Para llegar a Palacio Nacional se pasa por las oficinas de la Suprema Corte
Miguel Ángel Rivera viernes 21, May 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Aunque seguramente habrá especialistas que encuentren el origen en otras fuentes, una de las sentencias más reconocidas al politólogo mexicano Jesús Reyes Heroles, sostiene que “la forma es fondo”.
Esto viene al caso porque, por segunda ocasión en menos de un mes el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, visitó otra vez Palacio Nacional, residencia y oficina del titular de otro de los poderes federales, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
De uno a otro edificio, entre Palacio Nacional –sede del Ejecutivo federal– y la oficina central de la Suprema Corte de Justicia hay apenas una distancia de unos cuantos metros, pues apenas los separa o los une la calle que rinde homenaje a doña Josefa Ortiz de Domínguez, la heroína de la Independencia más conocida como la Corregidora de Querétaro.
A pesar del breve espacio, en términos de la vida política, debe existir, para ponerlo en términos actuales, una “sana distancia” entre los dos poderes de la Nación.
De hecho, como parte del protocolo de la vida política nacional, desde hace casi un siglo –desde el triunfo de la revolución contra la dictadura de Porfirio Díaz– se procuró que los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial se mantuvieran formalmente distanciados, aunque siempre se supuso que el titular de la Suprema Corte de Justicia, la máxima instancia de la judicatura, tenía un cierto grado de dependencia respecto del Ejecutivo. Los mismo se decía del tercero de los poderes federales, el Legislativo, pues el futuro de los integrantes de las cámaras de Senadores y Diputados, incluidos sus presidentes, dependía (¿o depende?) de la voluntad del Presidente de la República.
Por eso, para efectos mediáticos, los titulares de los poderes Legislativo y Judicial sólo aparecían en actos encabezados por el Ejecutivo en fechas muy especiales, pero por lo general trataban de aparecer distantes y evitar cualquier signo de sumisión o dependencia, “la forma es fondo”.
En la actualidad, este distanciamiento entre poderes ha adquirido especial significado, luego de que se atribuye al titular del Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo menos intentar un predominio sobre los otros poderes y los organismos autónomos.
Todo este preámbulo es necesario por las “visitas” –físicamente apenas un cruce de calle– del presidente de la Suprema Corte, el mencionado ministro Arturo Zaldívar, a la sede del Ejecutivo federal, lo cual hace suponer una relación de dependencia.
Conforme a los protocolos previamente vigentes, aunque se daba por hecho la prevalencia del Ejecutivo sobre el Judicial, si se tratara de un encuentro privado, se realizaría en forma muy reservada. Si fuere el caso de un asunto oficial, la reunión sería en una sede “neutral”.
Sin entrar al tema de las conflictivas controversias constitucionales que tiene que definir la Suprema Corte –como el caso del desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca– las visitas casi subrepticias del titular de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura a Palacio Nacional para reunirse con el Presidente de la República dan oportunidad a las suposiciones de que hay una relación de sometimiento.
Pero todavía genera más motivo de especulaciones, si la visita del ministro Zaldívar a Palacio Nacional es para encontrarse con un empleado de la Presidencia de la República, el consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra.
Por cuestiones de jerarquías, Scherer Ibarra debería ser llamado a las oficinas del presidente de la Suprema Corte, lo cual no sería nada sorpresivo, pues es público y notorio que utiliza la sede del máximo tribunal de país para cruzar la calle Corregidora y eludir bloqueos de manifestantes para llegar a sus oficinas en Palacio Nacional.
Diputados de Tamaulipas
rechazan nuevamente
la destitución de su gobernador
A propósito de aparentes actos de sometimiento de un poder público respecto de otro, los diputados locales de Tamaulipas mantienen una férrea defensa de su gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien resiente una dura embestida del gobierno de la llamada Cuarta Transformación y de la “autónoma” Fiscalía General de la República.
Primero, la mayoría de Morena y asociados decretó el desafuero del mandatario, pero los legisladores tamaulipecos se opusieron a aceptar esa decisión y se negaron a nombrar un gobernados sustituto.
Luego, la “independiente” FGR promovió una orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca para llevarlo a prisión por supuestos delitos financieros.
En respuesta, el Congreso de Tamaulipas votó a favor, con dispensa de trámites, un punto de acuerdo para solicitar que la Fiscalía General de Justicia del estado abra una carpeta de investigación contra el juez que giró orden de aprehensión contra el gobernador García Cabeza de Vaca.
Con 24 votos a favor, de la bancada panista, los diputados del PRI e inclusive del líder de la bancada de Morena, Ulises Martínez, se aprobó el punto de acuerdo, aunque los legisladores locales aclararon que no tienen conocimiento oficial de la orden de captura, pero que, por tratarse de un acto de suma importancia para este Congreso decidieron solicitar se tomen acciones inmediatas para conocer sobre el mismo.
Los diputados tamaulipecos precisaron que “se solicita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas iniciar las carpetas de investigación y/o los procesos correspondientes respecto de la solicitud, emisión y en su caso probable ejecución de la orden de aprehensión en contra del gobernador constitucional del estado de Tamaulipas” y demandaron, además, denunciar ante la FGR a quienes pidieron orden de captura.
“Se presente denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de los servidores públicos o de quienes hayan participado en la solicitud, emisión y en su caso probable ejecución de la orden de aprehensión en contra del gobernador constitucional del estado de Tamaulipas”.
Los diputados explicaron que esta acción se debe a que consideran que se ha vulnerado una resolución de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque de ella se desprende que el gobernador mantiene su fuero y que el Congreso de Tamaulipas actuó con base en su competencia constitucional. “De esta forma, el Poder Legislativo deja de manifiesto que esta soberanía ha sido violentada con la supuesta orden de aprehensión”, indicaron los diputados tamaulipecos.
Candidata del PAN al gobierno
de Chihuahua, acusada con documentos falsos
Otro caso político que se convirtió en asunto judicial es el de la candidata del PAN al gobierno Chihuahua, Maru Campos, quien fue acusada por su propio correligionario, el gobernador saliente, Javier Corral, se haber recibido sobornos de su antecesor priista César Duarte.
En respaldo de la candidata del PAN y también del PRD, peritos en grafoscopía dictaminaron que los documentos que sirven de base para la denuncia contra Campos son falsos.
Durante una conferencia en la que Maru Campos estuvo acompañada por empresarios de Chihuahua, dos especialistas presentaron un análisis realizado a 34 documentos acusatorios, mismo que consideraron apócrifos.
Con ello, la candidata de la alianza PAN-PRD reafirmó sus denuncias en contra del gobernador Corral, a quien acusa de “hacerle la tarea” a Morena. “Algún pacto tendrá”, aventuró la candidata a gobernadora.
El perito Sergio Vidaurri explicó que las firmas presentadas en los documentos acusatorios no corresponden a Campos, ya que presentan diferencias en comparación con las firmas realizadas por candidata para el análisis.
“Entre la firma auténtica y la cuestionada hay diferencias en la forma en cómo se realizó la firma y que no está hecha ni formada de la misma manera. En la auténtica inicia por arriba del hombro y luego se lleva a cabo sin separar la pluma y se finaliza con un rizo, mientras que en la otra las letras son totalmente diferentes y se pueden observar levantamientos de pluma durante el proceso”, explicó.
Un segundo perito, Alberto Baudini, dijo que también existen inconsistencias e, incluso, se podría pensar que, aunque se supone que los documentos fueron hechos en distintos años, en realidad fueron realizados durante un mismo periodo.
