calificación; un año más tarde obtuvo 4.08 y en 2014, Quintana Roo obtuvo el puntaje más bajo de la década, al registrar 3.66.
Mientras que en 2015, la entidad reportó 4.43 de calificación y en 2016, 4.6; aunque en ese año y los siguientes dos, el penal de Playa del Carmen no entró en la verificación.

Para 2018 y 2019 se agregó al DNSP, la cárcel de Cozumel, que obtuvo 5.81 y 6.68 puntos, respectivamente, sumando positivamente al promedio total de la entidad, sin embargo no lo suficiente, como para obtener una calificación aprobatoria, ya que a nivel general el estado sigue debajo del 5. En el informe de 2020 se mantienen, en números amarillos el Centro Penitenciario número 2 de Cancún y el 4, de Playa del Carmen, los cuales obtuvieron 6.81 y 7.19 respectivamente, pero Quintana Roo en promedio una vez mas no alcanza ni el 6.

Sobre las acciones a emprender para mejorar la calificación, en Cancún, el reporte señala que deben garantizar la integridad de las personas reclusas, ya que se encontraron deficiencias en los servicios de salud, hacinamiento y sobrepoblación, pues la capacidad es para mil 27 reclusos pero alberga a mil 489, es decir, que se pasan por más de 400 personas.

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