La anunciada reforma electoral debe acabar con el negocio de nuevos partidos
Miguel Ángel Rivera jueves 17, Jun 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Este año de elecciones, el país gastó en financiamiento público para los tres nuevos partidos que participaron en ese proceso electoral —Partido Encuentro Solidario (PES), Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza por México (FxM)— casi 500 millones de pesos que pudieron ser mejor empleados en programas urgentes como la compra de medicamentos para niños con cáncer.
El total invertido vanamente en esas organizaciones se obtiene de las sumas que recibieron como parte del sistema de financiamiento público establecido en la legislación electoral mexicana bajo el supuesto de evitar que las elecciones nacionales sean contaminadas por dinero procedente de actividades ilícitas, lo cual también está por comprobarse, pues desafortunadamente hay muchos testimonios de intervención de organizaciones delictivas.
De acuerdo con el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se distribuye el financiamiento público federal, así como las prerrogativas postal y telegráfica de los Partidos Políticos Nacionales para el ejercicio 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de diciembre de 2020, cada una de esas organizaciones recibió 161,973,708 pesos.
El resultado fue totalmente negativo. Ninguno de los “nuevos” partidos -el PES en realidad era repetidor, aunque con nombre modificado- ofreció nada que atrajera la simpatía de los electores y por lo mismo los tres perderán su registro oficial y, lo más grave para ellos, es que ya no recibirán ese financiamiento público, para alivio del erario federal.
Ayer mismo, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó haber iniciado formalmente el proceso de liquidación de los tres supuestos institutos políticos.
Como parte del procedimiento, la Comisión de Fiscalización realizó el sorteo o insaculación para designar a los interventores que se harán responsables de conducir la liquidación de los partidos y serán responsables del uso y destino de los recursos y bienes del respectivo (ex) partido político.
En el sorteo, resultó electo Álvaro Martín Bardales como interventor para el PES; Sergio Francisco Hermida, para RSP y Samuel Ricardo Egure Lazcano, para FxM. En total, para el sorteo se incluyeron 68 tarjetas con nombres de especialistas del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (Ifecom), los 65 restantes se sortearon para cada partido a fin de que se cumpla el proceso de contactar de manera telefónica a cada ganador, para que determinen si aceptan o no la invitación y lo formalicen en las próximas 24 horas.
Los interventores estarán a cargo del uso de recursos públicos en el periodo de prevención, que comprende desde la emisión de los resultados finales que confirman la desaparición de los partidos y hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emita la decisión de pérdida de registro.
Es necesario que deje de ser atractivo
el negocio de fundar un nuevo partido
Ante el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que presentará al Congreso una iniciativa de reforma en materia electoral, es de esperar que uno de los cambios propuestos incluya el hacer más difícil que nuevas organizaciones reciban el registro oficial y, sobre todo, evitar que sólo sirvan para que un grupo de dirigentes disfruten de dinero público, pues con frecuencia se reciben denuncias de que los recursos supuestamente destinados a acciones electorales nunca llegan manos de dirigentes locales ni mucho menos a los ingenuos o interesados que aceptan ser candidatos, muchos de los cuales tienen la sobrecarga de costear sus campañas.
La anunciada iniciativa presidencial tiene como confeso objetivo central reducir costos del sistema electoral y como acciones seguramente incluirá acortar la estructura del INE y los salarios de los funcionarios, así como reducir el financiamiento público a los partidos. Es aquí donde entraría el endurecimiento de los requisito que deban cumplir los nuevos partidos, para que obtener esa franquicia deje de ser un atractivo negocio.
De acuerdo con el anuncio presidencial, la reforma electoral también incluye reducir el número de diputados y senadores plurinominales. Supuestamente, el propósito consiste también en evitar gastos cuantiosos, pero desde ahora en medios de oposición se advierte que la propuesta de cambio encierra una trampa para consolidar a Morena como la fuerza dominante al tener una mayor proporción de legisladores con menos votos y eliminar el obstáculo que representa ahora la cláusula que impide la sobrerrepresentación que le ha permitido imponer las reformas que se le exigen desde Palacio Nacional.
Pero ese es un tema que exige un análisis más profundo, para el cual se deben conocer los detalles de la iniciativa que pondrá a consideración de los legisladores el presidente López Obrador.
El dictamen parcial sobre la tragedia del Metro
hace recaer la responsabilidad en los constructores
Un amigo me reprocha que, con frecuencia, recurro a expresiones tales como “se los dije” o “como se esperaba”, pero hay ocasiones en que no se pueden evitar sentencias semejantes, como ocurre ahora con el dictamen parcial acerca de la tragedia en la Línea 12 del Metro.
De acuerdo con filtraciones previas -que oficialmente no existieron- resultaba previsible suponer que la responsabilidad principal recaería sobre los constructores de la también llamada “Línea Dorada” y no haría ninguna referencia a la falta de mantenimiento, como efectivamente sucedió.
Sin entrar a factores externos, como la supuesta lucha por la sucesión presidencial dentro de las filas de Morena, la resolución técnica a cargo de la empresa noruega DNV, dada a conocer ayer por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indica que el colapso de la Línea 12 del Metro presuntamente fue provocado por una falla estructural asociada a deficiencias en el proceso de soldadura de los pernos Nelson, porosidad y falta de fusión en la unión perno-trabe, así como soldaduras no concluidas y mal ejecutadas; además de diferentes tipos de concreto en la tableta.
A raíz de lo dado a conocer por Sheinbaum se deduce que los principales responsables, mientras no se pruebe lo contrario, son los constructores, es decir, el gobierno capitalino que lo ordenó, autorizó y pagó, encabezado por el ahora secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el consorcio encargado de las obras, integrado por Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y la francesa Alstom.
Como lo hizo desde que el tema de las fallas en la Línea 12 llegó el sexenio anterior a la Cámara de Diputados, Ebrard salió adelante para defender su obra y negar irregularidades.
En días pasados, ante la filtración publicada por el diario estadunidense The New York Times, el ex mandatario capitalino refutó la versión con una larga respuesta de 15 cuartillas, que a decir del inculpado, no fue tomada en cuenta por los editores del periódico.
En su documento, Ebrard sostuvo que todas y cada una de las decisiones relativas Proyecto Integral de la Línea 12, fueron evaluadas, verificadas, analizadas y adoptadas por un Comité Central de Obras del Gobierno del Distrito Federal y por un Subcomité Técnico del Proyecto Integral de la Línea 12, con participación de órganos colegiados de técnicos y expertos, así como instituciones de prestigio como el Instituto de Ingeniería de la UNAM.
Ayer, Ebrard reafirmó su decisión de estar dispuesto a atender cualquier requerimiento.
En tanto, el grupo constructor dijo que no habrá comentarios respecto del mencionado primer informe. De acuerdo con mi amigo Jesús Rangel, quien tiene información de primera mano de los grandes consorcios, en su columna del diario Milenio dice que el grupo encabezado por Carso mantiene el criterio de destacar que la calidad de la obra fue validado por el Consorcio Certificador formado por ILF Beratende Ingenieure, TüV SüD Rail, Deutsche Bahn International, Hamburg Consult, y supervisada por Integración de Procesos de Ingeniería, Consultoría Integral en Ingeniería, Lumbreras y Túneles e Ingeniería, Asesoría y Consultoría. Adicionalmente participaron el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México.
