Proponen hasta 9 años de cárcel a quien construya sin permiso
Luis Muñoz jueves 14, Oct 2021Segunda vuelta
Luis Muñoz
El diputado Ricardo Rubio presentó una iniciativa para castigar de tres a nueve años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa a cualquier persona física o moral que realice una construcción sin tener los permisos correspondientes o viole el uso de suelo.
La iniciativa surgió por la exigencia y el hartazgo de los vecinos y que padece toda la ciudad; la propuesta pretende modificar el artículo 343 Bis del Código Penal, con la finalidad de establecer un tipo penal abierto que permita una fácil aplicación y una ejecución real en la práctica, además de resultar una disposición persuasiva.
Comentó que “aunque ya existe una disposición relacionada con lo que presento, resulta una norma imperfecta, pues en la práctica dificulta el trabajo de cualquier fiscal, haciendo imposible su aplicación, ya que es muy complicado demostrar el dolo como lo establece actualmente el código penal”. Rubio dijo estar a favor de la actividad económica y aún más si se trata del sector de la construcción, el cual genera muchos empleos en la ciudad, siempre y cuando se haga de manera ordenada, respetando la ley y a los vecinos que habitan junto a alguna construcción aledaña a sus domicilios.
Los bancos del bienestar
Por cierto, hablando del tema de la construcción, la diputada Gaby Salido demandó información sobre la edificación de sucursales del Banco de Bienestar que el gobierno construye en la Ciudad de México, ya que lo dado a conocer hasta ahora no está del todo claro. En su propuesta dice que busca abonar a la construcción de un Estado cuyo ejercicio de la función pública esté apegado a la transparencia, apertura y la certeza jurídica en favor de la ciudadanía. Señaló que es primordial la difusión de las ubicaciones o posibles instalaciones de esas sucursales, así como de los Usos de Suelo de los predios a intervenir y los tiempos de ejecución de proyectos de obra.
Salido dijo que el Congreso de la Ciudad de México hace un llamado a Secretaría de Desarrollo e Infraestructura Urbana (SEDUVI), a informar de manera detallada el acuerdo de fecha 6 de octubre que se publicó en la Gaceta Oficial de la CDMX de 2021, que otorga “facilidades administrativas y ambientales” para la ejecución inmediata de obras y demás actividades para el establecimiento y funcionamiento de las sucursales del Banco del Bienestar. Explicó que el acuerdo, entre otras cosas, establece que serán aplicables “facilidades administrativas” cuando esté permitido el uso del suelo en la zonificación que le aplique al predio, o en su caso, sea factible conforme la legislación.
Ante este escenario, con la finalidad de dar claridad y certeza en la información que se debe hacer del conocimiento público, es necesario que la SEDUVI exponga los alcances del citado acuerdo, ya que actualmente se desconocen los predios o espacios en los que se hará la intervención o, incluso, aquellos que serán regularizados para dar cumplimiento a las normas en materia de desarrollo urbano.
Además, existe la preocupación vecinal en torno a no considerar necesario el trámite de Factibilidad de Servicios Hidráulicos ante SACMEX, o la autorización en materia de impacto ambiental, en cualquiera de las modalidades que establece la Ley, y derivado de esta ausencia de trámites, las y los ciudadanos, no podrán conocer el impacto real de estas obras en su entorno.
Costoso ego del Presidente
Los coordinadores parlamentarios de la coalición Va por México en la Cámara de Diputados, Jorge Romero (PAN), Rubén Moreira (PRI) y Luis Espinosa Cházaro (PRD), presentarán este jueves una controversia constitucional contra la solicitud de Revocación de Mandato que prepara el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se llevaría a cabo en marzo del 2022.
De acuerdo con el portal Político MX, Rubén Moreira refirió que en la Cámara baja se votó la aprobación de la revocación de mandato y hay resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de las autoridades jurisdiccionales en las que permite recurrir a acciones de inconstitucionalidad cuando se presentaron propuestas de modificación y no fueron aceptadas.
El líder nacional del PAN, Marko Cortés, señaló que este recurso será, porque es una necedad llevar a cabo este ejercicio que costaría cuatro mil millones de pesos que solamente servirían para el ego del presidente.
Maltrato a los animales
Dado que el maltrato animal en la Ciudad de México ha ido en aumento (el país ocupa el tercer lugar en este delito a nivel mundial), la panista Ana Villagrán dijo que es necesario destinar recursos a la Brigada de Vigilancia Animal, la cual tiene una sobrepoblación de 106 canes. Villagrán exhortó al oficial mayor del Congreso capitalino a que tome las medidas que resulten necesarias para que durante este mes se instale un módulo en el lobby del recinto legislativo en el que se pueda recibir de manera voluntaria insumos para el cuidado de los animales que han sido rescatados por la brigada.