Cabeza del gobernador de Tamaulipas no irá a la galería de trofeos, antes de las elecciones
Miguel Ángel Rivera jueves 3, Jun 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
El gobierno de la llamada Cuarta Transformación no podrá exhibir antes de las votaciones uno de sus más buscados trofeos de caza: el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca tras las rejas.
Esto no será posible porque la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, rechazó la solicitud del grupo parlamentario de Morena para interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas por mantener el fuero del mandatario tamaulipeco.
De cualquier forma, parecía poco probable que en tanto corto periodo se reuniera el máximo tribunal del país y que los ministros pudieran dictar sentencia, aunque ya se sabe que en cuestiones políticas ocurren “milagros” al resolverse en breve asuntos complicados y viceversa, pues también casos que parecen de fácil solución quedan permanentemente en la “congeladora”.
En este caso, ya se sabe, el pasado 30 de abril, se aprobó este viernes la solicitud de procedencia de la Fiscalía General de la República (FGR) para desaforar al gobernador García Cabeza de Vaca, quien se convierte en el primer gobernador en perder el fuero.
Después de más de seis horas de debates, entre gritos, por un lado de Morena y “satélites”, y por el otro lado el llamado bloque opositor, se aprobó el desafuero y se turnó al Congreso del estado de Tamaulipas.
Los incondicionales de la llamada Cuarta Transformación consideraban que se trataba de un asunto de mero trámite y de que tendrían un trofeo para presumir su supuesto combate a la corrupción, pero los diputados de Tamaulipas, en su mayoría militantes del mismo partido que el gobernador, el PAN, se valieron de un recurso establecido en el propio artículo 111 constitucional, según el cual, para los casos de gobernadores y otros funcionarios estatales “la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”.
Sobre este principio constitucional, los legisladores tamaulipecos se negaron a destituir a su gobernador, quien sólo podría ser perseguido por la justicia federal al término de su mandato, el cual concluirá el año venidero.
Presidenta de la Cámara de niega a
suscribir una nueva controversia constitucional
La Fiscalía General de la República (FGR), cuyo titular es Alejandro Gertz Manero, y que en este caso ha servido de instrumento del Ejecutivo federal, que tiene antiguas rencillas con el mandatario tamaulipeco, lo acusa de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
Inclusive, después de que el Congreso tamaulipeco rechazó destituir al gobernador, la FGR anunció haber obtenido una orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca, aunque según algunos constitucionalistas, si en verdad se dio esa orden, el juez responsable se expone a una sanción por haber ordenado la aprehensión de un funcionario que goza de fuero. Lo cierto es que no hay certeza de que exista la autorización de un juez para proceder contra el gobernador, quien en forma preventiva ha evitado acercarse a la capital de la república.
Dentro de este diferendo se presentaron dos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia, una de parte de la Fiscalía General contra la decisión del Congreso de Tamaulipas, que a su vez presentó una demanda contra la Cámara federal de Diputados por el desafuero.
Las dos demandas fueron desestimadas por el ministro Juan Luis González Alcántara, por considerar que no había motivo para esas protestas, pues los dos organismos legislativos actuaron conforme a sus facultades. Esto se interpretó por los especialistas como la confirmación de que García Cabeza de Vaca se mantiene en el cargo.
Sin embargo, los diputados de Morena y “satélites” pretendían insistir para que la Suprema Corte de Justicia confirme la validez de su decisión de retirar el desafuero al mandatario tamaulipeco, con lo cual suponen quedar bien con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por eso pidieron a la actual presidenta de la Cámara, la priista Dulce María Sauri Riancho, que en su calidad de representante de ese órgano legislativo firmara una nueva demanda ante la Suprema Corte de Justicia.
Ayer se dio a conocer que “la diputada presidenta respondió en sentido negativo al oficio recibido el pasado 28 de mayo, en el cual solicitaba la presentación de una controversia constitucional contra las resoluciones adoptadas por el Congreso de Tamaulipas en relación con el desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador constitucional de dicho estado”.
De acuerdo con el comunicado de la Cámara federal, la decisión de la legisladora responde a su facultad prevista en el artículo 233 numeral 2 del reglamento del propio órgano legislativo, relativo a la necesidad de una opinión técnica de la Dirección de Asuntos Jurídicos con respecto a la procedencia o improcedencia de la controversia.
La solicitud de presentar una nueva controversia la solicitó el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena, Ignacio Mier, quien en la práctica es quien conduce los trabajos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, pero constitucionalmente la que tiene la representación de la Cámara para asuntos legales es la presidenta o presidente de la Mesa Directivo, en este caso la mencionada Sauri Riancho.
En un documento remitido por medio del secretario de enlace de la Junta de Coordinación Política, José Omar Sánchez, el coordinador “moreno” Mier solicitó a Sauri “defender los intereses de esta Cámara de Diputados mediante la interposición de una demanda de controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas”.
Pero, como mencionamos, Sauri no consideró necesario presentar esa controversia
Esto seguramente dará nuevos motivos a los “duros” de Morena y satélites que el año pasado se resistieron denodadamente a que se otorgara la presidencia a un diputado de un partido que no está aliado con la llamada Cuarta Transformación.
Cuesta más un avión parado que mantenerlo volando
Hace ya varios años, un gobernador que recién había tomado posesión y que logró crear una pequeña fortuna antes de dedicarse a la política me contó que, como parte de su éxito, decidió adquirir un jet privado, pero que pronto un amigo conocedor del medio aeronáutico le pidió que le cediera el avión para ponerlo a trabajar como taxi aéreo.
El político le respondió que deseaba el jet para servicio personal y de su familia, para que en cualquier momento volarán al destino que quisieran y a la hora que más les conviniera, pero el amigo lo convenció de deshacerse del lujoso trofeo con una simple explicación: “el avión más caro es el que está parado más tiempo” y, además, le aseguró que, en cualquier momento, tendría un jet a su disposición, parte de la flota que manejaba en su negocio, el cual se pagaría con las utilidades de su propia nave.
Obviamente, mi amigo el gobernador cedió su avión y disfrutó de las ventajas de tenerlo en vuelo casi todo el tiempo.
Esto viene al caso, por las reiteradas justificaciones del presidente López Obrador para no utilizar el jet presidencial que decidió no usar y que no ha podido vender, ni siquiera rifar, y por eso se debe mantener casi todo el tiempo en tierra.
Cuando el lujoso transporte “que ni Obama tiene” estuvo estacionado 13 meses en Victorville, California, representó un gasto de 30 millones de pesos, 13 millones en su preservación y 15 millones en mantenimiento, además de una renta de 4 mil dólares cada siete días, para mantenerlo estacionado.
Por eso se decidió trasladarlo a México y, claro, no se paga renta porque se mantiene en lo que era o es el Hangar Presidencial, pero eso no elimina la vieja sentencia de que cuesta más un avión parado, la cual se escucha con frecuencia en medios aeronáuticos.
De cualquier forma, el primer mandatario trata de justificar su decisión de no usarlo y ayer mismo afirmó que, sin volar y con mantenimiento, el gobierno de México ahorra millones de pesos por no usarlo.
El Presidente comentó que la aeronave no está hecha para viajes cortos, pues en promedio tiene que volar, en lo óptimo, tres horas e insistió en su decisión de venderlo, pero no hay quien lo compre “porque es tan lujoso que les da pena que se sepa de que alguien es dueño de un avión así”.
