En vez de dirigir el Banco de México, el ex secretario de Hacienda podría ir a la cárcel
Miguel Ángel Rivera viernes 23, Jul 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
El incumplimiento en el abasto de medicamentos para niños con cáncer puede resultar muy caro al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador al impedirle realizar algunos de sus proyectos, en particular la posibilidad de colocar a un allegado al frente del Banco de México, con cuya actual administración ha tenido desacuerdos.
En particular, esta situación podría afectar al ex secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, quien recientemente dejó el cargo para estar en situación de que el primer mandatario lo pueda proponer como gobernador del Banco de México, pero podría quedar impedido para desempeñar esa responsabilidad o cualquiera otra en el gobierno e inclusive podría ir a la cárcel.
Esta situación afecta también al secretario de Salud, Jorge Alcocer, así como a la oficial mayor de la SHCP, Thalía Lagunas, quienes aparecen igualmente como responsables de la falta de medicamentos para los niños con cáncer.
Ellos fueron denunciados por desobedecer reiteradamente la orden de un tribunal para garantizar el abasto de 37 medicamentos oncológicos pediátricos en 54 hospitales públicos en 2020 y 2021. Por ello, un tribunal federal ordenó a la “autónoma” Fiscalía General de la República (FGR) denunciar penalmente a los tres funcionarios, por desacato a una sentencia judicial.
La orden fue emitida por el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, tras el desacato al mandamiento judicial emitido desde 2020. “A efecto de tutelar el debido cumplimiento de la suspensión concedida en el juicio de amparo en que se actúa, se hace efectivo el apercibimiento decretado el 2 y 8 de octubre de 2020, por lo que procede hacer la denuncia correspondiente en contra del secretario de Salud, del secretario de Hacienda y Crédito Público y del oficial mayor de dicha Secretaría, ante el Ministerio Público de la Federación”, detalla el acuerdo.
El juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa determinó asimismo que, en caso de que la Fiscalía no cumpla con integrar la carpeta de investigación, deberá de justificarlo ante el mismo juzgado el por qué no procede a la averiguación.
El mencionado delito por el que fueron denunciados se sanciona con pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.
La demanda inicial de amparo la presentó la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica (AMOHP), la cual señaló que la falta de medicamentos oncológicos le impide a los médicos prestar la atención médica debida y urgente requerida a los 260 niños, niñas y adolescentes que al 17 de julio de 2020 eran pacientes en el Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez.
En respuesta a la denuncia, las secretarías de Salud y de Hacienda rechazaron ser las responsables del abasto de medicamentos en los hospitales públicos.
En efecto, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación nunca ha aceptado el desabasto, ni mucho menos que sea su responsabilidad.
Apenas el pasado 24 de mayo, el presidente López Obrador admitió que sí hubo desabasto de medicamentos al inicio de su administración, pero lo adjudicó a un sabotaje hecho por parte de empresas que se dedicaban al suministro de los fármacos. “Una campaña muy fuerte, acusando de que no había medicamentos para los niños con cáncer, una situación muy dolorosa, imagínense enfrentar reclamos de padres con niños enfermos de cáncer”.
Lo peor fue el comentario del denominado “zar” contra la pandemia, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell que, en un programa de televisión con caricaturistas llevó la denuncia al grado de prácticamente acusar a los padres de los niños con cáncer de conspiradores.
Esos comentarios le valieron una condena generalizada y nuevas críticas contra la llamada Cuarta Transformación, que amainaron recientemente, cuando el primer mandatario y el secretario de Salud anunciaron que “ahora sí” ya habían contratado, con la ayuda de un organismo de las Naciones Unidas, la adquisición de medicamentos para tratamiento de cáncer.
Finalmente llega este fallo judicial que deja “en capilla” al secretario de Salud, la oficial mayor de Hacienda y al ex titular de esa dependencia, el mencionado Herrera Gutiérrez.
Después de las elecciones más grandes
vienen también las multas más cuantiosas
El proceso electoral que culminó el pasado 6 de junio fue el más concurrido, donde se disputaron más cargos de representación popular que nunca y, como secuela, puede dejar también la mayor cantidad en multas por irregularidades de los llamados actores políticos, principalmente por omisión y ocultamiento de gastos de campaña.
Esto casos debieron revisarse en la sesión de ayer del Consejo General del INE, pero debido al elevado número de asuntos, es difícil esperar al recuento general, que se conocerá en el curso de la noche o probablemente esta mañana. Sin embargo, el presidente del Instituto, el consejero Lorenzo Córdova anticipó que, de confirmarse las sospechas y pesquisas de las autoridades electorales, el total de las sanciones a los “actores políticos” podrían llegar a un total de mil 200 millones de pesos por conductas cometidas, tanto en los comicios federales como locales, a los cuales se sumarían otras protestas de las que podrían derivar multas por otros 129 millones de pesos, por lo cual el monto total superaría los mil 300 millones de pesos.
“De ser aprobados el día de hoy sería histórico en el ámbito de la fiscalización y para la rendición de cuentas”, destacó el consejero presidente del INE.
Córdova comentó que el 74 por ciento de las sanciones propuestas corresponde a los rubros de egresos no reportados, eventos, registrados de manera extemporánea, registro extemporánea en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), egresos e ingresos no reportados y no comprobados, entre otros. “Si hay algo en común en todos estos rubros, es la intencionalidad de ocultar información, de engañar a la autoridad, de mentirle a la sociedad mexicana sobre el dinero invertido en la competencia electoral”, señaló.
De confirmarse estas sospechas, o al menos la mayor parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendría suficientes recursos para afrontar el aumento de gastos que significarán las tareas que debe cumplir el año venidero, entre las cuales destaca la “consulta popular” inventada por el presidente López Obrador para conocer si “el pueblo bueno”. Precisamente para calcular los recursos que se requieren para el año venidero, el Instituto estableció una comisión especial para determinar su presupuesto para 2022.
Este procedimiento resultaría innecesario si el INE pudiera disponer del producto de las multas que se apliquen a los partidos políticos, pero como resulta que el sistema electoral mexicano está construido a partir de la desconfianza -siempre existe el temor de que “el otro” haga trampa- el INE no tiene posibilidades de beneficiarse del producto de esas multas, sino que las tiene que entregar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Así, la única feliz será la titular de ese organismo, Elena Álvarez Buylla, pues ni siquiera alcanzará a los becarios e investigadores, a los cuales se les han recortado todos sus ingresos, en aras de la austeridad pregonada recortó muchos beneficios, salvo a algunos privilegiados como el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien en junio pasado fue elevado al más alto nivel del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), del cual había sido rechazado en cinco ocasiones por incumplir requisitos.
En cuanto a las multas que podría aplicar el INE, uno de los casos salientes es del PVEM que contrató “influencers” para hacer campaña en su favor el mismo día de las votaciones, lo cual obviamente está prohibido y podría costarle hasta la pérdida del registro, lo cual seguramente no ocurrirá para un aliado de la llamada Cuarta Transformación, pero si le costará una multa que se estima en 40 millones de pesos, el doble de los que se estima gastó en contratar a esos “líderes de opinión”.
Los defensores del PVEM alegan que el pago se hizo con aportaciones de militantes, lo cual de no comprobarse le podría acarrear sanciones adicionales, si no reportó oportunamente esos ingresos.
