Presidente de la Suprema Corte de Justicia pide reconocer corrupción
Miguel Ángel Rivera jueves 8, Jul 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Aunque no ha querido definirse acerca de aceptar o no la ampliación de su periodo que le obsequiaron los senadores y diputados de la llamada Cuarta Transformación y a pesar de que todavía está pendiente que sus compañeros del máximo tribunal del país definan si es o no constitucional esa disposición, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, parece estar en campaña para justificar ser el único capaz de sanear el Poder Judicial de la Federación.
Ayer, al realizar una autocrítica de la actuación de los tribunales en México, el ministro presidente de la SCJN reconoció que la corrupción persiste en ese poder federal y advirtió que quien afirme lo contrario “miente descaradamente”.
“Tenemos que ser firmes y tenemos que generar sanciones ejemplares para que la corrupción sea poco a poco una cuestión pasado. Y quien diga que en los tribunales no hay corrupción, o no ha estado en un tribunal o miente descaradamente”, dijo el ministro al participar en la conmemoración del 50 aniversario del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
Manifestó también que los tribunales no tienen una cercanía con la gente, pues no se reconoce en ellos una legitimidad social, mientras que la gente percibe a los jueces como “personas muy lejanas, ajenas a su vida diaria, y susceptibles de incurrir en la corrupción”.
“No resolvemos asuntos en una caja de cristal, los resolvemos en la sociedad, en una sociedad que exige justicia, en una sociedad en donde hay dolor y sufrimiento de décadas de abandono”, expresó asimismo el presidente de la SCJN, quien advirtió que, “si la corrupción es inadmisible en cualquier sector del gobierno o de órganos de poder, es mucho más grave cuando lo que se vende es la justicia, no hay razón alguna que justifique la corrupción en los tribunales de nuestro país”.
Los razonamientos del también presidente del Consejo de la Judicatura Federal resultan irrebatibles.
El único resquicio acerca de estas verdades es que el ministro Zaldívar está en campaña para justificar la reforma al Poder Judicial Federal que está en proceso en nuestro país, de la cual es el autor central y el responsable de ponerla en práctica.
La reforma ha sido presentada como la vía para terminar con las anomalías que aquejan al Poder Judicial federal, entre las cuales sobresalen precisamente la corrupción, la impunidad y el nepotismo.
Nadie puede estar en contra del diagnóstico ni puede oponerse a las acciones destinadas a corregir fallas y deficiencias, ni a posibles sanciones para los jueces que han incurrido en actos de corrupción que afectan a inocentes y dejan impunes a los verdaderos delincuentes. El único problema es que esa reforma se ha personalizado y se presenta a Zaldívar como el único capaz de realizarla y para eso se le concedió una ampliación de su mandato como presidente de la Corte por dos años.
Para ello, los senadores de Morena y sus “rémoras” aprobaron de última hora introducir un artículo transitorio y, como luego los emularon los diputados, alegaron que esta adición era necesaria para darle tiempo a Zaldívar para culminar su obra.
Este argumento fue sostenido luego por el líder y guía de la llamada Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien de hecho puso en duda la capacidad y la probidad de los restantes 10 ministros del máximo tribunal del país, además de que ha emprendido una campaña en contra de magistrados federales que han frenado algunas de sus reformas, a los cuales prácticamente califica de enemigos y los considera servidores de los grandes consorcios nacionales y extranjeros beneficiados por los ahora repudiados cambios que realizaron anteriores gobiernos “conservadores” y “neoliberales”.
En su conferencia de ayer, el ministro Zaldívar se colocó en la misma perspectiva, al expresar que “el mexicano normalmente visualiza a los tribunales como entidades vinculadas a los poderes fácticos, al poder económico”.
Por eso recomendó: “debemos redoblar esfuerzos para tratar de revertir esta situación con nuestro actuar diario. Requerimos tribunales más sensibles, más cercanos a la gente, tribunales que comprendan el dolor humano que hay detrás de cada expediente, que entiendan el momento social que se está viviendo: no resolvemos asuntos en una caja cristal, los resolvemos en una sociedad que exige justicia.
“Siendo transparentes y cercanos con la sociedad podemos ser, por fin, instrumentos del cambio social y no obstáculos de éste. Requerimos una justicia transformadora, que vele por los derechos humanos de todas las personas, pero sobre todo de aquellos más desprotegidos, de los olvidados, de los marginados, de los pobres de México, a los cuales, durante años, nunca se les miró desde el poder”, remató el ministro que, al menos parece, muy cercano a la autodenominada cuarta transformación.
Aureoles continúa campaña de denuncia
sobre injerencia de la delincuencia en política
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, continuó con su peregrinar ante los tres poderes federales para denunciar y pedir que se limite la intervención de la “narcodelincuencia” en los procesos electorales, a la que acusa de estar detrás de la aparente victoria del candidato de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, en su estado.
El ahora único mandatario surgido de las filas del PRD inició su periplo frente a Palacio Nacional, en un doble y fallido intento para que lo recibiera el presidente López Obrador y luego siguió ante el referido titular de la Suprema Corte, quien tampoco lo recibió.
El único que le concedió audiencia fue el fiscal General de la República, Alejando Gertz Manero, ante quien presentó las supuestas pruebas acerca de la presunta relación entre Morena y el crimen organizado.
Ayer, el michoacano llegó a la sede de la Cámara de Senadores, donde sesiona la Comisión Permanente del Congreso durante el actual receso legislativo. Allí entregó un documento con cinco propuestas, una para que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) tenga competencia para investigar los resultados de la fiscalización de los candidatos.
La propuesta del gobernador perredista plantea adecuaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales para requerir la protección de víctimas, testigos de denunciantes de corrupción y de delincuencia organizada. Además, para que las conductas ilícitas denunciadas de los procesos electorales no queden impunes.
Aureoles Conejo buscará que, en los procesos penales contra miembros del crimen organizado, los indicios de pruebas de audio, fotografías, videos, mensajes tengan un mayor valor probatorio que el que tienen actualmente.
En conferencia de prensa, acompañado de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa y Antonio García Conejo (su medio hermano), el gobernador michoacano anunció que este miércoles acudirá la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) a presentar formalmente la denuncia.
A los encargados del eventual proceso judicial en torno a sus denuncias, Aureoles les pidió que no apliquen mecánicamente las leyes, sino que actúen con criterio conforme a las circunstancias, pues en estos casos resulta complicado sostener una denuncia. Por ejemplo, mencionó ¿cómo se puede demostrar que a una señora la “levantaron” y la amenazaron?
Además, respecto de la situación en su estado, dijo que “de concretarse o quedarse como están los números que publicó el órgano electoral en Michoacán, regresará el narco gobierno porque se metieron los grupos delincuenciales para amenazar y obligar a la gente a votar por Morena y sus candidatos”.
También mencionó que la coalición encabezada por Morena, Juntos Haremos Historia, ganó 15 distritos locales de 24, ocho distritos federales de 12 y 70 de 112 municipios y que su candidato a gobernador, Ramírez Bedolla, con ventaja de dos puntos, recibió más del 70 por ciento de sus votos en una zona donde están los distritos 22, con cabecera en Mújica, y 24 de Lázaro Cárdenas, donde opera a sus anchas un grupo delincuencial.
En su peregrinar, Aureoles sólo ha recibido el respaldo de su partido y de la coalición Va por México, en la que también participan PAN y PRD, la cual demandó anular las votaciones no sólo en Michoacán, sino también en San Luis Potosí, Campeche y Guerrero.
