El nuevo secretario de Gobernación sabe adecuar las leyes a la realidad
Miguel Ángel Rivera lunes 30, Ago 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Como en las películas, se debe aclarar que cualquier coincidencia con la realidad es mera coincidencia.
Vale relatar —esta es la película— que, en menos de dos horas, cerca de la medianoche, el pasado jueves 26, el independiente y autónomo Poder Legislativo (Congreso o Cámara de Diputados) del estado de Campeche dejó constancia de perseverancia en el cumplimiento de su deber y, al mismo tiempo, eficiencia para sacar adelante sus responsabilidades y hasta para solucionar imprevistos.
Este elogio al cumplimiento del deber se debe hacer extensivo al Poder Ejecutivo, pues todo el equipo del gobierno estatal se mantuvo alerta para cumplir su parte en el libreto.
El tema central fue el cambio de gobernador, que debía satisfacer tres requisitos fundamentales: uno, cumplir con las órdenes del jefe máximo de la política nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador; dos, facilitarle al gobernador del estado su traslado al gobierno federal; y, tres, asegurar que la conducción del gobierno estatal se mantenga en poder de Morena mediante un hombre de probado compromiso con la llamada Cuarta Transformación y con su jefe.
Primera parte: el líder y guía del país, el presidente López Obrador decide acelerar el nombramiento del nuevo secretario de Gobernación, que ya tenía “in péctore”, y para el cual había elegido al gobernador de su natal Tabasco, Adán Augusto López Hernández, su “paisano, amigo y compañero entrañable”.
El mandatario tabasqueño no pudo tomar posesión de inmediato porque primero tenía que pedir licencia al Congreso de su estado, pero el jefe del Ejecutivo federal no podía esperar.
Entonces, se puso en movimiento la maquinaria legislativa, a marchas forzadas, pues el Congreso tabasqueño está en receso. No importa, la Comisión Permanente, que estuvo en guardia toda la tarde, sesionó de noche a toda prisa para aprobar la solicitud del gobernador y designar al gobernador sustituto, que fue el hasta horas antes “superdelegado” de Solidaridad, Carlos Manuel Merino Campos, otro entrañable amigo del primer mandatario.
En el proceso, se descubrió un resquicio en la Constitución estatal que no es del agrado de la llamada Cuarta Transformación, el nombramiento del mandatario sustituto sería, de acuerdo con los ordenamientos constitucionales, por sólo 60 días, al cabo de los cuales se debería reunir el Congreso para elegir a un gobernador interino que concluya el mandato de Adán Augusto López en octubre de 2024, que tal vez no sería el ya designado Merino Campos.
El partido oficial, Morena, tiene amplia mayoría, pero ¿para qué arriesgar? Por eso se convocó de inmediato a un periodo extraordinario, de los que tanto gustan al actual gobierno federal, para reformar la Constitución local, de modo que el gobernador saliente, López Hernández, goce de una licencia por tiempo indefinido y pueda regresar al cargo cuando considere conveniente, y segundo, que el mandatario interino pueda continuar hasta que termine el periodo constitucional, en el referido octubre de 2024. Esto imponía también ajustes en el Ejecutivo.
La Constitución ordenaba que en caso de licencia al gobernador, su sitio por el referido periodo de 60 días lo debería ocupar quien tuviera el cargo de secretario general de Gobierno.
El secretario de Gobierno, cuando López Hernández fue llamado a México, era José Antonio de la Vega Asmitia, también miembro del grupo de amigos que se formaron (no había de otra) en el PRI. Cuando vino la ruptura dentro de las filas del tricolor, equivocó el camino, pues en vez de ir con otros jóvenes en respaldo de Andrés Manuel López Obrador, optó por el PAN y llegó a ser diputado federal y aspirante a gobernador. Luego enmendó el camino y, primero, colaboró con el ex gobernador surgido del PRD, Arturo Núñez y, luego, López Hernández le dio cabida en su equipo de gobierno, primero como secretario de Desarrollo Energético y después como segundo de a bordo.
Pero al parecer la penitencia no fue suficiente. Por eso, de última hora cuando López Hernández retornó a Villahermosa para operar su reemplazo, de la Vega Asmitia, “renunció” y de inmediato fue reemplazado por el capitán (piloto aviador) Merino Campos, de quien los chismes locales dicen que no terminó la carrera de administrador de empresas, pero en opinión del ahora secretario de Gobernación, “es un tabasqueño honesto, bueno, noble y leal, cercano a él y al presidente López Obrador”. Efectivamente, el ahora gobernador tabasqueño ha sido siempre su sombra, fue su suplente como diputado local y federal, así como en el Senado, donde fue titular cuando López Hernández dejó la Cámara para ser dirigente estatal de Morena.
Lleva mucho espacio detallar el proceso, pero de acuerdo con las crónicas de medios locales, llevó apenas dos horas, la noche del jueves.
Nada que ver con la llamada “Decena Trágica”, de 1913. Por supuesto, no se trata de un golpe de Estado, ni hay crímenes de por medio. Dos horas son poco tiempo para tanto movimiento, pero nada que ver con los 45 minutos que duró como presidente Pedro Lascuráin Paredes, quien ocupó el cargo en su condición de secretario de Relaciones Exteriores. Ese lapso fue suficiente para que Lascuráin nombrara ministro de Gobernación al traidor general Victoriano Huerta, presentara su renuncia y así el militar quedara al frente del Ejecutivo. En una sesión extraordinaria efectuada por la noche, en un Congreso rodeado por la tropa, salvo honrosas excepciones, los legisladores aprobaron la designación.
En Tabasco, el viernes se efectuó el acelerado extraordinario de la Cámara de Diputados y para el sábado ya se tenía la respuesta positiva de la mayor parte de los ayuntamientos de los 17 municipios de Tabasco, necesaria para ratificar la reforma constitucional.
El nuevo secretario de Gobernación
ofrece tener buena relación con el Congreso
Una de las fallas que se le atribuyen a la ex secretaria de Gobernación, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, es la de no haber logrado vencer la resistencia del bloque de oposición de conceder los votos necesarios para convocar a un tercer periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión que tanto interesa al presidente López Obrador para reglamentar su anhelada consulta popular para la revocación del mandato.
Sin embargo, los simpatizantes de la próxima presidenta del Senado dicen que difícilmente podía cumplir como emergente, luego de que al inicio del actual gobierno se le quitó a la dependencia a su cargo, entre otras muchas atribuciones, la interlocución con las cámaras del Legislativo.
Pero ese tema ya quedó en el pasado, pues ahora entre sus cartas credenciales, el nuevo secretario de Gobernación puede presentar su capacidad para lograr que los legisladores materialicen en reformas o nuevas leyes los proyectos que necesita para consolidar un gobierno.
Titulado licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Tabasco y con estudios de posgrado en la Universidad Sorbona Nueva-París y con antecedentes de legislador, el nuevo titular de Gobernación tiene buena interlocución con el Poder Legislativo, pero deberá asesorarse para evitar confrontaciones o, más bien, desautorizaciones de la Suprema Corte de Justicia.
En este sentido, deberá tener en cuenta lo sucedido con la popularmente conocida como “ley garrote”, que fue declarada inconstitucional por los ministros del máximo tribunal del país.
Se trata de una reforma al Código Penal de Tabasco, promovida por el entonces gobernador López Hernández con la finalidad de castigar con cárcel a las personas que obstaculizaran obras públicas o privadas.
Con olvido de que su amigo, líder y guía, López Obrador, llevó su carrera política a dimensión nacional mediante bloqueos a zonas petroleras y bloqueos en carreteras y avenidas de la capital del país, el entonces mandatario tabasqueño ideó esas reformas con el evidente propósito de evitar obstáculos e interrupciones a las obras prioritarias para la llamada Cuarta Transformación, en particular la refinería de Dos Bocas, instalada en territorio de su estado natal, proyecto que fue criticado desde su arranque por grupos de protección al medio ambiente.
La reforma penal, la mencionada “ley garrote” fue aprobada en julio de 2019, pero fue descalificada por la Suprema Corte en marzo del presente año.
