Antes acusado, ahora el PRI se convierte en acusador
Miguel Ángel Rivera miércoles 7, Jul 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Durante decenios, prácticamente desde su nacimiento, a finales de los años 20 del siglo pasado, el PNR-PRM-PRI fue blanco de innumerables denuncias de fraudes electorales y toda clase de irregularidades como el uso ilegal de dinero oficial, las cuales llevaron a sucesivas reformas que llevaron a la alternancia en la conducción del país, pero sobre todo al respeto del voto ciudadano, aunque no se erradicaron totalmente los intentos de engaño y las irregularidades.
Por eso, sorprende que sea ahora el PRI uno de los principales agentes que ahora protestan por irregularidades atribuidas fundamentalmente al partido oficial, Morena, así como a sectores y organizaciones de la sociedad que tratan de quedar bien con la llamada cuarta transformación.
Ayer, el PRI, junto con sus antes impensables aliados, el PAN y PRD, demandó anular las elecciones en San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero y Campeche. Los dos primeros son gobernados, respectivamente, por el PAN y el PRD, y los dos últimos por políticos surgidos del partido tricolor, pero todos pasarán a control de Morena, como resultado de las elecciones del pasado 6 de junio.
Los principales argumentos para pedir la anulación de las votaciones, son el uso electoral de programas sociales del gobierno federal, el excesivo gasto en las campañas con dinero presuntamente proveniente de fondos gubernamentales o de plano, de organizaciones ligadas a lo que se conoce como crimen organizado.
En conferencia de prensa, en un hotel ubicado frente a la Alameda Central de la Ciudad de México, los presidentes nacionales del PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas; y del PRD, Jesús Zambrano, informaron que las demandas ya fueron presentadas ante los organismos electorales.
Los resultados no se conocerán de inmediato, pues ya se sabe que primero las supuestas pruebas de irregularidades deberán ser revisadas y dictaminadas por los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y luego por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF o Trife).
Por ello, los dirigentes de los institutos políticos de oposición calculan que los fallos definitivos se conocerán a finales de agosto. En lo particular, los líderes del PAN, PRI y PRD denunciaron que en San Luis Potosí descubrieron, que el candidato declarado ganador, Ricardo Gallardo, del Partido Verde Ecologista (PVEM) -de quien se dice que recibió respaldo encubierto del gobierno de la llamada 4T y que anteriormente enfrentó acusaciones de estar ligado a organizaciones criminales-, en este caso rebasó, más del 24 por ciento, los topes de gastos de campaña autorizados por las autoridades electorales.
“Del análisis de los gastos reportados por la candidatura del Partido Verde, se detecta claramente un monto de 36.2 millones de pesos, lo que significa siete millones más del monto autorizado; tan sólo en los cierres de campaña se identificaron gastos por casi cinco millones de pesos con la contratación de diversos grupos musicales”, detalló el panista Marko Cortés.
También recordó que la reciente elección también registró la ilegal la promoción del voto por parte de los denominados influencer del Partido Verde que hicieron proselitismo en redes sociales durante el período de veda electoral que, a decir del panista, tuvo impacto importante en San Luis Potosí. Esto, además de un supuesto manejo irregular de los paquetes electorales, como parte del cual el órgano electoral estatal “perdió” por lo menos ocho mil 814 boletas de la elección a gobernador.
Respecto de Michoacán, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, respaldó las denuncias del gobernador saliente, el también perredista Silvano Aureoles, acerca de injerencia del crimen organizado, para favorecer a los abanderados de Morena. Señaló que las pruebas de estas acciones ilegales fueron presentadas a la Fiscalía General de la República (FGR) por el propio mandatario estatal.
Zambrano dijo tener pruebas de que existieron irregularidades en más del 80 por ciento de las casillas instaladas en toda la entidad, suficiente para anular la elección. En particular mencionó que, en las elecciones para gobernador, se descubrieron 81 mil boletas de más respecto de las recontadas para diputados locales, federales y ayuntamientos. Esa cifra resulta superior a la diferencia de votos entre el morenista, declarado vencedor, Alfredo Ramírez Bedolla y el candidato de la alianza, Carlos Herrera, que es de sólo 49 mil 700 votos.
En cuanto a la injerencia del crimen organizado, el perredista dijo que existen testimonios de que antes de la jornada electoral en municipios de tierra caliente, había civiles armados marcando las boletas en favor de Morena, así como de candidatos y candidatas que fueron amenazados y obligados a renunciar.
En cuanto al estado que gobernó y en el que fue declarada vencedora la candidata de Morena, Layda Sansores, Campeche, el priista Moreno Cárdenas denunció que hubo una abierta intervención de la Iglesia y del Ejecutivo federal, por medio de la difusión de programas sociales durante las campañas.
En cuanto a Guerrero, en donde resultó vencedora la “juanita” Evelyn Salgado, el dirigente nacional del PRI aseguró que hubo dispendio de recursos, violación sistemática de las actas electorales, además de que fue una constante la participación abierta de la delincuencia organizada.
En ambos casos, Moreno Cárdenas pidió al INE y al TEPJF estar atentos a estos señalamientos.
El dirigente del tricolor aprovechó para reiterar que el bloque opositor conformado por estos tres institutos políticos trabaja ya en la coalición legislativa, a fin de que Morena no vuelva a atropellar la Constitución con cambios a capricho y a partir de ocurrencias.
Además, arremetió contra el actual gobierno federal al renovar la denuncia de que la crisis de seguridad en México ha alcanzado niveles alarmantes. En lo que va del sexenio se han cometido más de 106 mil homicidios y más de 9 mil feminicidios. Estos son los peores tres años en la historia de nuestro país, sostuvo Moreno Cárdenas.
AMLO logró un cambio: terminar con la figura del “tapado”
“Mantengo mi legítima aspiración a participar, llegado el momento, en el proceso sucesorio presidencial, dentro de Morena, respetando el proceso y las reglas que el movimiento fije al respecto, considerando mi condición de fundador, militante y aliado histórico del Presidente y de la 4T”, escribió el coordinador de los senadores del partido oficial, Ricardo Monreal Ávila.
El ex gobernador de Zacatecas se refirió así, en su colaboración semanal para el diario Milenio, en relación los comentarios del presidente López Obrador acerca de su relevo en la Presidencia de la República, de la cual dijo que ya no hay “tapados” y, como prueba, mencionó a potenciales candidatos, relación encabezada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y en la que incluyó también a los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de Economía, TatianaClouthier; y de Energía, Rocío Nahle, así como los embajadores ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, y en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma.
Es la segunda ocasión en que el primer mandatario da a conocer una lista de posibles candidatos de Morena para las elecciones del 2024 y, efectivamente, al hacer “oficiales” esas precandidaturas acaba con la figura del “tapado”, que entre otros aspectos se sostenía por el hecho de que extraoficialmente se mencionaban muchos nombres pero no había ninguna declaración formal desde el poder.
El segundo, o tal vez primer punto de la declaración presidencial consiste en que, de nueva cuenta, en su relación ahora oficial no incluyó a Monreal, a quien muchos militantes de Morena y de fuera de sus filas consideran como un sólido aspirante.
En lo que resulta respuesta al “olvido” presidencial, el líder del Senado también sentenció que “tapado” pasó a la historia y además hizo votos para que no se desate la lucha por la sucesión.
En cuanto a su posición, personal, Monreal concluyó su artículo con el siguiente párrafo:
“Entiendo que la mención de las y los aspirantes a sucederlo alcanza en este momento a quienes forman parte del Ejecutivo federal, y no implica la exclusión o discriminación de otros simpatizantes de la 4T en el Poder Legislativo o en las gubernaturas”.
