Destaca mag. Guerra Álvarez proyecto de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares elaborado por Conatrib

• Recoge el clamor social de procesos más ágiles y sencillos, subrayó al participar en ciclo de conferencias organizado por la Comisión de Justicia del Senado

El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), magistrado Rafael Guerra Álvarez, participó en el 2o Ciclo de Conferencias Virtuales Legislación Única en Materia de Procedimientos Civiles y Familiares, organizado por la Comisión de Justicia del Senado de la República.

El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), magistrado Rafael Guerra Álvarez, destacó que el proyecto de Código Nacional de Procedimiento Civiles y Familiares elaborado en el seno de esa organización recoge el clamor social de procesos más ágiles y sencillos, además de que se sustenta en terminología jurídica incluyente y clara en beneficio de los justiciables.

Al participar en el 2º Ciclo de Conferencias Virtuales Legislación Única en Materia Procesal Civil y Familiar, organizado por la Comisión de Justicia del Senado de la República, subrayó que el citado proyecto introduce la equivalencia funcional del documento electrónico en los procesos, derivado de la experiencia a raíz de la pandemia de Covid-19 y los avances en materia de tecnologías de la información.

Durante la conferencia, moderada por el presidente de la Comisión de Justicia, senador Julio Ramón Menchaca Salazar, el magistrado dijo que con esto se pondera el derecho humano de acceso a la justicia a través de la tecnología, y se da paso al desarrollo del expediente digital, al juicio en línea, a las notificaciones electrónicas, a las audiencias a distancia y al uso de firma y documento electrónico.

Esto, explicó, como medios voluntarios adicionales y optativos para el desarrollo de los procedimientos naturales atendiendo a la naturaleza de los conflictos y las posibilidades presupuestales de cada entidad federativa.

“Al integrarse estas tecnologías, sin excluir a los medios tradicionales como el expediente físico, firma autógrafa o actuaciones judiciales presenciales, se permite ampliar la máxima cobertura de herramientas para que los justiciables tengan un mayor acceso a la justicia en franco respeto a sus derechos humanos”, enfatizó.

El también presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México subrayó que con el proyecto señalado, coordinado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, magistrado Ismael González Parra, hace posible una legislación nacional y única para las materias civil y familiar, lo que abona en la profesionalización y a una debida defensa legal y resolución de controversias con plena confianza en las instituciones impartidoras de justicia y en sus operadores.

Destacó que se da paso a una reorganización y actualización general de los códigos vigentes en los estados, la mayoría de los cuales datan de 1932, mismos que, con el transcurso del tiempo, han sufrido un sinnúmero de reformas, y lo que metodológicamente ha implicado que existan muchos derogados y otros con una numeración alterna.

“De ahí que se proponga una numeración más ordenada y sencilla que permita su comprensión lógica y metodológica”, comentó.

Guerra Álvarez subrayó que el anteproyecto elaborado al seno de la Contratib implicó dos años de trabajo conjunto, lo que redundó en una propuesta de código estructurado en 21 títulos, con un total de mil 90 artículos permanentes y siete transitorios.

Abundó en que unificar la legislación en la materia permitirá cumplir la aspiración de fortalecer el estado de derecho, así como erradicar la discriminación, abatir el maltrato a personas con discapacidad y visualizar a los grupos vulnerables, con lo que se daría cumplimiento cabal al mandato constitucional.

En la conferencia también participaron la académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Laura Mercedes Velázquez Arroyo; el director de la Clínica de Interés Jurídico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Javier Angulo Nobara, y el abogado postulante Juan Manuel Becerril de la Llata.