Diputados pasan de la violencia verbal a las agresiones físicas
Miguel Ángel Rivera jueves 21, Oct 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
El peor enfrentamiento entre diputados mexicanos ocurrió hace exactamente 90 años y casi dos meses. En esa ocasión, con los remanentes de la Revolución todavía muy vivos, los legisladores se enfrentaron a balazos en el salón de plenos, con un saldo de un muerto y dos heridos.
Las crónicas acerca de ese episodio sangriento, reproducidas en el portal DEMEMORIA relatan que hubo al menos 50 detonaciones de arma de fuego.
La víctima de la balacera fue el diputado Manuel H. Ruiz y los heridos fueron Sebastián Allende y Esteban García de Alba, a quienes trasladaron a un hospital, mientras se dio la búsqueda de los responsables del ataque.
Ese violento episodio, dicen las notas periodísticas, desató una crisis en el gobierno de Pascual Ortiz Rubio (apodado “El Nopalito”) y que “el verdadero jefe de la Revolución que se trataba de institucionalizar, el general Lázaro Cárdenas del Río tuvo que salir a tribuna para calmar las aguas”.
En 1931, la Cámara de Diputados sesionaba en el recinto de Donceles, hoy sede del Poder Legislativo de la Ciudad de México.
En épocas recientes, en 1988, cuando la Cámara calificaba todavía las elecciones presidenciales, se suscitó otro suceso que pudo provocar otro hecho de armas.
En esa oportunidad, muchos diputados de oposición, principalmente del PAN y algunos del Frente Democrático Nacional, protestaban airados por el supuesto fraude que beneficiaba al candidato del PRI Carlos Salinas de Gortari. El debate fue prolongado e intenso, hasta que cerca de la medianoche los legisladores inconformes, encabezados por los panistas, exigieron que se abrieran los paquetes electorales, almacenados en el sótano del entonces todavía flamante Palacio Legislativo de San Lázaro.
Pero no se contentaron con pedir que se abriera la documentación electoral, sino que un grupo de diputados intentó llegar hasta la improvisada bodega, pero en la puerta de entrada del estacionamiento –cerrado mientras se guardaba la paquetería– los militares que la custodiaban les cerraron el paso. Algunos de los legisladores forcejearon brevemente porque la calma se impuso cuando se escuchó que los soldados cortaban cartucho. Por fortuna, todo quedó en ese episodio.
Por cierto, tiempo después, el Palacio Legislativo registró un intenso incendio que dañó gran parte de sus instalaciones, en particular el salón de plenos y, convenientemente, destruyó la paquetería electoral que tantas pasiones suscitaba. Aunque también, personal de resguardo de la propia Cámara de Diputados generó el rumor de que para entonces ya no había ninguna documentación.
Aparte de estos pasajes violentos, el debate en los recintos legislativos de México ha registrado algunos episodios de violencia verbal y hasta empujones, con retos a dirimir diferencias e insultos a puñetazos, pero sin llegar a los hechos.
En ese recuento destaca, por ejemplo, el primer intento de interpelar a un presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, en 1988, por cuenta del recién elegido diputado, disidente del PRI, Porfirio Muñoz Ledo.
Los diputados rehúsan aplicar sanciones a ellos mismos
En aras de la autonomía del Poder Legislativo y la libre expresión de los legisladores, senadores y diputados, no existe un reglamento que regule su comportamiento y su único aparente límite es el “Manual de Carreño” y los usos y costumbres de la sociedad contemporánea.
Por ejemplo, a últimas fechas se ha vuelto casi obligatorio el trato igualitario, evitar las manifestaciones de discriminación a los grupos vulnerables, en particular a las mujeres, cuya presencia en las cámaras del Legislativo es mayor hasta el grado de que la actual Legislatura de San Lázaro presume de ser paritaria.
Pero con todo y ese avance en las intenciones de fortalecer un trato respetuoso e igualitario, en la práctica los ánimos se exaltan de tal manera que surgen los insultos, pero rara vez se llega al contacto físico.
La excepción ocurrió ayer en la madrugada, en la segunda etapa de la larguísima sesión que arrancó el lunes 18, para dictaminar la denominada miscelánea fiscal, que comprende todas las normas recaudatorias.
Como se ha vuelto costumbre –a pesar de su pregonado repudio a las prácticas impositivas de los anteriores gobiernos– Morena y sus satélites llevan hasta el extremo las indicaciones de no cambiar ni una coma de las iniciativas que les envía el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En represalia, los partidos de oposición objetan prácticamente todo lo que proviene de la llamada Cuarta Transformación, al grado que registraron nada menos que 511 reservas para modificar las propuestas del Ejecutivo, a pesar de estar conscientes de que Morena y rémoras, invariablemente impondrán su mayoría y rechazarán las recomendaciones de cambios.
Al paso que llevan, los conocedores estiman que la revisión y casi segura aprobación de toda clase de impuestos concluirá hasta el venidero domingo 24.
Esta situación ha generado, lógicamente, un ambiente de tensión, agravado por el hecho de que la gran mayoría de los legisladores –particularmente del amplio bloque de la llamada Cuarta Transformación– no tiene oportunidad de explayarse en tribuna, por lo que su única forma de manifestar sus emociones es mediante insultos y, como se dice coloquialmente, con malas palabras.
Como ocurría en las últimas épocas de predominio del PRI, el bloque de choque fue bautizado como “el Bronx”, en referencia al barrio bravo neoyorquino. En la actualidad cada bloque tiene su coro y dentro del mismo – tal vez como parte de sus reivindicaciones en pos de la igualdad – hay mujeres de “florido” lenguaje.
La tensión estalló la madrugada de ayer, miércoles. Los cronistas parlamentarios relatan que hubo no sólo insultos sino empujones y jaloneos. Lo más grave es que se menciona como personajes centrales de la trifulca a dos diputados varones del PAN y a dos del género femenino del bloque oficialista que obviamente se culpan mutuamente.
La trifulca arrancó cuando ambos bandos tomaron la tribuna, en ese momento ocupada por la panista Mariana Gómez del Campo.
En posterior conferencia de prensa, legisladores de Morena y del PT aseguraron haber llegado a la tribuna para prevenir que la tomara la oposición. En tanto los panistas intentaron mantener a salvo a Gómez del Campo. Entre ellos estaban Elías Lixa y Jorge Espadas, quienes fueron acusados de empujar a Margarita García (PT) e Irma Juan Carlos (Morena), presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas. En respuesta, Manuel Alejandro Robles azotó a Lixa contra las curules detrás de la tribuna.
De ambas partes hubo acusaciones de que algunos del otro bando estaban ebrios o, por lo menos, con aliento alcohólico.
Ayer mismo hubo disculpas de parte de algunos de los protagonistas de la trifulca y hasta allí llegará todo, pues ni la Ley Orgánica del Congreso ni el reglamento de la Cámara tienen previstas sanciones por mal comportamiento de los legisladores, a pesar de que ha habido demandas en tal sentido.
A lo más que se exponen los legisladores es a una “llamada de atención” de parte del presidente de la Cámara en funciones y si las ofensas se pronunciaron en tribuna, entonces quedará consignado en el Diario de los Debates y, salvo casos extraordinarios, ningún legislador quiere quedar marcado para “la historia”. Por eso, al pedir disculpas, se complementa con una solicitud de que esas palabras ofensivas se retiren del Diarios de los Debates.
En fechas recientes se modificó el fuero –que no se eliminó– para los legisladores, que ahora pueden ser juzgados por delitos comunes, pero en el ejercicio de su actividad de revisión y expedición de leyes. Sin embargo queda pendiente regular las actividades dentro de su Cámara y, sobre todo, la relación con sus pares.
Y así seguirá pues, como han expresado algunos de ellos, no aceptarán que les pongan un bozal.
Bueno, ni siquiera están bien definidas las sanciones a los faltistas, pues los descuentos se aplican discrecionalmente, bajo el principio de “según el sapo es la pedrada”.
En cuanto al tema central, los diputados del PRI dijeron estar en contra del paquete fiscal por considerar que desincentiva al aparato productivo, endeuda al país, lacera a la sociedad organizada, afecta al campo y evidencia la imposición de decisiones autoritarias y prácticas intimidatorias.
