La ASF necesita que le hagan una auditoría
Miguel Ángel Rivera martes 16, Nov 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Con antecedentes prácticamente desde que nació México como nación independiente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) -antes denominada Contaduría Mayor de Hacienda- ha presentado 1,105 denuncias penales por manejos irregulares con dinero correspondiente a la Federación, esto además de recuperar miles de millones de pesos en otros casos que no llegaron ante los jueces, pero en sentido contrario, cada vez pierde más de su prestigio y del respeto que debería generar en todas las instituciones que reciben y manejan dinero proveniente del erario federal.
La creación de la ASF es resultado de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 1999.
Sólo para recordar cabe mencionar que esa institución que adquirió su actual nombre en 1999 presentó su primera denuncia penal el 7 de octubre de 2000, correspondiente a la cuenta pública de 1998, en contra del ISSSTE y la más reciente tiene fecha del 29 del reciente mes de octubre de este año, 2021, correspondiente a la Cuenta pública de 2016, contra Petróleos Mexicanos (Pemex) en su división Transformación Industrial (PTRI).
La diferencia entre las supuestas irregularidades descubiertas por los especialistas de la Auditoría Superior de la Federación y la fecha en que se presentan las denuncias se debe, en primer término, a que la revisión de la forma como se invirtieron los recursos federales puestos a disposición de las diversas dependencias y los gobiernos estatales y municipales empieza por lo menos un año después, cuando se presentan las cuentas.
Por estos resultados se llega lógicamente a la conclusión de que la ASF realiza una buena labor, pero esta apreciación general no es compartida por todos los sectores de nuestra sociedad, pues se considera que la vigilancia de la ASF no se complementa con sanciones a funcionarios de alto nivel. Lo grave es que las críticas empiezan a surgir desde dentro de las filas de ese organismo dependiente de la Cámara de Diputados, que es la que tiene la responsabilidad de definir el presupuesto federal -como ocurrió el pasado fin de semana- y luego tratar de comprobar que se cumplieron sus mandatos.
Como ejemplo de las polémicas y dudas que genera la ASF está el caso del anuncio que hizo el actual titular de la Auditoría, David Colmenares Páramo, en febrero pasado, en el sentido de que el costo de la cancelación de la construcción del Nuevo Aropuerto Internacional (NAIM) en Texcoco había costado casi tres veces más de lo que había informado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ese señalamiento generó intensas polémicas y, por supuesto, un desmentido de la llamada Cuarta Transformación, lo cual a su vez produjo un apresurado desmentido, para dejar la cifra del costo de la cancelación casi en lo mismo que había admitido el gobierno federal.
Ese tropiezo ante la llamada Cuarta Transformación llegó al grado que algunos diputados amenazaron con pedir la renuncia del titular de la ASF, Colmenares Páramo, pero luego la presión vino a menos, sobre todo porque vino el cambio de legislatura.
Los problemas empezaron desde la elección del titular de la ASF
La administración de Colmenares Páramo empezó con malos augurios, pues el proceso de selección empezó con acusaciones de que había una lucha entre partidos.
Poco después de iniciado su mandato, Colmenares despidió a tres auditores, uno de ellos su competencia en la terna final por la titularidad de la ASF, Salim Arturo Orci Magaña, auditor especial del gasto federalizado. El segundo fue Javier Pérez Saavedra, quien fue auditor especial de cumplimiento financiero y quien ocupó la titularidad de la ASF como interino después de la salida de Portal. y hasta el nombramiento de Colmenares. La tercera fue Muna Dora Buchahin, auditora forense que dio indicios del caso de la Estafa Maestra denunciada por el portal Animal Político.
El anterior auditor, Juan Manuel Portal, denunció que su sucesor estaba desmantelando a la institución. Colmenares respondió que su decisión de despedir a tres auditores tenía como propósito “reestructuración interna”.
En realidad, las diferencias entre esos personajes venían de antes. Colmenares tuvo un breve paso por la Auditoría Superior de la Federación entre junio de 2012 y noviembre de 2013, bajo la administración de Juan Manuel Portal, misma que no terminó del todo bien.
Portal declaró que había despedido a Colmenares porque “no trabajaba, no hacía bien las investigaciones, arrastraba los pies, era lento y no le daba seguimiento a las cosas”.
Colmenares dijo que presentó su renuncia debido a que “además de no tener química y no tener los apoyos suficientes para hacer un trabajo eficaz a mí no me gustaba nada el esfuerzo adicional, porque inclusive preparamos una ley de gasto federalizado que se quedó ahí atorada que yo quiero revivir, fue fundamentalmente por la falta de química”.
Estos antecedentes reviven porque ayer se anunció la renuncia de Gerardo Lozano Dubernard, auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior (ASF) por desacuerdos con las modificaciones al reglamento interior que, en su opinión, concentran el poder y fomentan la opacidad, debilitan el proceso jurisdiccional, violan el Código de Procedimientos Penales y ha generado un retraso en la presentación de denuncias.
Lozano envió una carta a la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados en la que enlistó las complicaciones que derivaron de este cambio al Reglamento Interior que, además, se realizó en el periodo de cambio de legislatura, seis días antes de que se instalara la nueva y sin que la legislatura LXIV estuviera ya sesionando, así como 42 días antes de que se estableciera la Comisión de Vigilancia con las y los nuevos diputados, el 12 de octubre.
En su renuncia, que entrará en vigor hoy, martes 16, el auditor recuerda que se modificó la estructura orgánica de la ASF, con lo que se eliminó el consejo de Dirección y la Auditoría Interna, así como la facultad a las áreas auditoras de elaborar dictámenes técnicos para presentar denuncias de hechos y se otorgó la facultad exclusiva a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación para realizar dictámenes técnicos para presentar denuncias de hechos.
“Delegar la altísima responsabilidad de determinar lo que se denuncia y lo que no, exclusivamente en la Auditoría Especial de Seguimiento, sin ningún contrapeso institucional, como sería mantener estas facultades a las Unidades Auditoras, como era hasta antes de la reforma al Reglamento Interior, tendrá como resultado concentrar la toma de decisiones en el titular de la Auditoría especial de Seguimiento, lo que me parece un gravísimo error”, lamentó en la carta.
El renunciante indicó que estos cambios traen “como consecuencias que las áreas autorías no podrán realizar estos dictámenes ni presentar denuncias lo que viola la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y el Código Nacional Penal de Procedimientos Penales que les marca el deber de denunciar”. Esto además de que “debilita el proceso jurisdiccional para que los auditores den testimonio directo de su especialidad técnica en los procesos de carácter penal, al tener que defender un dictamen técnico que no han elaborado sobre hechos que solo les constan a los auditores”.
También apuntó que “delegar esta altísima responsabilidad de determinar lo que se denuncia y lo que no, exclusivamente en la Auditoría Especial de Seguimiento, sin ningún contrapeso institucional (…) tendrá como resultado concentrar la toma de decisiones en su titular, lo que me parece un gravísimo error que puede abrir un espacio de opacidad y arbitrariedad que debilita a la única institución en México que puede dar un combate frontal a la corrupción e impunidad”.
“Me retiro con la satisfacción de haber cumplido ampliamente con las responsabilidades que implica el desempeño de este importantísimo encargo”, escribió Lozano al hacer recuento de lo realizado en su área: se pudieron presentar 138 denuncias, tres dictámenes técnicos de denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y los 66 dictámenes técnicos enviados a la Auditoría Especial de Seguimiento, todos por un monto superior a 21 mil millones de pesos.
