Llegó el momento definitivo para que Lozoya Austin entregue pruebas
Miguel Ángel Rivera miércoles 3, Nov 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
El morbo está desatado, pues existe la versión generalizada de que se venció el plazo para que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, vaya a la cárcel o lleve a la prisión a otros políticos beneficiados con la corrupción que supuestamente imperó el sexenio anterior.
Esto por que la prórroga que dio la Fiscalía General de la República (FGR) a la defensa del ex director de Pemex concluye este 3 de noviembre, fecha límite para que aporte pruebas sobre los presuntos actos de corrupción que se cometieron durante la administración de Enrique Peña Nieto en torno al caso de Odebrecht.
Para decepción de quienes esperan ese espectáculo de castigo a presuntos corruptos, parece que nada ocurrirá. El máximo evento podría ser la confirmación de que Lozoya Austin dejó de tener el trato de hijo predilecto, a partir de su jactanciosa aparición en un restaurante de lujo para compartir un pato laqueado.
La posibilidad de que el que fuera prospecto de gran político vaya a prisión la desvaneció el colega Salvador García Soto en su columna del diario El Universal, en donde con respaldo de abogados precisó que, contra las expectativas de que Lozoya Austin vaya a prisión, lo más que ocurrirá es que se declare concluida la investigación que se supone abrió la Fiscalía General de la República en su contra, pero eso no implica que luego de comparecer ante el juez que lleva este juicio vaya a una celda. Lo más probable es que regrese a su casa o al sitio donde tiene cómodo refugio luego de ser extraditado por España.
Lo que más podría ocurrir es que el presunto corrupto y corruptor se presente, ahora sí, personalmente ante el juez, pues hasta ahora ha evitado poner un pie en un tribunal, debido a los privilegios que le ha concedido la Fiscalía, primero por supuestos problemas de salud y luego por otras razones que le permiten cumplir vía remota con la obligación de firmar periódicamente el libro de registro de las personas que están sujetas a proceso penal.
No aparecen los nombres de las grandes
figuras involucradas en la corrupción
Las denuncias de Lozoya -según ha informado la Fiscalía a cargo de Gertz Manero- involucran a personajes como los ex candidatos presidenciales del PAN, Ricardo Anaya, y del PRI, José Antonio Meade, así como al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, al ex mandatario de Querétaro, Francisco Domínguez; al ex poderoso secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, e inclusive al ex presidente Enrique Peña, pero sólo el ex senador Jorge Luis Lavalle (PAN) ha sido vinculado a proceso y está preso, luego de presentarse voluntariamente ante un juez para tratar de comprobar su inocencia.
Si son mínimas las posibilidades de que el ex titular de Pemex vaya a un reclusorio, resulta prácticamente inexistente la eventualidad de que, por sus denuncias, vayan a prisión destacadas figuras de la política actual o pasada.
Es fácil llegar a esta conclusión, luego de conocer que los abogados de Lozoya Austin solicitaron ayer una nueva prórroga, con lo que sumarían seis, para reunir pruebas a su favor en el caso Odebrecht.
Aquí es donde surge la presunción de que Lozoya Austin ya no goza plenamente de los favores de la Fiscalía General de la República (FGR), pues sus abogados se opusieron a que se conceda un nuevo plazo al ex funcionario.
Los representantes de la FGR pidieron que se mantenga vigente el último plazo concedido al supuesto corrupto y corruptor, por lo cual deberá comparecer ante el juez hoy, 3 de noviembre, para entregar pruebas de sus acusaciones.
La defensa del ex funcionario pidió 60 días más debido a que está pendiente una audiencia judicial en Brasil con el ex directivo de Odebrecht, Luis de Meneses Weyll, cuyo testimonio ha sido fundamental en la denuncia de que Lozoya Austin recibió millones de dólares de soborno.
La Fiscalía General solicitó al juez declarar cerrado el plazo de investigación complementaria, para poder formular su acusación de manera formal y solicitar la apertura del juicio, porque considera que ya no hay más pruebas pendientes por reunir.
Si no surge un pretexto de última hora, la audiencia de hoy podría resultar definitiva para Lozoya Austin, pues si no presenta pruebas sólidas de la corrupción de otros funcionarios está en riesgo de perder su condición de testigo protegido, que en México recibe el nombre de criterio de oportunidad, y entonces sí conocerá una cárcel mexicana.
La cena en el Hunan con sus amigos le podría resultar mucho más cara de lo que se pudo imaginar.
Muy difícil comprobar el lavado de dinero
A propósito de las ya numerosas denuncias en contra ex funcionarios y ex dirigentes sindicales por supuestas irregularidades en el manejo del dinero público, que han terminado con un “usted disculpe”, es de tomar en cuenta que especialistas en la materia expusieron la dificultad de conseguir condenas contra acusados de lavado de dinero.
En el II Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal. Carlos Daza Gómez. In memoriam, expertos en la materia destacaron que, en México, 97 por ciento de quienes han sido acusados por el delito de lavado de dinero son declarados inocentes y sólo tres por ciento sancionados.
Los especialistas indicaron que esta estadística refiere que el Ministerio Público no ha tenido la capacidad de buscar indicios fundados para efectos de acreditar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. En consecuencia, los acusados son declarados inocentes aun cuando hayan sido privados de su libertad durante un periodo de hasta dos años.
La situación es tan difícil que el catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, Luis Gerardo del Valle Torres, dijo que estos procesos hacen preguntar si existe violación a derechos humanos y al debido proceso, pues en ocasiones se invierte el principio de presunción de inocencia al invertir la carga de la prueba a quien es acusado en la materia, para que tenga que acreditar el origen de sus recursos y bienes, toda vez que la autoridad debe ser la encargada de perseguir el delito es la que debe demostrar la ilicitud de los recursos y su ilegítimo origen, su ilegalidad.
La magistrada presidenta del Quinto Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito, Lorena Josefina Pérez Romo, consideró que no sólo se habla de dinero, sino de bienes de cualquier naturaleza, incluso intangibles, como las acciones y certificados.
Recordó que, México suscribió la Convención de Palermo cuyo propósito es la cooperación para prevenir y combatir eficazmente la delincuencia transnacional y señaló que, en el ámbito nacional, esta práctica se estableció en el Código Fiscal de la Federación como un delito innominado, porque tiene diversas denominaciones como reciclaje financiero, legitimación de activos, captación ilegal de dinero o recursos financieros ilícitos.
También, según la nota informativa de la agencia Quadratín, la magistrada agregó que en 1996, la denominación del delito se introdujo en el Código Penal Federal como se le conoce actualmente: operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en 2012, se creó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Para prevenir, detectar y combatir este delito hay autoridades y organismos específicos, por ejemplo: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR) y las estatales, además del Poder Judicial, agregó.
El coordinador de la Comisión de Derecho Penal del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), Albertico Guinto Sierra, destacó que hace falta en nuestro país una debida preparación o especialización en la investigación de los indicios para acreditar el delito y la debida impartición de justicia.
El experto sostuvo que es necesario el uso del conocimiento científico en todas las materias y la fiscalía debe realizar investigaciones científicas, metodológicas y técnicas.
El Ministerio Público, añadió, debe hacer uso de toda la ciencia, en las diversas especialidades, para cumplir su objetivo. Si la representación social y la policía tienen esa preparación, la estadística se va a revertir. Entonces, 97 por ciento de los acusados sería declarado culpable y el resto quedaría en libertad, opinó.
