Analizan pensión no contributiva para indígenas
Luis Muñoz viernes 28, May 2021Segunda vuelta
Luis Muñoz
Como un acto de justicia hacia las poblaciones vulnerables se ha considerado la iniciativa de la diputada Verónica Beatriz, del PRD, que propone una reforma al artículo 4º de la Constitución para que las personas mayores a 65 años reciban de parte del Estado una pensión no contributiva, misma que para las y los indígenas, y las y los afromexicanos, se otorgue a partir de los 62 años de edad.
Esto es importante porque existen poblaciones con este tipo de comunidades, como son: Chiapas, Coahuila, Michoacán y Veracruz; las entidades con mayor presencia de población afromexicana son: Guerrero (6.5%), Oaxaca (4.9%) y Veracruz (3.3%).
En el país, de acuerdo con datos del Inegi, el 1.16% de la población nacional se identifica como afromexicana. Cabe recordar que el sistema de pensiones en México cuenta con una institucionalidad compleja que incluye, a nivel federal, siete instituciones que entregan beneficios en esquemas contributivos y no contributivos, sin contar los subsistemas creados en entidades federativas, municipios y universidades. Por tanto, el sistema pensionario nuestro está fragmentado, con reglas y requisitos dispares entre ellos y beneficios desiguales para la población.
Un estudio de la Cepal sobre el tema, señala la existencia de cuatro pilares que sustentan el sistema de pensiones, que se interrelacionan en las instituciones pagadoras de pensiones. Estos pilares son: pilar 1: reparto; pilar 2: capitalización individual; pilar 3: ahorro voluntario y pilar 0: no contributiva.
Aunque el objetivo de las reformas en pensiones del IMSS (1997) y del ISSSTE (2007) fue reducir déficits pensionarios, el cambio creó una generación de transición que recibe pensiones del esquema de reparto.
Dicho lo anterior, la iniciativa de reforma de la legisladora Juárez Piña plantea que el Ejecutivo deberá especificar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación la fuente de recursos para el cumplimiento de estas obligaciones, así como una proyección de los recursos que se necesiten en el mediano y largo plazo para ese fin.
En el texto, remitido a la Comisión de Puntos Constitucionales, queda establecido que se trata de “un acto de justicia y de coherencia con el mandato constitucional el proponer que dicho ajuste se refleje en nuestro máximo ordenamiento, además de establecer una disposición que pueda flexibilizar este requisito de edad”.
El artículo vigente precisa que “las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley, pero en el caso de las y los indígenas y las y los afro mexicanos, esta prestación debe ser a partir de los sesenta y dos años de edad”.
Esto se debe, explica la legisladora, a que México atraviesa por un proceso de envejecimiento demográfico -un aumento en la proporción de personas de 60 años o más y la disminución de la población infantil y joven-, por lo que se requiere diseñar políticas para mejorar el bienestar de las personas que pasan por este ciclo de vida o que en un futuro cercano la transitarán.
Además de que el peso relativo de los adultos mayores toma mayor relevancia en la estructura por edad, pues en nuestro país, según el Censo de Población y Vivienda 2020, había 15 millones 142 mil 976 personas de 60 años y más, equivalentes a 12% de la población total; 35 millones 219 mil 141 hogares, y en 6 millones 954 mil 833 de éstos reside al menos una persona de 60 y más años; un millón 813 mil 452 personas de 60 años y más, viven solas, de las cuales un millón 49 mil 966 son mujeres.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la tasa de participación económica de este segmento poblacional es de 33.9%; en los hombres es de 50.9% y en las mujeres de 19.6%. Del 66.1% que no es económicamente activo, más de la mitad se dedica a quehaceres del hogar.
La población ocupada que tiene 60 y más años es de 4.8 millones, de los cuales 49% labora por cuenta propia, 37.8% se ocupan de manera subordinada y remunerada, y de éstos el 60.8% no tiene acceso a instituciones de salud por su trabajo; el 61.8% labora sin contrato escrito, y 47.7% no tiene prestaciones, puntualiza.
Aumentó la PEA en abril
El reciente reporte del Inegi dio a conocer los principales resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN) para abril de este año, los cuales indican que 57.5 millones de personas de 15 y más años de edad son Población Económicamente Activa (PEA), lo que representa una tasa de participación de 59.1%.
Dicha población es mayor en 12.7 millones respecto a la de abril de 2020 cuando la población en su mayoría permanecía confinada en sus hogares por la emergencia sanitaria de la Covid-19. En cuanto a la Población No Económicamente Activa (PNEA), fue de 39.9 millones de personas, cifra inferior en 10.3 millones a la de abril del año previo; a su interior, la PNEA disponible se redujo 12.3 millones.
