El Presidente, bajo riesgo de ser desmentido en la ONU
Miguel Ángel Rivera viernes 22, Oct 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
“De una vez se los informo, voy a ir a Naciones Unidas el día 9 de noviembre porque México va a asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU”, adelantó el presidente López Obrador en la mañanera del pasado día once.
Como lo ha asegurado en numerosas ocasiones, el primer mandatario dijo que en ese organismo internacional expondrá que su gobierno acabó con la corrupción.
Pero, siempre hay un pero, el gobernante mexicano corre el riesgo de ser desmentido, como ya ha ocurrido en ese tema en nuestro país, en donde se le ha restregado, por ejemplo, la falta de transparencia al asignar directamente contratos para realizar obras o para compras de instituciones oficiales, sin concurso de por medio.
El pasado día 11 del presente mes, el mandatario mexicano anunció que irá a Nueva York el 9 de noviembre, “porque México va a asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU y voy a participar en una reunión en la ONU, voy a hablar de lo que considero el principal problema del mundo: la corrupción, que produce desigualdad. Sobre eso va a ser mi mensaje. Por cierto, se trata de su segundo viaje al extranjero desde que asumió el poder en diciembre de 2018. El primero se dio en julio de 2020 para visitar en Washington a su amigo, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En sus reiterados mensajes al pueblo de México, el presidente López Obrador ha sostenido que ya terminó la corrupción. Por ejemplo, en su más reciente informe, el pasado 1 de septiembre dijo que en dos años y nueve meses se han ahorrado 1 billón 400 mil millones de pesos en compras y contratos, “reduciendo al mínimo el robo de combustible” y la defraudación fiscal”, así como combatiendo la corrupción.
En contra de lo que desea presumir el Presidente de México, apenas el pasado día 14 del presente mes se dio a conocer un estudio de una organización con amplio reconocimiento al medir en diversas naciones del mundo el estado de derecho, dentro del cual uno de los factores centrales es el combate a la corrupción.
Se trata de la organización denominada World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial, o WJP, por sus siglas en inglés) que elabora el llamado Índice de Estado de Derecho, en este caso correspondiente al año 2021, el cual comprende a 139 países y jurisdicciones.
Por desgracia para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, el puntaje general para México en Estado de Derecho se redujo 2.9% en el índice de este año.
Esto ubicó a nuestro país en el lugar 113 de 139 países en el mundo, lo que representó un retroceso de una posición en la clasificación global. El puntaje de México lo coloca en la posición 27 de 32 países en la región de América Latina y el Caribe y en la 37 de 40, entre países de ingreso mediano alto.
En particular en materia de corrupción, la organización ubicó a México en el ranking de Ausencia de Corrupción en el lugar 135 de 139 naciones evaluadas, con una calificación de 0.26 en una escala de 0 al 1, donde el 1 es la mejor nota.
México se coloca sólo por arriba de Uganda, Camerún, Camboya y República Democrática del Congo, este último país es el peor evaluado.
La baja calificación de México en ese tema se debe principalmente a la calificación que reciben los legisladores del país, de 0.10, mientras que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tienen 0.31 y la Policía y el Ejército alcanzan 0.33.
El WJP incluye ocho factores en su medición del Estado de Derecho: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil, y Justicia Penal.
La mayor fortaleza de México continúa siendo Gobierno Abierto, ya que es en la que tiene su puntaje más alto, con lo que se ubica en la séptima posición de la región y en la 43 en el mundo.
Por desgracia, en el lado contrario, encontramos que, el mayor reto de México es la Ausencia de Corrupción, en el que tiene su puntaje más bajo.
En concreto, según el referido reporte, hubo retrocesos en los indicadores que miden la ausencia de corrupción en el poder legislativo y en el judicial.
La culpa, como siempre, es de los
gobiernos anteriores y de la prensa
En la región de América Latina y el Caribe, el país con el puntaje más alto es Uruguay (en el lugar 25 de 139 países), seguido de Costa Rica y Chile. Los tres países con los puntajes más bajos en la región son Nicaragua, Haití y la República Bolivariana de Venezuela (en el lugar 139 de 139 países).
Los países con puntajes más altos este año fueron Dinamarca, Noruega y Finlandia. La República Democrática del Congo, Camboya y la República Bolivariana de Venezuela tuvieron los puntajes generales más bajos.
Los países con mayores incrementos de puntaje fueron Uzbekistán (4.1%), Moldova (3.2%), y Mongolia (2.0%). Los países con mayores descensos fueron Belarús (-7.5%) y Myanmar (-6.3%), mientras que Nigeria, Nicaragua, República Kirguisa y Argentina empataron con el tercer declive más grande (-3.7%).
Como ocurre con otros aspectos en donde los análisis y comentarios resultan negativos para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, el presidente López Obrador tiene “otros datos”. En su conferencia mañanera del miércoles 19, el primer mandatario dijo que la evaluación depende de la fuente, “hay que ver qué opinión real tiene la gente, a ver cómo se mide. Yo sí le puedo garantizar que ya en México no hay la corrupción que imperaba hace poco, ya eso se terminó, hemos avanzado mucho y la gente lo percibe de esa forma, de acuerdo a nuestros datos, también para ser honestos”. También, como acostumbra, el primer mandatario lanzó culpas a los otros poderes de la nación, a los medios de comunicación y a los gobiernos anteriores.
“Imagínese, a lo mejor no se ha enterado toda la gente, pero uno de los escándalos más sonados es el de cómo los legisladores hace relativamente poco votaron la reforma energética recibiendo sobornos, y no son estos que están ahora, no es esta legislatura, no, me refiero al bloque.
“Entonces, cuando se pregunta, si se pregunta: ¿Hay más corrupción ahora que antes?, pues no puede ser que el resultado sea que ahora hay más corrupción aún en el Legislativo, es distinto.
“Un escándalo como el de los sobornos a legisladores cuando la reforma energética es un escándalo mundial, lo que pasa que se tapó, los medios lo ocultaron -digo, no todos- lo siguen tapando. Pero imagínese que esto hubiese sucedido en Francia o en Estados Unidos, ya ni les digo lo que hubiese pasado en China, pero en fin, en cualquier parte, de que el director de Pemex, de la empresa más grande México, no sólo pública, la empresa más grande, una de las empresas más grandes del mundo y el director declara que para llevar a cabo una reforma se entregó dinero, se sobornó a legisladores, nada más porque aquí gritan como pregoneros cuando les conviene y callan como momias cuando no les conviene”.
Ley de ingresos no es producto de consensos,
sino de caprichos”: Carolina Viggiano
Contra los rumores de que el PRI ya cedió ante Morena y votará a favor de la (contra)reforma energética impulsada por el presidente López Obrador, por lo pronto la bancada del tricolor en la Cámara de Diputados mantuvo la oposición a la llamada miscelánea fiscal que los legisladores de la llamada Cuarta Transformación respaldaron conforme al principio de no cambiar ni una coma.
Al respecto, la diputada y secretaria general del PRI, Carolina Viggiano explicó que su fracción parlamentaria votó en contra del dictamen de Ley de Ingresos debido a que no es producto de consensos, sino más bien, de caprichos y “mayoriteos”.
Agregó que se trata de una Ley construida sobre supuestos muy optimistas, pero poco factibles, que ignora a las pequeñas y medianas empresas y a los asalariados.
La legisladora hidalguense afirmó que ésta tampoco fomenta el crecimiento económico ni el empleo, pero sí promueve el terrorismo fiscal que ahuyenta a la inversión, además de que resulta dañina contra la población porque no existen estímulos fiscales para las empresas.
Viggiano aseguró que el dictamen no responde a la realidad de un país que todavía sufre los estragos de una crisis económica por la pandemia de Covid-19 y que fue agravada por la falta de acciones del gobierno para salvaguardar a la planta productiva y al empleo.
Destacó que se trata de una Ley de Ingresos agresiva contra los asalariados, contra los más pobres.
