Morena se opone a formar una comisión para investigar la tragedia de la Línea 12
Miguel Ángel Rivera miércoles 15, Sep 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Ya hemos mencionado que se atribuye a Napoleón haber dicho que, si quieres que un problema se resuelva, se debe nombrar a un responsable, pero si no deseas llegar a una solución, entonces debe formar una comisión.
Tal vez los diputados locales de Morena no están al tanto de tal conseja o, posiblemente, son tan precavidos que prefieren evitar el riesgo de que, por primera vez, una comisión se equivoque y llegue a solucionar un problema.
Sea cual sea el razonamiento, el hecho es que la bancada de Morena -siempre secundada por sus rémoras- evitó que se integrara una comisión legislativa con la finalidad de encontrar las causas verdaderas del desplome ocurrido en la Línea 12 del Metro, que dejó un saldo de 26 muertos y casi 80 heridos, y, de ser posible, señalar a posibles responsables.
El diputado Royfid Torres, de la Asociación Parlamentaria Ciudadana -una ficción para darle presencia al único diputado de Movimiento Ciudadano- presentó una iniciativa para crear dicha comisión, que se enfoque en esclarecer los hechos, la reparación del daño a las víctimas y, de alguna manera, asegura que no se repetirán los hechos.
Como ocurre con cualquier iniciativa no enviada por el Ejecutivo, el grupo parlamentario de Morena y sus aliados bloquearon la creación de una comisión especial para dar seguimiento a la investigación por el colapso de una trabe metálica del tramo elevado de la Línea 12 del Metro.
“Ante las evidencias que nos presenta el gobierno de la ciudad y la empresa encargada de hacer el dictamen (DNV), consideramos que este Congreso tiene la obligación de investigar y ejercer una facultad inherente que es la rendición de cuentas para una verdadera justicia a las víctimas de este hecho”, dijo el legislador de MC.
Torres González indicó que dicha Comisión es necesaria, “ya que, aunque son sabidas las conclusiones realizadas por la empresa noruega DNV a nivel técnico y se informó sobre dos carpetas de investigación por parte de la Fiscalía capitalina, no ha sido satisfecha la exigencia de justicia por parte de las víctimas, directas e indirectas, del accidente”.
El diputado del PAN Federico Döring respaldó la iniciativa en favor de las víctimas y dijo que no se debe tomar “como palabra de Dios” la información que emita el gobierno de la Ciudad de México. “La ciudad tiene derecho a saber la verdad”, añadió.
Sus argumentos no fueron suficientes, pues Gerardo Villanueva, de Morena, acusó a los diputados de oposición de ser “oportunistas” y usar la tragedia para “hacer política de una forma muy baja”. Además, aseguró que el Congreso capitalino ya tiene “las herramientas parlamentarias” para enfrentar el tema.
De cualquier forma, está pendiente señalar
quién fue el responsable del desplome
A pesar de los argumentos de los legisladores “morenos”, lo cierto es que las conclusiones publicadas hace unos días por la empresa especializada DNV no resultan satisfactorias para nadie.
Estamos todos a la espera del dictamen a cargo de la Fiscalía General de la Ciudad de México, al frente de la cual está la abogada Ernestina Godoy, cuyas conclusiones sí tendrán efecto jurídico, pues las conclusiones de la extranjera DNV no resultan vinculantes y, en el mejor de los casos, servirán de respaldo técnico para lo que dictamine la Fiscalía.
La demora en dar a conocer las conclusiones da lugar a sospechas de que no se quiere incurrir en un conflicto político, pues el responsable en el tramo inicial de la construcción y puesta en operación de la Línea 12 es el ahora secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, quien tiene la doble condición de ser precandidato presidencial y principal contendiente de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
En consecuencia, cualquier acción jurídica contra el precandidato se podría interpretar como un intento de bloquearle el camino hacia la nominación presidencial.
La otra potencial salida es responsabilizar al antecesor de Sheinbaum al frente del gobierno capitalino, el ahora senador y ex candidato presidencial Miguel Ángel Mancera y una acción en ese sentido encenderá de manera anticipada la lucha por la sucesión presidencial, pues, aunque disminuido en la actualidad, el ex mandatario capitalino tendrá una participación importante en la venidera lucha presidencial.
Una tercera salida es cargar la responsabilidad judicial al más poderoso empresario del país, el mandamás del Grupo Carso, Carlos Slim, quien aparentemente se protegió contra una denuncia penal al aceptar realizar las reparaciones necesarias en el tramo que le fue concedido a una de sus empresas, sin costo para el erario.
En el otro extremo, entre las filas triunfalistas de Morena y asociados se presume que no es necesario que la jefa de Gobierno se involucre en conflictos, pues bastará con su palabra para dar fin a estas especulaciones acerca de quién es el responsable.
Esto podría ser el tema central del tercer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, el venidero día 17, viernes, cuando deba presentarse ante el pleno del llamado Congreso capitalino.
Lo único que podría cambiar el panorama es la pandemia de Covid-19, pues asesores de la jefa de Gobierno capitalino aconsejan que no se presente ante el pleno de ese órgano legislativo, pues ya se tienen antecedentes de que en el Palacio del Ayuntamiento no se tiene mucha confianza en los pronósticos y recomendaciones del “zar” de la pandemia, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
Por fuera, este asunto de acreditar la responsabilidad de la tragedia en la Línea 12 del Metro se complicó por la demanda presentada por el despacho jurídico Regino Abogados, que lleva la defensa de 15 ex funcionarios contra la Fiscalía de la CDMX, porque supuestamente violó las leyes al compartir datos con la empresa DNV respecto a la investigación de la tragedia en el Metro.
Otra vez se puede aplicar la sentencia popular acerca de que, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo.
Ese despacho lo encabeza el abogado Gabriel Regino, quien fue subsecretario de Seguridad Pública en el gobierno del entonces Distrito Federal que encabezó el ahora presidente López Obrador.
El litigante expuso en conferencia de prensa que la denuncia es por presuntas irregularidades en la manipulación de los datos relacionados con la investigación entre la Fiscalía capitalina y la empresa DNV.
En particular el ex funcionario -quien sostiene que la tragedia en la Línea 12 pudo haberse evitado- dijo haber presentado la denuncia contra la fiscal del caso de la L12, María de la Luz Alcántar; contra la gerente del área de análisis de riesgo DNV, Milagro Trinidad González y contra la empresa DNV México.
Horas de debate en torno a un asunto que
no le competía a la Cámara de Diputados
Desde hace tiempo, los diputados de Morena y sus rémoras iniciaron el proceso para el desafuero del procurador de Justicia de Morelos, Uriel Carmona Gándara, acusado por el gobierno de ese estado, encabezado por el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, de irregularidades en el manejo del presupuesto.
Como parte de las acciones en contra del funcionario -cuyos simpatizantes sostienen que es perseguido por el gobernador para tener un “fiscal amigo”- morenos y asociados emprendieron un juicio de procedencia, es decir de desafuero, para permitir que fuera juzgado.
El problema es que había dos obstáculos no previstos por los diputados ávidos de “hacer justicia”: ese funcionario, de conformidad con la Constitución de Morelos, no goza de fuero y, segundo, una juez federal le concedió amparo, el cual no pueden violar ni los diputados federales.
No obstante, por cuarta o quinta ocasión, los legisladores morenos, incluido el flamante presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, intentaron vanamente que se aprobara un dictamen de la Sección Instructora, también encabezada por Morena, para desaforar al referido fiscal morelense.
Se invirtieron horas en un intenso debate, en donde los morenos y asociados nuevamente acusaron a la oposición de oponerse a que se aplique justicia sobre malos funcionarios. Pero por más que alegaron, tuvieron que doblegarse ante la realidad: ¿cómo se quita el fuero a un funcionario que no lo tiene? Y, segundo ¿la Cámara de Diputados tiene capacidad para violar el amparo concedido por un juez federal?
