Se mantiene el empate entre la Federación y gobierno de Tamaulipas
Miguel Ángel Rivera miércoles 28, Jul 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
En medio de rumores acerca de una lucha apenas encubierta entre los gobiernos federal y el del estado de Tamaulipas, el gobernador de esa entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca logró una nueva victoria parcial para retener el poder y evitar la cárcel por lo menos hasta el término de su mandato constitucional, que concluirá en septiembre de 2022.
Esta victoria es parcial, pues los ministros de la Suprema Corte de Justicia no han entrado al fondo del asunto, que consiste en decidir si es válida la reforma que hicieron los diputados tamaulipecos a la Constitución de su estado para evitar que una legislatura posterior pueda realizar nuevas modificaciones para autorizar que quite el fuero al gobernador García Cabeza de Vaca, como lo decidió la Cámara de Diputados federal, pero que los legisladores salientes se negaron a aplicar, supuestamente por respeto a la autonomía de su estado.
En realidad, el desafuero del gobernante tamaulipeco es sólo un capítulo de la una larga lucha de gobernadores surgidos de las filas del PAN -aliados ocasionalmente con militantes de otros partidos de oposición- contra el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los gobernadores inconformes, que unas veces se presentan como GOAN (Gobernadores de Acción Nacional) y otras veces como Alianza Federalista, han protestado contra la forma como la llamada Cuarta Transformación distribuye los recursos federales; la desaparición del Seguro Popular que ha derivado en graves problemas como el desabasto de medicamentos y el mal manejo de la pandemia de la Covid-19, por mencionar sólo algunos temas.
En esa resistencia, uno de los mandatarios estatales que figuraron de manera destacada estuvo el tamaulipeco García Cabeza de Vaca.
En defensa de la 4T, los diputados del partido oficial retomaron denuncias, originadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y seguidas por la “autónoma” Fiscalía General de la República (FGR) y el resultado fue un juicio de desafuero a García Cabeza de Vaca, quien fue condenado por la mayoría de la Cámara de Diputados federal, controlada por Morena y sus rémoras.
Ese dictamen no se pudo aplicar, por una disposición constitucional que establece, para el caso de juicio político a funcionarios estatales, que la sentencia de los diputados federales debe ser ratificada por los diputados locales.
En este caso, el Congreso de Tamaulipas, dominado por el partido del gobernador, el PAN, se negó a retirarle el fuero y destituirlo. No sólo eso, como estos legisladores van de salida y a partir de octubre venidero serán reemplazados por otra Legislatura en donde Morena y socios tendrán aplastante mayoría, se cuidaron de dejar protegido a su compañero de partido. Las reformas constitucionales se conocen popularmente como el “blindaje” de García Cabeza de Vaca.
El conflicto se ha vuelto casi personal
Se dice que, adicionalmente, el mandatario en capilla ha buscado refuerzos dentro y fuera del país, fundamentalmente para conseguir testimonio de actos de corrupción de personas allegadas al presidente de la República. En ese marco, el presidente de Morena, Mario Delgado, como parte del pasado proceso electoral, en apoyo de sus candidatos, hizo una gira por Tamaulipas y se quejó de haber sido hostilizado por elementos armados al servicio del gobernador.
Lo que sí ha procedido es el congelamiento de cuentas bancarias del gobernador y de personas allegadas, a petición de las mencionadas UIF y FGR. Sean ciertos o no los detalles acerca de un enfrentamiento casi personalizado, la lucha se ha mantenido intensa en el terreno judicial y ha llegado hasta el máximo tribunal del país.
Tanto un grupo de legisladores de Morena como el Jurídico de la Presidencia de la República impugnaron la actuación y las decisiones de los diputados panistas que intentan proteger a su gobernador y que también buscaron conseguir el respaldo del Poder Judicial federal.
Las primeras controversias de ambas partes llegaron al ministro Juan Luis Alcántara -quien llegó a la Suprema Corte a propuesta del presidente López Obrador- quien actuó “salomónicamente” y desechó las protestas de los dos bandos en controversia. El asunto de fondo, el artículo 11 constitucional, en la parte donde dice que el desafuero de un funcionario estatal debe ser puesto a consideración del respectivo congreso estatal, deberá ser revisado y dictaminado por el pleno de la Suprema Corte.
No obstante, la lucha jurídica continúa y como parte de ella, la Suprema Corte dio a conocer ayer que admitía trámite dos impugnaciones, una del Jurídico de la Presidencia y la otra de legisladores de Morena, que demandan dejar sin efecto las reformas a la Constitución de Tamaulipas que protegen al mandatario estatal.
En apariencia, un golpe contra García Cabeza de Vaca, pero en realidad se trata de un nuevo empate, pues el máximo tribunal se negó a suspender la aplicación de las modificaciones aprobadas por los diputados tamaulipecos, con lo cual García Cabeza de Vaca mantendrá el blindaje legal, en tanto la Corte resuelve el asunto.
“Se admite a trámite la demanda que hace valer, con reserva de los motivos de improcedencia que se puedan advertir al momento de dictar sentencia. Se niega la medida cautelar solicitada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión”, expone el acuerdo dado a conocer por el máximo tribunal del país.
Otra tarea pendiente: acabar con la violencia
Cada lunes, el gobierno federal da a conocer un reporte acerca de la evolución de los principales delitos y el equipo encabezado por la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, se esfuerza por destacar que los principales indicadores van a la baja.
El balance general de ninguna manera puede ser tomado como positivo, sobre todo si se recuerda que, en campaña, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció superar el problema de violencia en seis meses.
Al paso del tiempo se evidencia asimismo que para contener la criminalidad no basta con los procedimientos hasta ahora aplicados, que consisten en el conocido lema de “abrazos, no balazos” y el procedimiento de repartir becas y otros beneficios económicos para evitar que una parte de la población, especialmente los jóvenes, se pongan al servicio del crimen, organizado o no,
Las cifras acerca de los altos índice de criminalidad están a la mano y llevan a lamentar las pérdidas que resienten miles de familias y el país en general.
Allí están, por ejemplo, las datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Durante 2020, en todo el país, se registraron 36 mil 579 homicidios, solo 82 homicidios menos que en 2019, cuando se reportó un total de 36,661.
Aun cuando se reconoce que efectivamente parece haber una tendencia a que disminuyan los homicidios, lo deseable es que fuésemos mucho más rápido.
Pero no es así. Por ejemplo, el más reciente reporte del Gabinete de Seguridad federal, correspondiente al pasado mes de junio, señala que se registraron 2 mil 251 homicidios dolosos, es decir, que cada día, en promedio, 75 personas fueron privadas de la vida.
El informe indica que en el primer semestre de este año, suman 14 mil 112 personas privadas de la vida, es decir, 529 menos comparado con el mismo periodo del 2020 cuando se contabilizaron 14 mil 641 víctimas.
También destaca que las cifras de junio representan una reducción de 8.5 por ciento con respecto a mayo en el que se contabilizaron 2 mil 462 víctimas. El día 2 fue el más violento con 95 asesinatos,
El Gabinete de Seguridad conformado por la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República (FGR), la Sedena, Marina, y el Centro Nacional de Inteligencia, señalan que el 30 de junio se registraron 88 asesinatos, de los cuales 16 se cometieron en Zacatecas, en Jalisco y Michoacán nueve respectivamente, siete en Chiapas, mientras que en el Estado de México, Guanajuato y Veracruz se contabilizaron seis homicidios por cada uno.
En tanto, las estadísticas del Inegi evidencian que ni siquiera el confinamiento impuesto por la pandemia del coronavirus hizo que disminuyeran los ataques violentos, pues México mantuvo en 2020 la misma tasa de homicidios de los dos años previos, con 29 asesinatos por cada 100,000 habitantes, máximo que se alcanzó en 2018.
