Primer diputado migrante electo no será una panacea
Luis Muñoz jueves 17, Jun 2021Segunda vuelta
Luis Muñoz
Ahora que por primera vez surge el primer migrante electo para ocupar una diputación en el Congreso de la Ciudad de México y que recayó en Raúl de Jesús Torres Guerrero, todo es una incógnita porque aún no está del todo claro cómo funcionará.
Sin embargo, Torres Guerrero asegura que conoce la migración como la “palma de su mano” y que su historia y preparación en distintas universidades de Estados Unidos y Europa le permitirán crear la red de apoyo para brindar asesoría legal e incluso protección a las mexicanas que sufren violencia de género en el extranjero.
En 2020, legisladoras y legisladores de México y Estados Unidos coincidían en la importancia de contar con una comunidad migrante participativa en procesos electorales de ambos países, al tener doble responsabilidad democrática, en la cual su voto sería fundamental.
Hoy es una realidad. En septiembre se convertirá en el primer diputado migrante de la CDMX.
Para esta primera candidatura migrante de la capital del país se recibieron un total de 8,906 votos, de los que el candidato del PAN (Torres Guerrero) obtuvo el 54.8% y se alzó con la victoria dejando en un segundo lugar a la aspirante de Morena, Verónica Puente Vera, con el 22 por ciento.
En ocasión del foro “Voto Binacional, México-Estados Unidos”, la diputada Pilar Lozano Mac Donald (MC), lamentaba que hasta ese momento (2020) la participación migrante se limitará a la agenda política del gobierno en turno, y no se viera como un derecho.
Ahora, con el primer migrante en el Congreso capitalino se abre un escenario para que las y los migrantes muestran su relevancia en la votación y exijan participación política activa.
Lo que en ese momento era una aspiración, este 6 de junio se cumplió: Que todas las organizaciones políticas lleven una fuerza al Congreso.
Animal Político había dicho en los días previos a la elección que el retorno seguro, remesas y la garantía de sus derechos y violaciones a sus derechos humanos, por ejemplo, serían algunos de los temas que el diputado o la diputada migrante podrían impulsar para que el legislativo de la ciudad los analice y promueva respuestas a las y los migrantes.
En este contexto, el diputado Ricardo Ruiz Suárez presentó una iniciativa para que la o el diputado migrante cuente con un marco normativo que establezca la manera en la que desarrollará sus actividades como integrante del Congreso de la CDMX, y con ello llevar las propuestas de los capitalinos que viven el extranjero.
En la exposición de motivos, el legislador de Morena indicó que el Instituto Electoral de la Ciudad de México mencionó en el acuerdo que las fórmulas de candidaturas para la elección de diputación migrante que presentó cada partido político para las elecciones del 6 de junio cumplieron los requisitos constitucionales y legales establecidos para ello. Reiteró que, a través de la diputación migrante, como enlace, las y los chilangos en el extranjero podrán externar sus propuestas y necesidades ante el Congreso de la Ciudad de México y hacer valer sus derechos ciudadanos, al tiempo de incidir en los asuntos públicos, transmitiendo sus ideas y propuestas para una mejor política de gobierno.
Consecuencias de la extensión de mandato
Lo que planteó la diputada del PRD, Verónica Juárez Piña, integrante de la Comisión de Justicia del Congreso local, es como debe ser, aunque a veces la realidad nos muestre lo contrario.
¿A qué se refirió?
A que la autonomía del Poder Judicial y la sociedad civil son dos elementos fundamentales en la democracia mexicana y su estrecha relación resulta imprescindible si queremos seguir construyendo una patria cada día más justa e igualitaria.
Durante su participación en la Mesa “El Poder Judicial y la Sociedad Civil: ¿Sana convivencia?”, expuso que “desde la sociedad civil organizada, la autonomía del Poder Judicial es un elemento fundamental en la defensa de los derechos de todas y todos los ciudadanos, por lo cual la discusión respecto a las consecuencias que tiene la extensión del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, regulado por la Constitución a través de un Transitorio de un Decreto que emite disposiciones legales, es de suma importancia”.
En su turno, Juan José Garza Onofre, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que la dinámica y el mecanismo que utiliza el Poder Judicial para no socializar su trabajo resulta cuesta arriba para el acceso a la justicia y aseguró que “la clave para una buena convivencia del Poder Judicial y sociedad civil está en el acceso a la justicia”.
