El presidente de la Suprema Corte está en riesgo de perder su buena calificación
Miguel Ángel Rivera miércoles 27, Oct 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
“El presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, es una gente honrada, seria, responsable. por eso no lo quieren sus mismos compañeros que vienen del antiguo régimen, con las mismas prácticas, los mismos vicios. Es lamentable que no quieran al presidente Arturo Zaldívar que quiere llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial que urge, porque jueces, magistrados y ministros están echados a perder. Hay excepciones honrosas, pero por lo general, el sistema judicial está podrido, muchísima corrupción; los jueces no representan al pueblo”.
Lo anterior lo expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 6 de julio, al defender la reforma al Poder Judicial Federal aprobada por la amplia mayoría oficialista en el Congreso de la Unión, a partir de una iniciativa elaborada precisamente por el mencionado ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien los legisladores de la llamada Cuarta Transformación le “regalaron” una ampliación de su mandato para que pudiera conducir los cambios que él mismo proponía.
Un poco más de tres meses después, el jefe del Ejecutivo se encuentra en una encrucijada, que tal vez le lleve a reconsiderar sus opiniones en torno al ministro Zaldívar y en general acerca del Poder Judicial, al que no ha dejado de agraviar y de menospreciar.
Además de previos desencuentros, el más reciente disgusto del primer mandatario con jueces y ministros proviene del rechazo de la Judicatura a validar una de las reformas constitucionales de las que tanto presume la llamada Cuarta Transformación, que consiste en la ampliación del catálogo de los delitos por los cuales se puede aplicar la llamada prisión preventiva oficiosa, o sea que los presuntos responsables del delito pueden ser encarcelados antes de que un juez los declare culpables.
La Suprema Corte de Justicia declaró inválida la prisión preventiva de oficio en contra de quienes cometen delitos fiscales como defraudación, contrabando y facturación de operaciones simuladas o inexistentes (factureras).
Con ello, los ministros dieron la razón a senadores de oposición y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que interpusieron acciones de inconstitucionalidad contra esa reforma.
Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la decisión de la Suprema Corte de Justicia por haber declarado inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por delitos fiscales.
Lo respeto, pero no estoy de acuerdo, dijo el Presidente
Aunque afirmó que respetará la decisión porque busca estar “en un auténtico estado de Derecho”, dijo que la Corte no actuó bien “porque no actúan así cuando se trata de hacer justicia al pueblo raso” y evitará que los llamados “fifís” o delincuentes de cuello blanco, puedan ingresar a prisión.
“En eso no estoy de acuerdo, desde luego. Creo que es seguir protegiendo a las minorías y castigando solamente a los que no tienen influencias o con qué comprar su inocencia. Me parece que no se actuó bien”. Por supuesto, el jefe del Ejecutivo aseguró que su alegato era en defensa de los “más pobres”.
La respuesta al primer mandatario provino de donde seguramente menos esperaba, de su elogiado y reconocido presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Arturo Zaldívar.
El jurista señaló que la prisión preventiva oficiosa para delitos como contrabando, defraudación fiscal y facturas falsas “castiga la pobreza”.
En un mensaje en Twitter, manifestó que la mayoría de las personas sujetas a dicha medida cautelar se trata gente de escasos recursos. “Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional”, escribió.
Zaldívar argumentó, además, que la prisión preventiva oficiosa contraria al principio de presunción de inocencia.
El ministro afirmó que esta condena sin sentencia castiga la pobreza e indicó que aplicar la prisión preventiva oficiosa es una decisión que afecta más a los pobres.
“La mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional. #SCJN”, escribió el ministro Zaldívar.
Para calificar y analizar las leyes se necesita una preparación especializada.
El curriculum del ministro Zaldívar incluye el grado de licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y el grado de Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, se ha desempeñado como catedrático y docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Iberoamericana, y la Universidad Panamericana, en las materias de Derecho constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Derechos humanos.
El expediente de Andrés Manuel López Obrador en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, divulgado ampliamente en los últimos días por su embate contra la máxima casa de estudios, no incluye ni un solo curso de Derecho. Es cierto que puede tener la asesoría de los mejores abogados del país, pero hasta ahora no hay testimonio en ese sentido. Su consejero jurídico durante la primera parte de su mandato, Julio Scherer Ibarra, dejó el cargo en medio de un escándalo por ocultamiento de dinero y propiedades en paraísos fiscales.
¿De necesitar un consejo en materia jurídica, a quien se recurriría, al presidente de la Suprema Corte de Justicia o al titular del Poder Ejecutivo?
Una nueva materia para la UNAM: “Economía Moral”
Si el Presidente encontró desviaciones en la orientación de la UNAM y de otras instituciones de educación superior, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera encontró la manera de quedar bien con esa aspiración presidencial de corregir la educación superior, pues ya encontró una nueva materia para ser impartida en las instituciones de educación superior: esa nueva cátedra sería la “Economía Moral”.
“Nos queda claro que estamos construyendo una economía moral y hoy esa economía moral se ve reflejada en este paquete económico 2022. Esto es más que un paquete fiscal, para la historia tributaria de este país es una verdadera revolución fiscal”, aseguró.
La idea original, no es propia, pues la concepción de esa “economía moral” la expuso el presidente López Obrador.
Pero, bueno se trata de seguir la ruta marcada por el líder y guía moral de la llamada Cuarta Transformación y, además, se trataba de rechazar las impugnaciones del bloque opositor, que una y otra vez reprochaba a Morena y rémoras haberse convertido en “Oficialía de Partes” del Ejecutivo Federal, pues un forma repetitiva rechazaban debatir las impugnaciones del bloque opositor aunque parecieran muy bien razonadas y mejor expuestas.
Simplemente, las inconformidades eran rechazadas una tras otra, sin siquiera ser discutidas.
En contra de la iniciativa oficial se presentó el Grupo Independiente de Senadores, en la persona de Nancy de la Sierra Arámburo, ex del PT, quien expresó: “Franca preocupación e indignación (por) esta enemistad que el gobierno federal ha propagado contra las organizaciones civiles, una hostilidad unilateral que ha culminado en la política fiscal de este año, esta que hoy algunos aplauden, que priva de ingresos a miles de asociaciones que prestan valiosos servicios asistenciales para todas y para todos.
“Este ataque sin sentido no sólo daña profundamente a uno de los principales pilares que sostiene nuestra democracia, sino que asfixia económicamente a un sinfín de colectivos que han estado ahí para las y los mexicanos más vulnerables, cuando el gobierno no los ha apoyado”, afirmó la legisladora
La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, inició su intervención con un reconocimiento a lo expuesto por Nancy de la Sierra y luego apuntó que Morena y rémoras han expresado buenas intenciones, pero estas no se corresponden con sus decisiones.
Por ejemplo, la ex dirigente nacional del PRI recordó que con el argumento de una medida contra la corrupción, se abandonó la licitación pública para hacer asignaciones directas y se cancelaron contratos con los tres principales proveedores de fármacos del sector público sin haber diseñado un plan de emergencia para satisfacer una demanda permanente.
