Revuelta generalizada contra el “decretazo” de López Obrador
Miguel Ángel Rivera miércoles 24, Nov 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Con el efecto de facilitar las obras de infraestructura realizadas por su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un acuerdo o decreto por el cual declara que esas obras no deben cumplir con diversas obligaciones, como el concursar los contratos de obras y sin esperar autorizaciones, por lo que se aplicará la llamada afirmativa ficta, lo que significa que una obra se puede realizar sin licencias, simplemente cuando no haya nadie que se oponga.
Como lo intentó aclarar el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, esta decisión presidencial se justifica porque se trata de obras de interés nacional.
Por supuesto, también el primer mandatario defendió su decisión en la conferencia mañanera de ayer y, de nueva cuenta, aseguró que no se trata de ocultar nada, pues en su gobierno no hay corrupción. “Este es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras”, dijo López Obrador.
Estos argumentos son válidos para los allegados a la llamada Cuarta Transformación, pero no para organismos autónomos, colegios de abogados ni mucho menos para los partidos de oposición.
Los desacuerdos del bloque opositor que integra la coalición Va por México (PAN-PRI-PRD) se escucharon, tanto en la sesión del Senado como en la comparecencia de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, ante la Cámara de Diputados.
En San Lázaro, los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, Jorge Romero; del PRI, Rubén Moreira, y del PRD, Luis Espinosa Cházaro, anunciaron que que interpondrán un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto presidencial, que se precisamente lo que el presidente López Obrador supuestamente pretende evitar.
Los senadores de oposición también pretenden promover otra controversia constitucional, pero ellos intentaron que representara a toda la Cámara y no sólo a un grupo de legisladores. Para ello, pidieron a la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, que ella lo hiciera en forma institucional.
No lo lograron. La ministra con licencia Sánchez Cordero está del lado de la llamada Cuarta Transformación, pues no por nada fue secretaria de Gobernación, aunque su jefe, el presidente López Obrador, no le concediera todas las facultades del cargo y terminara por regresarla al Senado.
Uno de los repudiados organismos autónomos por el presidente López Obrador, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del decreto presidencial.
Luego de una reunión de trabajo celebrada este martes, el Pleno del INAI determinó ejercer el control constitucional, con el cual buscará “evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo”.
Los comisionados de ese Instituto decidieron recurrir a la Suprema Corte con la finalidad de evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo.
Se advierte una posible transgresión al artículo sexto de la Constitución, en tanto que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información, de acuerdo al artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, indicó un comunicado del INAI.
El órgano autónomo que se ha opuesto siempre al ocultamiento de información pública, cuenta con un periodo de 30 días hábiles para poder presentar la controversia constitucional ante la Corte.
La Barra Mexicana de Abogados (BMA) calificó como ilegal e incorrecto el decreto de López Obrador.
La BMA señaló que este decreto va en contra del orden jurídico de México. “Manifestamos nuestra preocupación por el atentado al orden jurídico nacional”, advirtió el organismo.
En tanto, el presidente López Obrador recibió doble regalo del Senado, que confirmó a Loretta Ortiz Ahlf -esposa del fiscal contra delitos electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti- como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia y retiró al economista Arturo Herrera Gutiérrez como aspirante a gobernador del Banco de México.
El primer mandatario no tiene que dar explicaciones acerca de sus nominaciones, pero en el caso de Herrera cabe recordar que dejó la Secretaría de Hacienda por no cumplir cabalmente con los mandatos de su jefe y, ya fuera del gobierno, defendió la autonomía del Banco de México, lo que no gustó en Palacio Nacional.
Estados Unidos lanza nueva alerta de peligro en México
Pasada la emoción de los aparentes buenos resultados de la cumbre de Norteamérica y por la declaración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de que “somos iguales”, a partir de ayer volvemos a la realidad de la vecina potencia convertida en juez y policía de lo que ocurre en el resto del mundo.
Esto porque el gobierno estadunidense reanudó el incómodo sistema de publicar avisos a sus ciudadanos acerca de los lugares a los que no deben viajar y, para no variar, entre los lugares vedados están cinco estados mexicanos: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas
El argumento de las autoridades de la Unión Americana es el elevado nivel de violencia, sobre todo en materia de homicidios, secuestros y asaltos “sin ser controlados por las autoridades”.
La recomendación estadounidense destaca a Tamaulipas como uno de los estados donde se corre mayor riesgo de ser víctima de alguno de los citados delitos.
En lo que respecta a Colima, se advierte a los ciudadanos de Estados Unidos que en ese estado han aumentado las actividades violentas, en particular en Tecomán, en los límites con Jalisco y la carretera 110 . Eso sí, el aviso indica que se pueden visitar las áreas turísticas y portuarias únicamente, pero el resto de zonas están prohibidas.
En cuanto a Guerrero, se recomiendan precauciones por la presencia de grupos del crimen organizado. Un aspecto notable es que la alerta vincula los bloqueos en carreteras con las bandas de delincuentes, las cuales pueden usar la violencia contra los viajeros y donde se conoce de casos de estadounidenses y residentes permanentes que han sido secuestrados, a pesar de que se ha reforzado la vigilancia.
Se puede visitar la Grutas de Cacahuamilpa, durante el día, con un operador turístico autorizado, pero no se recomiendan las zonas turísticas de Acapulco, ni Ixtapa-Zihuatanejo.
En cuanto a Michoacán, la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de EU recuerda que ciudadanos estadounidenses han sido víctimas de secuestro.
El mismo nivel de alerta se aplica a Sinaloa, por ser el centro de operaciones unos de los principales cárteles de la droga. Sin embargo, se deja abierta la posibilidad de viajar a Mazatlán, pero sólo por vía aérea o marítima, pero sin salir de la llamada Zona Dorada y al centro histórico de la ciudad.
Esta alerta está en consonancia con lo advertido en marzo anterior por el jefe del Comando Norte de Estados Unidos (US Northcom), el general Glen VanHerck, en el sentido de que los cárteles del crimen organizado transnacional operan en alrededor del 30 al 35 por ciento del territorio mexicano, “en áreas que son con frecuencia ingobernables”.
VanHerk hizo estas declaraciones a la prensa luego de comparecer ante el Comité de Servicios Armados del Senado, para tratar asuntos relacionados con la migración.
“Diría que es un síntoma de un problema que se ha manifestado desde el año pasado. No voy a entrar en la política sobre si esto es una crisis o no. El hecho es que necesitamos una frontera segura y entender quién cruza la frontera”, comentó el jefe militar, quien, además, señalò que “el tráfico de drogas, la migración, el tráfico humano, son síntomas de las organizaciones criminales trasnacionales que están operando con frecuencia en áreas ingobernables, de 30 a 35 por ciento de México, las que están creando algunas de las cosas con las que estamos lidiando en la frontera”.
Ahora lo que falta es conocer la respuesta del gobierno de México, aunque probablemente no habrá ninguna acción, pues prevalece el principio de “abrazos no balazos”.
