A debate, usos y costumbres
¬ Augusto Corro miércoles 3, Nov 2021Punto por punto
Augusto Corro
En el Senado, el priista Manuel Añorve presentó una iniciativa de reforma al artículo 41 de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que busca prohibir la venta de niñas con fines matrimoniales escudadas en los llamados usos y costumbres de las comunidades indígenas. Se trata de que no se socaven, limiten o violen los derechos humanos de las mujeres.
En concreto, con la citada reforma se trata de erradicar cualquier práctica basada en tradiciones, usos y costumbres, que tenga como resultado final, la venta de niñas para contraer matrimonios forzados, o cualquier otra actividad denigrante o ilícita. Esas conductas reprobables en los pueblos indígenas, no sólo tiene que ver con sus maneras de vivir en sociedad, sino en un sinnúmero de casos, se actúa para conseguir recursos económicos, pues las familias son agobiadas por la pobreza.
En la iniciativa de ley se establece la obligación de la Federación de garantizar que los usos y costumbres de toda comunidad no sirvan como excusa para venderlas al mejor postor para que contraigan matrimonio. Se trata, pues, de prácticas abusivas que atentan contra los derechos de las mujeres y las autoridades de los tres niveles, municipal, estatal y federal no se preocuparon de erradicar estos delitos que afectan directamente a las menores de edad.
El senador priista Manuel Añorve sabe muy bien que la aplicación de esas tradiciones dañinas no son exclusivas del estado de Guerrero, sino que se dan también en otras entidades, con diferentes formas de delitos contra las niñas. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos eludieron, extrañamente, la defensa de las menores de edad sometidas a las decisiones reprobables de los padres. Ojalá y la nueva ley se apruebe y se ofrezca un mundo mejor a las niñas indígenas en todo el país. Más vale tarde que nunca.
La caravana migrante
La caravana de migrantes que viene a la Ciudad de México necesita ser atendida por las autoridades mexicanas. Es obvio decir que los indocumentados carecen de comida, agua y en los caminos que transitan el calor es insoportable. Además, los ilegales tendrán que caminar alrededor de 15 días para llegar a la capital. En esas largas columnas de extranjeros se cuenta a 78 mujeres embarazadas y 1,200 menores de edad. Ya se podrá usted imaginar los problemas de salud que enfrentan los caminantes.
Como informamos en este espacio, la caravana migrante partió de Chiapas. Su recorrido para llegar a la Ciudad de México será de más de mil kilómetros. A su paso por los diferentes pueblos, los ilegales ya no reciben la atención humanitaria de los lugareños, que ofrecían en tiempos recientes. Esto llevó a los caminantes a conseguir comida y agua con mayores dificultades. También son rechazados por el temor de la población a contagiarse del coronavirus.
Las autoridades están obligadas a ayudar a los migrantes a resolver, por lo menos, los problemas de alimentación, además de resolver el problema de la transportación. En la caravana se integraron familias completas. Los padres tienen que cargar a los niños en jornadas de camino de días enteros. A su llegada a la Ciudad de México, la caravana irá directamente al Zócalo de la Ciudad de México, donde acamparán y dormirán. Después, realizarán protestas frente al Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), según se informó en medios de comunicación.
El problema migratorio se agudizó en los últimos meses. Los ilegales llegaron a la frontera sur de México para cruzarla y continuar hacia Estados Unidos. Las autoridades sirvieron como muro de contención desde el gobierno de Donald Trump y la misma política siguió con el presidente Joe Biden. Ahí está, pues, el grave problema de la migración que cada día crece incontenible y no parece que alguna autoridad tenga el suficiente interés de resolverlo.
¿Usted qué opina amable lector?
