Aprobado el desafuero de los diputados Huerta y Toledo, pero falta un extraordinario
Miguel Ángel Rivera martes 6, Jul 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
La Cámara de Diputados federal avanzó ayer en los procesos para desaforar a loslegisladores federales Benjamín Saúl “N” (Huerta) y Mauricio “N” (Toledo), pero se parecia muy difícil que pueda culiminar ese trabajo, aun cuando los dos casos parecen justiticados.
Al poblano Benjamín Saúl Huerta Corona, la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales busca llevarlo a proceso por su probable participación en la comisión de los delitos de violación agravada equiparada y abuso sexual, ambos en agravio de un menor de edad. De hecho, ya recibió parte de su castigo al perder la oportunidad de reelegirse y hasta se quedó sin partido, pues el oficialista Morena se apresuró a expulsarlo de sus filas.
Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, por su parte, ha sido diputado local y federal, así como delegado en Coyoacán, y según las denuncias en su contra incurrió en enriquecimiento “inexplicable”, pues sus bienes tienen un valor superior a los ingresos que obtuvo en los cargos mencionados, a los que llegó primero como militante del PRD -como parte de la desaparecida coalición “Por el Bien de Todos”, que tuvo como candidato presidencial en 2006 al actual primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador- y luego del PT, que ha tratado de salvarlo de las denuncias formuladas por sus ex compañeros de la mencionada alianza.
Como una muestra del intento del PT de poner a salvo a su diputado, en medios legislativos se consideró intencional que la también diputada del PT, Mary Carmen Bernal, se ausentó sin explicación alguna el pasado día 30 de junio y por ello la Sección Instructora, encargada de dictaminar si procede el desafuero, no pudo sesionar, ya que también faltó PRI, Claudia Pastor, aunque ella alegó estar en desacuerdo con los procedimientos de ese òrgano legislativo presidido por el “moreno” Pablo Gómez Álvarez.
Sin embargo, ayer pudo sesionar la mencionada Sección Instructora y sus integrantes votaron a favor de que avance el procedimiento para retirarles el fuero y respondan ante un juez por los delitos que se les imputan.
En la sesión de ayer, los cuatro integrantes de la Sección Instructora aprobaron por unanimidad el desafuero de Saúl Huerta, pero en el caso de Mauricio Toledo, los diputados Pablo Gómez y Martha Patricia Ramírez, de Morena, votaron a favor de retirar el fuero, mientras Mary Carmen Bernal, del PT, lo hizo en contra y Claudia Pastor, del PRI, se abstuvo, con el argumento de múltiples violaciones al debido proceso e incluso “conflicto de interés” del presidente de la Sección Instructora.
En los dos casos las denuncias corren a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, presidida por Ernestina Godoy.
Al expresar su beneplácito por la decisión de la Sección Instructora, la Fiscalía capitalina señaló que estará atenta a la realización del periodo extraordinario, en el cual el Pleno de la Cámara de Diputados deberá aprobar el dictamen de desafuero de ambos.
La oposición teme que aparezca “gato encerrado”
En esta fase del proceso de desafuero aparecen nuevos problemas, sobre todo la necesidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones, pues el Congreso de la Unión está en receso desde el último día de junio y de hecho no volverá a sesionar, pues el próximo 1 de septiembre se instalará la siguiente LXV Legislatura, con una nueva Cámara de Diputados.
En consecuencia, tanto Huerta Corona como Toledo Gutiérrez dejarán de tener fuero a la medionoche de 31 de agosto, es decir un poco más de 50 días, sin necesidad de convocar a un periodo extraordinario que significaría gastos que para muchos resultan excesivos y en cierta forma injustificados.
En todo caso, la parte acusadora, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tiene la responsabilidad de vigilar los movimientos de los, como se dice ahora, indiciados y evitar que se fuguen, para que en su momento sean presentados antes los jueces respectivos.
Pero aparte de los aspectos formales, en lo relativo a tiempos para continuar con los procesos para consignar a los presuntos delincuentes, hay motivos políticos que dificultan la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones.
Las suspicacias surgen a partir de la suposición de que Morena y aliados (PT, PVEM y el agonizante pero todavía vivo PES) aprovechen para imponer su mayoría con la finalidad de inscribir en el extraordinario algunos de los asuntos que urgen a la llamada cuarta transformación
Como asuntos prioritarios para los legisladores del partido oficial y sus rémoras se deben poner en primer sitio las anunciadas iniciativas de modificaciones constitucionales que propondrá el presidente López Obrador, que consisten en las reformas eléctrica y electoral, así como en el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.
Por su parte, el presidente de la Junta de coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de Morena, Ignacio Mier, recordó que quedaron pendientes 100 dictámenes sobre los cuales ya había consenso, además de cumplir una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acerca de ajustes a la Ley Federal de Telecomunicaciones.
La oposición se declara en contra de la militarización del país
Otro pendiente, en las filas oficiales, es ponerle punto final al conflicto con la Cámara de Diputados de Tamaulipas, por el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ya ordenado por la Cámara de Diputados federal, pero que no fue respetado por los diputados tamaulipecos, que además reformaron la Comstitución del estado para dar mayor protección al mandatario estatal, antes de que entren en funciones los nuevos diputados locales, entre los cuales Morena tendrá amplia mayoría y podría enmendar la plana, para ejecutar el desafuero aprobado por sus correligionarios federales.
En el caso de Tamaulipas, el gobernador García Cabeza de Vaca tiene el respaldo también de los diputados federales del PAN y de otros grupos de oposición, que no están dispuestos a abrirle ninguna oportunidad a “Morena y asociados”, pues desean asegurar que su compañero de partido termine su periodo constitucional, que concluye hasta septiembre de 2022.
Esa no es la única diferencia del PAN con los planes del presidente López Obrador. De hecho, ese partido y todo el llamado Bloque Opositor -integrado también por PRI y PRD, con la suma de MC en algunos casos- está en contra de las reformas anunciadas por el primer mandatario.
En materia eléctrica el grupo opositor desea que se mantenga abierto ese sector a la participación de particulares, nacionales y extranjeros. En lo relativo al cambio de mando en la Guardia Nacional, para dejarlo a cargo de la Secretaría de la Defensa, tampoco se acepta la decisión de löpez Obrador y, por el contrario, se le recuerda que durante su larga campaña electoral ofreció que devolvería a las fuerzas armadas a sus cuarteles.
En lo relativo a los eventuales cambios en la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE), el desacuerdo no sólo se manfiesta en los partidos de oposición, sino en otros sectores de la sociedad en donde se repudia la sola idea de que ese organismo pierda su autonomía y, peor, que la organización de las elecciones vuelva a quedar bajo el control de una dependencia del Ejecutivo Federal, como como ocurría hasta finales del siglo pasado.
Por todo lo anterior, el mencionado presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, y su homólogo del Senado, Ricardo Monreal, deberá recurrir a todas sus capacidades de negociación para convencer a los coordinadores de oposición para que acepten secundar la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones.
Por otra parte, un suceso que causó revuelo fue la aprehensión del del ex director de Seguridad Federal de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, acusado de tortura, quien fuera fue uno de los colaboradores más cercanos del ex secretario de Seguridad Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos acusado protección a la delincuencia organizada.
El presidente López Obrador aprovechó para insistir en sus acusaciones contra anteriores gobiernos y además destacó que esto demuestra que en el actual régimen “no hay impunidad”.
También comentó que al terminar la impunidad se refuerza su seguridad de que “vamos a ir serenando al país, se va a seguir pacificando a México poco a poco”.
