Apremian a la Suprema Corte para que decida acerca del desafuero
Miguel Ángel Rivera lunes 17, May 2021Clase Política
Miguel Ángel River
Los asuntos que llegan hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son complicados que requieren un profundo y detallado análisis, por lo cual se explica que, con frecuencia, se acumulan. Sin embargo, hay casos que requieren ser revisados con mucha urgencia.
Uno de esos asuntos que requieren ser tramitados a la brevedad es determinar si procede o no el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, decidido por la Cámara de Diputados federal, pero rechazado por el Congreso de ese estado norteño.
La polémica se deriva de una indefinición o de un ordenamiento del artículo 110 constitucional, el cual establece:
“Los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda”.
Para que la confusión aumente, también es de tener en cuenta el párrafo quinto del artículo 111 constitucional, que establece:
“Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los consejos de las Judicatura locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”.
Los diputados federales respondieron de forma positiva a la demanda de desafuero presentada por la Fiscalía General de la República por los supuestos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. La mayoría de Morena y satélites aprobó la oficialmente denominada “declaración de procedencia” y por ello el gobernador debería no sólo ser destituido sino inclusive encarcelado.
Sin embargo, para los diputados locales de Tamaulipas -donde el PAN, partido del gobernador, tiene mayoría- no hay elementos para proceder a la destitución.
A partir de allí surgió la controversia que tienen que decidir los ministros del máximo tribunal del país. A todo el mundo le urge conocer la sentencia, por lo cercano de las elecciones, pero los integrantes de la SCJ se han tomado su tiempo.
Por eso la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) formuló el pasado fin de semana un “exhorto respetuoso” a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva de manera expedita la controversia sobre el desafuero interpuesto por el Congreso de Tamaulipas.
En un mensaje difundido por las redes sociales, los 9 mandatarios de Acción Nacional subrayaron que la resolución es fundamental para el federalismo mexicano y la gobernabilidad de la República.
“Hacemos un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver el fondo de la Controversia Constitucional respecto al conflicto entre la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y el Congreso del Estado de Tamaulipas con relación al párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. La determinación de competencias federales y locales en procedimientos de desafuero es fundamental para el federalismo mexicano, la estabilidad, el orden y la gobernabilidad de la República. La letra de la Constitución ordena de manera explícita un proceso de participación donde intervienen ambas partes. Esto no puede ser suprimido de forma unilateral por ninguna de ellas. Dado el momento que vive el país, hacemos un exhorto respetuoso al máximo tribunal para que resuelva el fondo de la cuestión a la brevedad y otorgue certeza jurídica a la conformación de los poderes públicos de la Nación”.
La organización de mujeres en defensa del
candidato del PRI-PRD al gobierno de NL
Otro conflicto político electoral que está pendiente de solución es la denuncia contra el candidato del PRI-PRD al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, por supuesta compra de votos.
Aparte de la importancia del cargo, este conflicto alcanzó los más altos niveles de la política nacional porque intervino el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien a pesar de tener la advertencia del Instituto Nacional Electoral (INE) de que no debe intervenir en asuntos electorales, aseguró que, “como ciudadano”, no puede dejar pasar un delito electoral.
La denuncia contra de la Garza se debe a una promesa de campaña de dar un beneficio económico a las mujeres de Nuevo León en caso de conquistar el gobierno estatal.
El primer mandatario asegura que ese programa del candidato de la alianza PRI-PRD es una forma disfrazada de compra de votos, pero en contra, los partidos que respaldan a de la Garza señalan que la denuncia tiene como finalidad tumbarlo del primer sitio en las preferencias de los electores, mientras que la abanderada del partido del gobierno, Morena, la ex priista Clara Luz Flores, ha caído al tercer sitio, pues también la supera en las encuestas el abanderado de Movimiento Ciudadano (MC) Samuel García.
Los críticos de la actitud asumida por el presidente López Obrador destacan que programas similares al del aspirante a gobernador de Nuevo León son aplicados por candidatos de la llamada Cuarta Transformación en diversas partes del país, además de que en casos similares, el comicios anteriores, las autoridares electorales dictaminaron que no se trata de compra de votos, pues sólo se trata de promesas que sòlo se cumplirían en caso de una victoria.
Además de esos defensores, se sumaron a favor del abanderado del PRI-PRD, la organización nacional de mujeres del PRI, sector que tiene muchos motivos de resentimiento con el primer mandatario y, en general, con el gobierno de la llamada Cuarta Transformación por la cancelación de programas que beneficiaban directamente al sector femenil.
“Desde que el partido Morena llegó al gobierno federal, las mujeres mexicanas han perdido cada vez más programas que las ayudaban a tener un suelo más parejo en lo privado como en lo público, a la par de que la violencia contra ellas ha ido en aumento”, sostuvo el Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI).
También expusieron que, al gobierno de la República, le molesta que Adrián de la Garza, proponga proteger a este sector poblacional para llenar los vacíos que han causado, al recortar y desaparecer los programas que existían para acortar las brechas de género en México.
La mencionada ONMPRI dice en un comunicado que “los números no mienten. Las mujeres no son prioridad para Morena. En 2020, se le recortó al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) 75 por ciento de su presupuesto anual. Además, desaparecieron el programa de Estancias Infantiles y suspendieron el apoyo a los refugios de Mujeres Víctimas de Violencia. En 2021, contrario de lo señalado por Inmujeres, de que hubo un aumento; desaparecieron 26 programas y se redujo nuevamente el presupuesto, en 38 por ciento.
Por otra parte, desde Baja California llegan reportes en el sentido de que la disputa del gobierno del estado aumentó de tono, pues se han dado a conocer encuestas en el sentido de que ha perdido ventaja la candidata de Morena, Marina del Pilar Ávila, considerada incondicional del gobernador saliente, Jaime Bonilla, a quien se acusa de seguir “derrochando recursos”.
De acuerdo con esos sondeos, el que avanza es el candidato del Partido Encuentro Solidario, Jorge Hank Rhon, quien ha hecho de tema central de su campaña la denuncia del derroche de recursos de la candidata oficial.
¿De donde viene el dinero para tanto gasto?, pregunta Hank, quien pide que las autoridades cumplir su obligación de controlar excesos, como lo hacen con los otros candidatos.
