Magistrados evidencian que no hay conjura contra el gobierno federal
Miguel Ángel Rivera viernes 16, Jul 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Apenas un día después de que se volvió a quejar de la actuación de los jueces, el Poder Judicial federal le dio al presidente Andrés Manuel López Obrador una muestra contundente de que no es su enemigo político ni se guía por intereses particulares.
De la otra parte, es de esperar que los juzgadores no hayan actuado por la presión de las constantes denuncias y quejas del primer mandatario por los fallos judiciales en contra de los cambios que intenta impulsar para consolidar la que llama la cuarta transformación.
El hecho es que el Primer Tribunal Colegiado Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con jurisdicción en toda el país, determinó echar atrás la medida cautelar otorgada a la empresa Parque Solar Orejana en contra de la Ley de la Industria Eléctrica, la cual tenía efectos generales, es decir, que amparaba a todas las empresas del sector, inclusive las que no presentaron ninguna demanda contra esa norma impulsada por el presidente López Obrador y aprobada con toda celeridad por los legisladores del partido oficial, Morena y sus rémoras.
El fallo del mencionado tribunal federal significa que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador podrá poner en marcha en próximas semanas la nueva Ley de la Industria Eléctrica, cuya entrada en vigor había sido detenida por suspensiones (amparos) concedidos por jueces de distrito.
Pero esta entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica no es un proceso automático. Previamente, la Secretaría de Energía (SE), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) deben adecuar sus reglamentos a lo dispuesto en la referida ley, para lo cual tienen un plazo de seis meses,180 días.
Los magistrados del Tribunal Colegiado consideraron que la entrada en vigor de la enmienda no causa un perjuicio a los participantes del mercado eléctrico, debido a que el artículo tercero transitorio prevé precisamente un plazo de 180 días para ajustar todas las normas del sector.
La decisión del Primer Tribunal Colegiado Distrito en Materia Administrativa se suma a la decisión, hace un par de semanas, del Segundo Tribunal Colegiado en la mencionada materia que, igualmente, echó abajo otra suspensión definitiva.
Ahora, como resultado de la coincidencia de criterios entre tribunales, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica se podrá aplicar luego de que las instituciones señaladas, la Secretaría de Energía, la CRE y el Cenace den a conocer las disposiciones reglamentarias a las que están obligadas.
Es de suponer que no necesitan el plazo completo de los seis meses para hacerlo, pues se presume que las tenían listas desde que se promovió la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y, si no, tuvieron tiempo para definir las adecuaciones mientras estuvieron vigentes las suspensiones o amparos concedidos por los jueces de distrito Rodrigo de la Peza López Figueroa y Juan Pablo Gómez Fierro, titulares de los juzgados Primero y Segundo en la citada materia, respectivamente.
Esto significa que, una vez publicadas los reglamentos respectivos, las empresas del sector podrán solicitar nuevamente la suspensión de actos. De cualquier forma, los fallos de los tribunales colegiados evidencian que no existe en el Poder Judicial ninguna conjura ni consigna para defender a las empresas privadas, como ha denunciado el presidente López Obrador.
En todo caso, lo que se requiere es claridad en los ordenamientos y, sobre todo, cumplir con las normas constitucionales o esperar a que prosperen las reformas a la Carta Magna anunciadas por el primer mandatario.
El PRI escupe contra el cielo
La disputa por el control del otrora “invencible” Partido Revolucionario Institucional (PRI) está en su más alto nivel, pero lejos de apuntar hacia una recuperación parece encaminarse hacia la extinción definitiva de ese organismo creado por Plutarco Elías Calles para terminar con la lucha violenta entre las bandas revolucionarias.
En las pasadas elecciones de junio 6, el tricolor tuvo su peor derrota en más de 90 años de existencia desde que nació, en 1929, como Partido Nacional Revolucionario (PNR). De 15 gobiernos estatales en disputa no ganó uno solo; por el contrario, perdió ocho: Sinaloa, Tlaxcala, Sonora, Colima, Zacatecas, Guerrero e incluso en Campeche, la tierra del presidente del partido, Alejandro Moreno Cárdenas.
La debacle se disimuló un poco por haber recuperado algunas diputaciones federales, pues los cálculos más optimistas les aseguran sumar 75 escaños, los cuales representan un aumento de casi el 50 por ciento respecto de su muy disminuida representación en la saliente Cámara de Diputados, pero los mantiene en un penoso tercer sitio.
Por esos resultados, han vuelto a surgir los vaticinios de el antes poderoso tricolor está en vías de extinción, como se dijo luego de su doble derrota ante su ahora aliado, el PAN.
A pesar de los pronósticos en contra, todavía hay bandos o bandas que se disputan los despojos, con el pretexto de que pretenden devolver al partido al menos parte de la grandeza perdida.
Conforme a la tradición de disciplina interna, algunas corrientes han pedido convocar a los organismos internos de gobierno, inclusive a una asamblea nacional, para discutir las vías para la recuperación y, sobre todo, decidir quién o quiénes deberán conducir ese proceso de revitalización, pero hasta ahora no han sido atendidos.
El dirigente nacional, Moreno Cárdenas, parecía, en condiciones “normales”, un proyecto para una futura contienda presidencial con vistas a recuperar nuevamente la Presidencia de la República, pero en la actual contingencia no parece tener la fuerza suficiente o, tal vez, carece de los respaldos necesarios para encabezar la reanimación de ese desfalleciente instituto político.
Ante esta situación aparecieron los inconformes que prefieren la acción directa. Con el ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz y la ex secretaria del Vinculación con la Sociedad Civil Nallely Gutiérrez Gijón como cabezas visibles, un grupo de inconformes se apostó frente a la sede de la dirigencia nacional del tricolor en la capital del país, para pedir “democracia” dentro del partido, pero en especial la renuncia de su dirigente nacional, el mencionado Moreno Cárdenas, a quien acusan de estar muy cerca de la llamada Cuarta Transformación y del presidente López Obrador.
Como hubo actos violentos, intervino la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, encabezada por Fernando Elías Calles, la cual inició el proceso de expulsión contra Ulises Ruiz.
Además de encabezar la protesta callejera en la hubo al menos un herido de bala y otros lesionados en enfrentamiento con contingentes que respaldaban al dirigente nacional, al ex mandatario oaxaqueño se le agregan delitos que supuestamente cometió o indujo durante su mandato en ese estado.
Entre esos cargos están el de atacar a civiles mediante grupos paramilitares, casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y enriquecimiento inexplicable. Básicamente todo se concentra entre 2006 y 2007 durante un movimiento de protesta encabezad por el magisterio disidente afiliado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Es aquí donde las denuncias se vuelven en contra, no sólo de las corrientes en pugna, sino de todo el partido que ambas partes aseguran tratar de salvar.
Si bien en esa época el gobierno de la República estaba en poder del PAN, resulta injustificable que el PRI hubiera encubierto a funcionario público que supuestamente cometió graves delitos y violaciones a los derechos humanos. No se explica que en 15 años no se hubiera actuado contra un militante que presuntamente desprestigiaba a su partido.
Por eso se puede afirmar que, si se sostienen esos cargos contra Ulises Ruiz, se justifica la expresión de que el tricolor “escupe al cielo”.
Según nota publicada por el diario Milenio, “en entrevista con Azucena Uresti para Telediario, el ex gobernador de Oaxaca se dio por enterado del proceso en su contra y anunció que acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para “defender nuestros derechos”, lo que continúa, explicó, es seguir trabajando en beneficio de la permanencia del partido”.
