Aprobados los desafueros de Huerta y Toledo; pendiente, consulta popular
Miguel Ángel Rivera jueves 12, Ago 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Como estaba previsto, el pleno de la Cámara de Diputados, erigido en Jurado de Procedencia, retiró el fuero al legislador Benjamín Saúl Huerta Corona, presunto responsable de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado contra menores de edad, acusado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
El inculpado, Huerta Corona no asistió a la sesión en donde se determinó su desafuero. Elementos de la Fiscalía General capitalina estaban al tanto para detenerlo en cuando dejara de tener la protección legal, pero no sería sorpresivo que se conociera su aprehensión ayer mismo, pues los policías de la Ciudad de México lo seguían desde hace días y, al parecer, ya se había solicitado también la colaboración de las autoridades de Puebla, donde reside el defenestrado legislador.
Al momento de terminar esta columna, los integrantes de la Cámara de Diputados seguían en sesión, para determinar si procede o no el desafuero también del diputado del PT Mauricio Toledo Gutiérrez, ex militante del PRD y ahora miembro del PT, acusado de enriquecimiento ilícito.
El desafuero de Huerta Corona fue aprobado por 447 votos a favor y dos abstenciones, de los diputados de Morena Paola Tenorio Adame y Agustín García Rubio, lo que significa que legisladores de todos los grupos parlamentarios avalaron el dictamen de la Sección Instructora, por considerar que existen elementos suficientes para acreditar la probable responsabilidad del diputado ex morenista, quien fue expulsado del partido oficial cuando se conocieron las denuncias en su contra.
En representación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), la coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, afirmó ante los legisladores que el Ministerio Público tiene pruebas sólidas para ejercer la acción penal contra Huerta.
Entre dichas pruebas destacan los testimonios de “la víctima adolescente de identidad reservada y de iniciales C.J.R.L., así como de su madre y su padre, además de peritajes, informes policiales e incluso la hoja de ingreso al hotel con fecha de llegada del 20 de abril y salida del 21 de abril de 2021.
Los abogados de Huerta Corona, Pável Arenas Landgrave y Juan José Salazar, en su defensa alegaron “ilegalidad del proceso”, así como desaseo en el proceso y un “linchamiento mediático” contra su cliente.
Al ratificar los cargos, el presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez, reiteró que el Jurado de Procedencia actuó en respuesta a una solicitud presentada por el MP en contra de una persona con inmunidad procesal penal por su carácter de diputado federal. Aclaró que no se trata de mandar a la cárcel a nadie. “Nosotros no somos la justicia”.
El PT sostiene que el desafuero
de Toledo es una venganza política
Salvo sus abogados, nadie más intervino en defensa del ex diputado “moreno”.
La única que se declaró en contra, pero no a favor del diputado poblano, sino en contra del gobierno federal por no actuar para combatir los abusos sexuales en contra de menores de edad y por la lentitud con que actuó la Cámara de Diputados para juzgar al acusado de violación y abuso sexual, fue la coordinadora de la bancada del PRD, Verónica Juárez Piña.
“Las maniobras y el cálculo político que se ha dado para postergar este proceso son evidentes. Pareciera que se priorizaban la protección a uno de sus compañeros por encima de la justicia y el interés superior de la infancia. Es reprobable que la madre y el padre de la victima tengan que venir a realizar plantones para exigir que el abusador de su hijo sea desaforado”, expresó la legisladora perredista.
“Las mayorías no deben usar a la Cámara de Diputados para encubrir a presuntos delincuentes y mucho menos a un abusador de menores de edad. Saúl Huerta, debe ser desaforado aquí y ahora”, sentenció.
En cambio, el ex delegado en Coyoacán Toledo Gutiérrez tuvo defensa hasta el último momento de sus compañeros del PT; quienes inclusive abandonaron el salón de sesiones para no validar lo que califican de venganza política.
En representación de la Fiscalía de la Ciudad de México, que también presentó la denuncia contra Toledo Gutiérrez, el fiscal especializado contra la corrupción, Rafael Chong Flores, reafirmó los cargos de enriquecimiento ilícito en contra del legislador federal y, además, informó ante el pleno de la Cámara de Diputados que Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (PT), huyó del país en julio pasado.
“No quiero dejar de señalar una información que tuvimos de última hora, en el sentido de que – según nos informan las autoridades migratorias mexicanas, el diputado Mauricio Toledo abandonó desde hace unos días, el 26 de julio pasado, el territorio nacional, con destino a la República de Chile”, dijo.
En relación a las denuncias en contra de Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito, dijo que entre 2012 y 2018 además de contar con inmuebles cuyo valor excedía el valor declarado, el ex delegado en Coyoacán tuvo incrementos en sus cuentas bancarias e incrementó su patrimonio en forma injustificada.
Por los plazos impuestos por el trabajo periodístico, no me fue posible esperar al resultado de la votación, pero por los antecedentes y los alegatos de los legisladores de Morena, que presumieron haber acabado con el encubrimiento ilegal a malos funcionarios públicos, es previsible que también Toledo Gutiérrez perderá el fuero y luego vendrá el proceso para solicitar su extradición.
Quedará “volando” la aprobación de la ley
reglamentaria de la ratificación de mandato
A pesar del enojo del presidente Andrés Manuel López Obrador y su regaño a los legisladores de Morena por no haber aprobado ya la ley reglamentaria de la consulta popular para la Revocación de Mandato, todo indica que ya no habrá tiempo para revisar ese tema en un nuevo periodo extraordinario de sesiones y tal vez ni siquiera se pueda realizar ese ejercicio que tanto interesa al primer mandatario.
Esto porque desde el 17 de junio de 2020, es decir, hace más de un año, el Congreso de la Unión está en falta, al no haber aprobado la ley reglamentaria para a revocación del mandato prudencial conforme a lo dispuesto en la reforma al artículo 35 constitucional, que entró en vigor el 21 de diciembre de 2019.
El artículo segundo transitorio de esa reforma establece que “dentro de los 180 días siguientes a la publicación de este Decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley a que se refiere el Apartado 8o. de la fracción IX del artículo 35”.
El coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de esa Cámara, Ricardo Monreal, ya tiene lista la iniciativa de ley reglamentaria, pero no puede ser tramitada porque el Congreso está en receso. La única posibilidad de tramitarla es convocar a un tercer periodo extraordinario de sesiones, pero esto no es fácil
Cuando se convocó al periodo extraordinario efectuado ayer, los legisladores de Morena y asociados intentaron introducir el tema, pero fue rechazado por el bloque de oposición y hasta, subrepticiamente, por algunos de los legisladores que se dicen de la llamada Cuarta Transformación.
Al respecto, diputados del PRD advirtieron que en la LXIV Legislatura, que está de salida, ya no hay condiciones para convocar a un tercer periodo extraordinario de sesiones, por lo que la ley reglamentaria de la revocación de mandato se tendrá que discutir en la siguiente legislatura.
“Ya no hay tiempo ni condiciones para discutir este tema y no lo sacaremos al vapor sólo porque el presidente tiene prisa por el temor de que no se apruebe a tiempo y en los términos en que él la quiere, para llevar a cabo la jornada de revocación de mandato que tendrá lugar en marzo de 2022. Se acabó el tiempo en que López Obrador imponía sus caprichos a la Cámara de Diputados”, añadió.
Además de la falta de ley reglamentaria, hay otros obstáculos para esa consulta que tanto desea el presidente López Obrador para colocar a su partido, Morena, en vías de repetir en el gobierno federal en las elecciones del 2024.
Para convocar a esa consulta se requieren las firmas de más de 2.8 millones de ciudadanos inscritos en la lista de electores y que participen en ella más de 37 millones de votantes, pero lo peor para el primer mandatario es que ese ejercicio será conducido por el Instituto Nacional Electoral (INE) al que tanto repudia.
