Una reforma sensata
Freddy Sánchez jueves 14, Oct 2021Precios y desprecios
Freddy Sánchez
¡A echarle todos los kilos!…
Una expresión como esa podría dirigirse a los legisladores, no sólo del PRI, sino de todos los partidos que habrán de legislar en materia de electricidad, debiendo esforzarse extraordinariamente para hacerlo bien.
Porque no se trata de aplaudir o repudiar o al revés, la reforma de Peña Nieto o la de Andrés Manuel, sino de extraer de ambas lo que en realidad le pueda favorecer al país y no a grupos políticos o económicos, interesados en incurrir en abusos sin importar cuanto daño futuro le puedan causar a México.
Así que en primer lugar, los señores legisladores tienen que “quitarse de la cabeza” las consignas y las predisposiciones a favor o en contra de lo que hay y lo que se quiere hacer en las normas reguladoras para la administración de los recursos eléctricos (y energéticos en general), a efecto de no caer en extremismos absurdos.
En ese contexto, es de elemental sentido común que la reforma constitucional que se pudiera plantear para el actual periodo ordinario de sesiones, de ninguna manera deponga al ciento por ciento lo que se aprobó con anterioridad para imponer algo absolutamente diferente.
Porque no se puede manejar el supuesto de que si se apoya una reforma eléctrica en vez de la otra se estaría incurriendo en conductas a favor o en contra del país, en apoyo a la sociedad o para beneficiar a los especuladores de negocios como si se pidiera venerar a Dios o al demonio.
Y es que esos extremismos para calificar de positivo o negativo lo que existe o lo que se quiere poner en vigor en materia legal para el manejo institucional en el rubro eléctrico se antoja una actitud maniquea que desvaloriza todo lo ajeno y pretende sobre valorar lo propio.
Cuando que, justo es señalar que si bien una extremadamente libre participación privada, es potencialmente abusiva, darle gran poder al gobierno sin una supervisión independiente representa otro peligro en potencia al propiciar abusos y desviaciones como ya ha sucedido en el pasado.
Y justamente de lo que se trataría es que de proceder a una ley eléctrica se mantenga lo que favorezca los intereses colectivos, en lugar de cobijar a mafias de carácter privado o público, con amplias libertades para decidir lo que a su juicio convenga más, sin probar a nadie que así será.
En ese tenor, hace falta una discusión abierta entre los legisladores y especialistas independientes que ofrezcan su parecer respecto a lo que en verdad sirve de lo que se hizo en la reforma eléctrica de Peña Nieto y lo que podría darle una mejor eficacia a la normatividad legal por el bien nacional con las adecuaciones que propone el presidente.
La idea de dejar que los hombres de negocios sean los que tomen la batuta y desplacen al sector oficial de la toma de decisiones, decidiendo qué hacer, cómo y con quiénes operar el manejo eléctrico en el país, obviamente, implica riesgos, como los que advierte el Presidente.
Pero, irse de plano al otro lado dejando que la Comisión Federal de Electricidad se transforme en un “gigante avasallador” que haga lo que le plazca sin consultar a nadie, es igualmente un riesgo que no se debe de correr.
De ahí la importancia de que los legisladores, mediante un consenso en aras de buscar el equilibrio entre las disposiciones vigentes y las que se quieren implantar en materia eléctrica, una vez que se defina qué manejos debe darse a la industria en bien el país, se cierren los círculos de control para que lo que sea que se resuelva y se legisle atienda a los intereses de la gente.
Por la misma razón, es indispensable que criterios y voces sin inclinaciones premeditadas, aporten al diálogo para una legislación que no se caracterice por lo típicos vaivenes de ir de un extremo a otro, optando reformar lo que ciertamente signifique un cambio en beneficio de la colectividad.
Y para conseguirlo hace falta en materia eléctrica una reforma sensata.