“Florero” de Bucareli
Armando Ríos Ruiz lunes 24, May 2021Perfil de México
Armando Ríos Ruiz
De veras que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se ganó a pulso el mote de “florero”. Muchos nos preguntamos: ¿qué hace allí? Cuando pudo haber tenido un retiro digno de la Suprema Corte, en donde ahora nos hace suponer que el cargo de ministra debe haberle quedado inmenso, ya que desde hace dos años sólo nos ha hecho ver que su presencia en la secretaría a su cargo, le sirve para hacer exactamente nada. Bueno, para darle por su lado al patrón.
Tiene dinero para nadar en él. Ganado con el sueldo de fábula que tenía en la máxima tribuna de la ley y que aún cobra. Su esposo es un destacado notario público que, como cualquiera otro, obtiene bastante por sus servicios. Cuando inició la presente administración dijo que podía darse el lujo de no cobrar un centavo y de trabajar sólo por amor al arte. Sólo que no ha cumplido, porque no hace nada. O tal vez sea mucho avalar los caprichos del jefe.
¿Recuerdan que se opuso a que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, gobernara seis años, cuando la norma estipulaba que su permanencia tenía que ser de dos? Con la ley en la mano declaró repetidas veces que era ilegal la intención del ahora gobernador y del mismo Presidente del país. Pero fue exhibida en un video en el que alegremente departía con el aspirante y en el que con risas muy elocuentes se burlaba de sus propios dichos.
Hoy no necesita hacer nada, más que avalar caprichos. Su jefe actúa por ella. O sea que tiene un trabajo muy cómodo. Pero viéndolo bien podría hacer algo: renunciar e irse a su lujoso departamento en Houston. ¿Para qué permanece en una secretaría en donde está de sobra y no hace más que el ridículo?
El artículo 27 La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, fracción XI, da a la Secretaría de Gobernación, la atribución de “vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país; de coordinar en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan los organismos competentes en dicha materia; así como dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto”.
Bueno. Está de sobra. Pero acaba de declarar que los candidatos a diferentes cargos de elección popular no buscaron protección y por lo tanto, no la tienen. Lo acaba de recapacitar, cuando el menos iluminado –hasta un chairo, que ya es mucho−, hubiera discurrido que en estos tiempos en los que el crimen campea a lo largo y ancho del territorio nacional, lo más seguro es que acechen a muchos, en virtud de que los delincuentes también tienen aspiraciones políticas.
Máxime cuando en todos lados se escuchan voces que señalan las amenazas de que son víctimas. Verbigracia y sólo por señalar un caso, lo que ocurrió en Valle de Bravo con la candidata de la coalición PRI, PAN, PRD a la alcaldía, Zudikey Rodríguez, “levantada” por un grupo armado cuando hacía trabajo de proselitismo, e invitada a bajarse de la campaña con amenazas de muerte.
Doña Olga no tuvo antes la iniciativa de pregonar, que está dispuesta a brindar protección. Ni siquiera porque el mayor número de señalamientos de pertenecer a grupos delictivos, ha recaído en los aspirantes de Morena. Ni siquiera por saber, porque debe tener alguna capacidad para registrarlo, que casos como el anterior deben de darse, toda vez que su patrón ha prohijado la idea de proteger a las sociedades criminales con su estrategia de “abrazos, no balazos”.
Ni siquiera por los comentarios, a diestra y siniestra, de que en determinados lugares debe ganar el candidato de Morena, contra todo lo que pueda oponerse y hasta con violaciones a las leyes, porque se necesita “cuidar la plaza”. Cierto o no, está obligada a atender esta clase de advertencias.
¿Qué ocurrirá en el caso de ese municipio del estado de México? Debe haber otros casos parecidos, sólo que ejecutados en secreto. El anterior se conoció porque fue realizado a la luz pública, como el asesinato de Abel Murrieta, en Cajeme, Sonora.
