Dijo Scherer que no deja litigios, pero el Presidente tiene “otros datos”
Miguel Ángel Rivera viernes 3, Sep 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Al despedirse del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que se confirmó su renuncia, el ahora ex titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra se declaró satisfecho con el trabajo realizado y destacó que no deja litigios en curso que pudieran poner en riesgo la continuidad de las principales obras de este gobierno.
Esa es la visión del abogado, pero hay muchas opiniones en contrario, pues muchas de las reformas promovidas por el gobierno federal y aprobadas con toda celeridad y, sin cambios, por los legisladores del partido oficial y sus aliados, han sido combatidas por legisladores de oposición, por organismos autónomos y por particulares afectados. Los juicios de amparo y las demandas de inconstitucionalidad están en espera del dictamen de la Suprema Corte de Justicia.
Pero si los antecedentes no fueran suficientes, como se ha convertido en costumbre durante los tres primeros años de la llamada Cuarta Transformación, de inmediato surgen “otros datos” desde Palacio Nacional que dejan dudas acerca de lo afirmado por el ex consejero jurídico de la Presidencia.
Por ejemplo, la agencia apro, filial de la revista Proceso, fundada por Julio Scherer García, padre del ahora ex funcionario, incluye en su despacho de ayer una nota titulada “AMLO reconoce que aún hay pendientes 17 juicios de amparo por la cancelación del NAIM”. El sumario dice: En su Tercer Informe (AMLO) señala que en los últimos nueve meses se presentaron 79 juicios de amparo en contra de la cancelación de la obra aeroportuaria y se atendieron 21 juicios, de los cuales se resolvieron cuatro.
En el cuerpo de la nota se aclara que la información aparece en el texto del Tercer Informe de Gobierno entregado a la Cámara de Diputados por el recién nombrado secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en representación del presidente López Obrador.
La cancelación del aeropuerto en la zona de Texcoco fue la primera gran acción del gobierno de la llamada Cuarta Transformación. De hecho, se anunció antes de que López Obrador tomara posesión y también generó las primeras y fuertes reacciones en contra, como lo confirma el hecho de que todavía están pendientes las mencionadas 17 demandas.
Otra de las cruzadas que ha emprendido el actual gobierno federal es la contrarreforma energética, que tiene como aspecto central reforzar las dos más grandes empresas nacionales, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que, al decir del primer mandatario y sus colaboradores, han sido afectadas por un proceso de privatización llevado a cabo por los anteriores gobiernos conservadores y neoliberales, lo cual se ha llegado a considerar como una traición a la patria.
Lejos de las proclamas de los seguidores de la 4T, los intentos de rescate han sido combatidos con firmeza porque contravienen la Constitución General de la República y compromisos adquiridos por México en acuerdos internacionales como el Tratado de Libre Comercio con Canadá y los Estados Unidos (T-MEC).
Además, los pretendidos cambios -que en gran parte están detenidos por amparos concedidos por jueces y tribunales federales- han sido duramente combatidos por defensores del medio ambiente que se oponen a la quema de combustibles fósiles para la generación de electricidad y que por lo mismo califican desde ahora como “elefante blanco” una de las grandes obras de la actual administración, la refinería de Dos Bocas.
Otro de los conflictos jurídicos que tiene que enfrentar la llamada Cuarta Transformación es la creación y operación de la Guardia Nacional, impugnada desde su nacimiento, así como las muy vinculadas reformas en materia de seguridad, por considerar que atentan contra los derechos humanos.
Están pendientes las resoluciones de la Suprema Corte en esa materia, mismas que se dimensionarán en caso de que se apruebe la reforma para que la Guardia Nacional dependa directa y totalmente de la Secretaría de la Defensa.
Es muy extendida la oposición de diversas corrientes sociales a lo que se conoce como un proceso de militarización de la vida nacional. Esto además de que contradice una de las principales ofertas de campaña del ahora presidente López Obrador: devolver a las fuerzas armadas a sus cuarteles.
Con la confirmada renuncia de Scherer Ibarra se ha recordado que otra de las principales tareas que tuvo encomendadas fue la de contribuir a la reforma del Poder Judicial Federal, que ya se aprobó a partir de un proyecto personal del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
En esta materia, el principal punto de controversia es un artículo transitorio, aprobado de última hora por Morena y asociados, que amplía dos años el mandato del presidente de la Corte y de algunos de los integrantes del Consejo de la Judicatura, en contra de lo que dispone la Constitución.
El embrollo ha quedado bajo la responsabilidad de la Suprema Corte. Ya su presidente, el mencionado ministro Zaldívar, dijo que no acepta la ampliación de su mandato, pero falta el dictamen del pleno del máximo tribunal, que debe entrar al fondo del asunto.
Estos son sólo algunos de los temas más relevantes de los conflictos que debe atender la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, pues hay otros más que resultaría excesivo repasar.
Esa es la tarea pendiente para la nueva titular de esa dependencia presidencial, María Estela Ríos González, quien ya trabajó en esa misma área con López Obrador, cuando era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.
El ganador del quién es quién en las
mentiras de la semana: Jesús Ramírez
Ayer comentamos en este espacio que la renuncia de Scherer Ibarra daría motivo para que en la próxima emisión del segmento Quién es Quién en las Mentiras de la Semana, se presentara como culpable a algún reconocido medio de información.
En particular señalamos que el caso sería especialmente difícil para la encargada de ese espacio, Ana Elizabeth García Vilchis, pues entre los medios que difundieron la versión de la renuncia, antes de que fuera confirmada por la Presidencia, fue la agencia apro de Proceso, la casa editorial de la familia Scherer Ibarra.
Al confirmarse la salida de Julio Scherer Ibarra, la situación se tornó más difícil para García Vilchis, pues fue su jefe inmediato, el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, quedó como mentiroso, al asegurar que se trataba sólo de rumores.
O tal vez peor para ese funcionario, pues tal vez evidenció que no tiene absoluta confianza de parte de su jefe, el Presidente de la República, y que por eso no estaba enterado.
Aunque haya sido exhibido, Ramírez Cuevas tiene el consuelo -dicen los rumores palaciegos- de que salió del equipo una persona que no era de su agrado.
La lucha por el poder afecta a chicos y grandes
Durante mucho tiempo, el PAN presentó como uno de sus motivos de orgullo ser el único partido con procedimientos democráticos para elegir a sus dirigentes y candidatos. Pero eso también genera conflictos internos.
Tanto Vicente Fox como Felipe Calderón enfrentaron conflictos por la conducción del partido y se justiticaba porque el partido estaba en el poder.
Ahora lo que sorprende es que, a pesar de este disminuido, el PAN todavía. provoca disputas internas.
El actual presidente nacional, Marko Cortés, pidió licencia para dejar el cargo porque pretende reelegirse, pero asegura que pretende competir en igualdad de circunstancias.
A pesar de esas promesas, otro de los principales aspirantes a conducir al partido, el gobernador saliente de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, renunció a competir por considerar que no existen las condiciones democráticas que, por vocación y convicción, deberían animar la vida interna de su partido.
En una carta que compartió en sus redes sociales, el mandatario señaló que los panistas necesitan un partido unido, abierto, transparente, limpio y democrático.
Los que sí aceptaron las condicione fueron Adriana Dávila Fernández y Gerardo Priego Tapia, quienes junto con Marko Cortés, se registraron ante la Comisión Organizadora Nacional de la Elección, encabezada por Gonzalo Altamirano. Cada aspirante recibió, en formato electrónico, copia del Listado Nominal Preliminar de afiliados para que puedan recolectar firmas de apoyo.
