Legisladores de Morena protegen a los suyos y amenazan a sus rivales
Miguel Ángel Rivera jueves 13, May 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
La mayoría de Morena y asociados confirmó ser muy juarista. Aplica el principio de que “a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, justicia a secas”.
La amplia mayoría de Morena y “satélites” rechazó una propuesta de punto de acuerdo presentada por la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez para pedir más información de las obras de construcción y de los trabajos de mantenimiento en la Línea 12 del Metro capitalino, donde recientemente se registró una tragedia que costó la vida de 26 personas y lesiones a unas 80 más.
Hacer pública esa información potencialmente podría significar problemas para el ex jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y para la actual titular del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, los dos considerados potenciales candidatos presidenciales de Morena para las elecciones de 2024. Por supuesto, ni morenos ni rémoras desean incomodar a tan distinguidos personajes.
En cambio, a quien sí suponen tener al alcance y poderlo exhibir como presunto responsable de ese lamentable accidente es al también ex jefe de Gobierno de la ahora Ciudad de México, el actual senador Miguel Ángel Mancera.
La iniciativa la presentó a título personal la diputada María de los Ángeles Huerta, quien ha procurado distinguirse como una de las más convencidas defensoras del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero seguramente tuvo el respaldo de otras figuras la llamada Cuarta Transformación, pues su propuesta tuvo amplia difusión en los medios y apareció registrada en los asuntos a tratarse en la sesión de ayer de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Como antecedente, cabe recordar que el pasado 6 de mayo en la Permanente, legisladores de Morena exculparon a Marcelo Ebrard de fallas en la Línea 12 del Metro e iniciaron la arremetida contra Mancera.
En su documento, la legisladora de Morena acusa directamente a la administración de Mancera de las fallas en la línea 12 y mencionada como posible elemento de prueba que varios de los colaboradores del entonces jefe de Gobierno “son perseguidos por la Interpol, no solo por corrupción sino por desfalcos a los fondos para la reconstrucción después del sismo de 2017”.
El sólo anuncio de la petición de desafuero generó un juicio mediático, al cual el presunto implicado, el senador Mancera respondió con un escueto mensaje a redes sociales:
“Respecto al punto de acuerdo solicitado por una legisladora federal de Morena, como lo dije antes: estaré atento al resultado de los peritajes y lo que requieran las autoridades competentes para esclarecer los hechos. No es tener fuero, es si se hicieron las cosas bien o no”.
Además, en conferencia de prensa, Mancera declaró que no va “a repartir culpas, no voy a caer en esa dinámica, no voy a repartir culpas, no voy a señalar a nadie; y tampoco estamos eludiendo ningún tipo de responsabilidad”.
También aseguró confiar en las promesas de las autoridades en el sentido de que no van a fabricar culpables, hay que confiar en lo que están diciendo, agregó.
Ricardo Monreal intervino para atemperar ánimos
A final de cuentas, la demanda de iniciar juicio político contra Mancera no se trató en la Comisión Permanente y aunque no hubo información al respecto, se presume que el asunto fue retirado del orden del día por intervención del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en ese órgano legislativo, el zacatecano Ricardo Monreal Ávila, quien siempre ha dado preferencia a la negociación y no a la diatriba.
Trascendió que el coordinador de la mayoría legislativa buscó acuerdos con los demás grupos parlamentarios para no convertir a la Comisión Permanente en una “tribuna de trifulca”.
El coordinador “moreno” señaló que era preferible seguir los cauces institucionales, esperar los peritajes y no adelantar vísperas.
“Estoy pidiendo a los proponentes que desistan de cualquier solicitud de desafuero de cualquier gente”, precisó en su llamado el presidente de la Jucopo del Senado.
Por los hechos se puede concluir que logró apaciguar ánimos y convencer a las partes de esperar el dictamen de los peritos.
Lo que sí no pudo evitar Monreal fue que los legisladores de MC y del PRI hicieran un llamado al presidente López Obrador para que ya no meta las manos en los procesos electorales, en particular en la elección de gobernador de Nuevo León, en donde los candidatos punteros, Samuel García (MC) y Adrián de la Garza (PRI) están sujetos a investigaciones judiciales, a cargo de la Fiscalía General de la República, inducidas por el primer mandatario.
A nombre de la fracción parlamentaria del PRI, la diputada Claudia Pastor Badilla exhortó al titular del Ejecutivo Federal para que “apegue su desempeño a las reglas del modelo vigente de comunicación política y se abstenga de intervenir en el proceso electoral de Nuevo León o en cualquier otro.
“La propaganda pública debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, por lo que no deben incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”, recordó la legisladora.
“En Movimiento Ciudadano rechazamos, enérgicamente, la inferencia indebida del presidente de la República en el proceso electoral y el claro uso faccioso de las instituciones para perjudicar al candidato a gobernador de Nuevo León, Samuel García”, afirmó el senador Noé Castañón, quien recordó que fue el propio primer mandatario el que, en una de sus conferencias mañaneras, admitió estar metiendo las manos en las elecciones en curso.
“Esto es inaudito”, añadió el legislador de MC, quien indicó que “desde el Congreso de la Unión no podemos permitir la contaminación del proceso electoral y de la vida democrática del país”.
Pemex culpa de aumentos en el gas a distribuidores
Apenas el pasado 21 de abril, el presidente López Obrador reiteró que El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su administración ha cumplido con el compromiso de que los precios de los combustibles no aumenten en términos reales.
En esa oportunidad el primer mandatario aseguró que lo anterior puede comprobarse. “El compromiso de nosotros de no aumentar el precio de los combustibles se ha cumplido y podemos probar que desde que llegamos no han aumentado en términos reales”, dijo el mandatario.
Menos de un mes después, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), el ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropeza admitió que sí se han registrado aumentos en el precio del gas para uso doméstico, pero negó que sea responsabilidad de esa empresa estatal y culpó a los distribuidores particulares.
También en una de las conferencias mañaneras desde Palacio Nacional, el titular de PEMEX lanzó culpas contra otro de los enemigos favoritos de la llamada Cuarta Transformación: los gobiernos anteriores, en particular a la reforma energética del 2013.
El funcionario aseguró que Pemex vende el gas LP a los distribuidores en un estimado de 12.5 pesos por litro (al término de 2018 estaba por debajo de los 11 pesos), y éstos lo ofrecen a los usuarios en 19.6 pesos por litro en promedio.
No obstante que Romero Oropeza insiste en que en donde Pemex tiene presencia el precio del gas LP es más barato, pero los reportes desde diversos puntos del país indican que no solo el gas se ha encarecido, sino también el precio de las gasolinas, aunque el presidente López Obrador insiste en que no hay gasolinazos.
Pero más que admitir aumentos en los combustibles, lo que seguramente más pesa al gobierno de la llamada Cuarta Transformación es que su contrarreforma energética no ha podido entrar en vigor.
A los amparos concedidos con anterioridad por el repudiado juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, se sumó el titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Rodrigo de la Peza, que también frenó por tiempo indefinido la Ley de Hidrocarburos promovida por el presidente López Obrador, al conceder 18 suspensiones provisionales a otras tantas empresas.
Los efectos de los amparos son de carácter general, es decir, comprenden no solamente a los quejosos, sino a todos los permisionarios de los mercados de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
