El prestigio de la Corte
Freddy Sánchez jueves 27, May 2021Precios y desprecios
Freddy Sánchez
Dos asuntos pendientes han puesto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en “el ojo del huracán”.
Se trata de lo concerniente a dejar en claro la situación legal del señor García Cabeza de Vaca, acerca de quien a estas horas sigue la duda de si es o no el gobernador legalmente reconocido de Tamaulipas y si tiene o no el fuero que le otorgaría la constitución.
La intención de ponerlo tras las rejas, con apoyo de la supuesta orden de aprehensión otorgada por un juez a petición de la Fiscalía General de la República y la orden de otro juez que aparentemente otorgaría un amparo al aludido para evitar su detención, dan evidencia del tremendo choque de acciones institucionales sobre este asunto, entre la Federación y el gobierno tamaulipeco.
Todo ello, derivado de una interpretación absolutamente opuesta en relación con una resolución de la Corte, a propósito de la determinación de la Cámara de Diputados para desaforar en aquel momento, (fuera de duda alguna ), al gobernador de Tamaulipas.
Una certeza que se convirtió en incertidumbre al no ser ratificado el desafuero por el Congreso local, surgió después el rechazo a una controversia formulada por los legisladores tamaulipecos, y a partir de esto, la doble interpretación en torno a lo que fundó y motivó esa resolución judicial.
Y es que mientras los que quieren detener al señor García Cabeza de Vaca, diciendo que ya no es gobernador ni tiene fuero, porque lo que la Corte hizo fue validar su desafuero, en Tamaulipas el Congreso sigue apoyando a su gobernador, arguyendo que la Corte resolvió en este caso que la última palabra sobre el desafuero correspondería decirla a los diputados locales y federales.
Así las cosas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene en revisión nuevas gestiones legales tanto de la Fiscalía General de la República como del Congreso de Tamaulipas, es la obligada a determinar a qué instancia de gobierno le da razón: ya sea la que desaforó o la que decidió no desaforar a García Cabeza de Vaca.
Algo que se debe resolver sin ambigüedades como lo pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador y que por supuesto, así debe ser porque en estas controversias no puede haber duda alguna de quién recibe la protección de la justicia, proviniendo la resolución precisamente de la última y máxima instancia legal para reclamar justicia. Y justamente, por eso, la Corte tiene que dejar plena constancia de su absoluta honestidad e imparcialidad al resolver dicha controversia. Que nadie dude pues, que la Corte actúa como un instrumento autónomo, independiente e incorruptible.
Lo cual, obliga a dar cuenta del segundo gran pendiente que la SCJN tendrá que atender y desahogar con respecto a la legalidad o no de que su Presidente acepte la prolongación de su mandato.
Como es del dominio público, la Cámara de Diputados aprobó que el cargo del ministro presidente de la Suprema Corte, pese a lo que marca la Constitución, pudiera prorrogarse.
Y ante esa reforma legal, el jefe del Ejecutivo afirmó que para la buena marcha de las modificaciones legales recién aprobadas en el Poder Judicial, sería conveniente que el ministro Zaldívar aceptara la prolongación de su mandato.
Una decisión que el aludido señaló que ameritaba la resolución que en su momento emitieran sus colegas ministros de la Corte, anticipando que si estos optaran por aprobarlo, en ese justo momento él daría a conocer su determinación al respecto.
En ese contexto, hay que decir que surgieron diversas voces de notables manifestando su desaprobación con la prolongación del mandato del presidente de la Corte, al considerar que eso sería inconstitucional. De ahí la conveniencia de que el ministro Zaldívar decline quedarse en el cargo más tiempo, evite polémicas y ponga a buen resguardo el prestigio de la Corte.
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