Impartidores de justicia del PJCDMX han emitido 314 sentencias definitivas de extinción de dominio

• Así lo informó el presidente del órgano judicial, magistrado Rafael Guerra Álvarez, en el foro Temas selectos de derecho civil, organizado por la Escuela Libre de Derecho.
• Detalló que actualmente están en trámite procesos por narcomenudeo, robo, trata de personas, secuestro, encubrimiento y delincuencia organizada

Al participar en el foro Temas selectos de derecho civil, organizado por la Escuela Libre de Derecho, el magistrado Rafael Guerra Álvarez detalló que actualmente están en trámite 246 juicios de extinción de dominio por narcomenudeo; 123, por robo; 66, por trata de personas; 46, por secuestro; 12, por encubrimiento, y 4, por delincuencia organizada.

De 2009 a junio pasado, impartidores de justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) han emitido un total de 314 sentencias definitivas de extinción de dominio, de las cuales 257 son a favor del gobierno capitalino y 57 a favor de personas afectadas, informó el presidente del órgano judicial, magistrado Rafael Guerra Álvarez.

Al participar en el foro Temas selectos de derecho civil, organizado por la Escuela Libre de Derecho, detalló que actualmente están en trámite 246 juicios de extinción de dominio por narcomenudeo; 123, por robo; 66, por trata de personas; 46, por secuestro; 12, por encubrimiento, y 4, por delincuencia organizada.

Destacó el trabajo conjunto en esta materia, a favor de la paz social, del órgano judicial capitalino con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través de la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio, y dijo que actualmente el PJCDMX desahoga estos procedimientos mediante dos juzgados especializados y una sala de apelación.

Afirmó que el procedimiento judicial actual en la materia satisface en términos generales los estándares internacionales necesarios para ser considerada una institución garante del orden público y el interés social, pero advirtió de la necesidad de que el Congreso reforme el artículo 22 de la Constitución, a fin de que se autorice la extinción de dominio respecto a bienes patrimoniales con destino ilícito.

Esto es, precisó, para hacer extensiva la extinción de dominio respecto a aquellos bienes de personas que, sin delinquir, coadyuvan, encubren, o permiten la comisión del delito, lo que constituye una estrategia fundamental para el Estado mexicano.

“No se trata de una reforma autoritaria; se trata de un ajuste legislativo necesario en congruencia con los estándares internacionales para que México cumpla con sus compromisos convencionales de combatir a la corrupción y el crimen organizado, y garantizar, de esta forma, el derecho humano de todas las personas a una vida tranquila, sin violencia, con seguridad y dignidad”, aseguró.

Al hacer un análisis de la actual Ley Nacional de Extinción de Dominio, destacó que, al regular la posibilidad de una aplicación retrospectiva, permite la acción en cuanto a conductas generadas con anterioridad a la emisión de dicho ordenamiento; esto reduce, comentó, la posibilidad de que crímenes como la corrupción sean prácticamente perdonados por el sólo transcurso del tiempo.

También subrayó que esa legislación establece mecanismos para que los bienes patrimoniales, productos, frutos, rendimientos y demás accesorios relacionados con delitos como corrupción, encubrimiento, delincuencia organizada, robo de vehículos, delitos cometidos por servidores públicos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos y petrolíferos, queden a disposición del Estado a fin de enajenarlos, aprovecharlos, usufructuarlos y monetizarlos a favor de las víctimas y del interés social.

Guerra Álvarez enfatizó que es de alto interés para el Estado mexicano y el gobierno de la ciudad el combate al crimen organizado, el lavado de dinero y la corrupción a través de la extinción de dominio, como una acción necesaria, razonable y proporcional que restringe el derecho humano a la propiedad, con motivo de la adquisición o uso de la misma con fines delictivos.

“Así como resulta importante establecer procedimientos de extinción de dominio que permitan declarar la pérdida de derechos patrimoniales sobre los citados, en franco respeto a los derechos humanos de todas las partes participantes en los mismos, más importante resulta ser la efectiva ejecución de sus resoluciones, y, sobre todo, que se refleje sustancialmente en la reducción del crimen y sus efectos”, subrayó.