Cupido involucrado en conflictos electorales
Miguel Ángel Rivera martes 11, May 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Carla Astrid Humphrey Jordan es una distinguida profesional del Derecho, especializada en asuntos electorales y también en la persecución de delitos patrimoniales que, por su cuenta, se ha ganado ser una figura destacada en la vida política nacional.
Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) es también candidata a doctora en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid y, además, ha realizado diversos diplomados en materia político-electoral y administración pública. Es integrante de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales A.C. También es socia fundadora de la Asociación Nacional de Consejeros y Consejeras Electorales de los Organismos Electorales de la República Mexicana.
Durante su gestión como consejera electoral capitalina, fue presidenta de la Asociación de Comisiones Políticas, presidenta del Comité de Radiodifusión, presidenta de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica y presidenta de la Comisión de Organización y Geografía Electoral.
Asimismo, fungió como presidenta e integrante del Comité encargado de coordinar las actividades tendientes a recabar el voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero para la elección de Jefe de Gobierno de 2012 y del grupo encargado de la organización de los Debates entre los candidatos a jefe de Gobierno en 2006 y en 2012,
También fue directora general de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultora Nacional de ONU Mujeres, especialista Internacional en Fiscalización, financiamiento de partidos políticos y género en Misiones de Observación Electoral del OEA.
Actualmente, además de consejera del INE, es Socia de la Organización International Women´s Forum IWF y forma parte de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA).
Por si fuera poco, Humphrey es actualmente integrante del repudiado, desde Palacio Nacional, Instituto Nacional Electoral (INE), en donde se ha ganado el reconocimiento, como dice la expresión popular, de propios y extraños, por su actitud independiente y de absoluto respeto a los principios de Derecho que rigen el sistema electoral mexicano.
Por ejemplo, en el controvertido caso de la cancelación del registro del ex candidato a gobernador de Guerrero, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, la consejera electoral se sumó al bando que estuvo de acuerdo con quitarle el registro por haber incumplido la obligación de presentar al INE un informe de ingresos y gastos durante la etapa de precampaña.
Todo lo anterior viene al caso porque, independientemente de su destacada trayectoria académica y profesional, la consejera electoral está actualmente envuelta en un conflicto político-sentimental.
Esto, porque fue esposa del ex senador del PAN Roberto Gil Zuarth, quien también aspiró a la presidencia del partido azul y blanco, además de ser secretario particular del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Los problemas ya no personales, sino políticos, surgen porque Gil Zuarth es actualmente uno de los acusados de haber recibido sobornos del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto para votar a favor de las reformas constitucionales promovidas en ese sexenio.
Los conflictos sentimentales se complican porque el principal acusador de Gil Zuarth y otros panistas es el titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda Santiago Nieto Castillo, quien actualmente es la pareja sentimental de la consejera electoral.
Según algunos portales de Internet que han seguido de cerca esa relación sentimental, si el investigador y la consejera no se han casado es debido a las restricciones en la convivencia que impone la pandemia que actualmente padecemos.
Mientras tanto, a últimas horas se conoció que Gil Zuarth tuvo un revés luego de que el Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México rechazó el amparo que interpuso su defensa para que sus cuentas bancarias no sean investigadas como parte de la indagatoria que le sigue la Unidad de Inteligencia Fiscal (UIF) en el caso de Emilio Lozoya Austin.
Desde una semana antes, trascendió que la UIF recibió la notificación de dicho Juzgado en la que señala que negó de manera definitiva la suspensión a Roberto Gil Zuarth.
El juez federal
Gómez Fierro no se da por
enterado de presiones
El titular del juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, quien está sujeto a una investigación de sus propiedades y cuentas bancarias a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, no parece darse por enterado de las presiones en su contra y actúa conforme a lo que considera que disponen la Constitución y sus leyes reglamentarias.
Como parte, de esa actuación independiente, Gómez Fierro -quien anteriormente concedió amparos contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y de la creación del Registro Nacional de Usuarios de la Telefonía Celular (RENAUT)- ahora autorizó la suspensión provisional de contra la reforma a la Ley de Hidrocarburos, que tiene como finalidad devolver a Petróleos Mexicanos (Pemex) un mayor control de precios y llevar a cabo cambios en la transportación, distribución, comercialización, venta y almacenamiento de combustibles.
En su resolución, el juez Gómez Fierro estableció que, con el fin de no afectar a las empresas del sector, se concedió la protección de la justicia federal debido a que la ley impugnada pudiera dañar la competencia y libre concurrencia al propiciar que Pemex retome el papel monopólico que tenía hasta antes de la reforma energética, “lo que sin duda implicaría un retroceso para el desarrollo de todo el sector”.
En su exposición, el juez destacó que la nueva ley quitó toda posibilidad a las compañías privadas de ser contratadas para manejar y controlar las instalaciones de los permisionarios que estén ocupadas o suspendidas, lo que se traduce en que Pemex y sus filiales tengan exclusividad en las contrataciones, además de que esa empresa estatal podría retomar el papel monopólico que tenía hasta antes de la reforma energética, “lo que sin duda implicaría un retroceso para el desarrollo de todo el sector”.
Además, el juez señaló que los preceptos transitorios de la ley podrían disminuir de manera importante el número de participantes proveniente de los mercados de hidrocarburos y petroquímicos.
La demanda de amparo fue presentada por Abraham Banda Flores, Rubén Tamez Flores, Alberto Maceira Balboa y por Carlos Jaidar Castro, representantes legales de Grupo Base Energéticos, Pharaoh International Products, Antluc y de Distribuidora de Combustibles Mil contra actos emanados de la cámara de diputados y el jefe del ejecutivo federal.
Asimismo, Gómez Fierro ordenó a la Secretaría de Energía que, en el plazo máximo de tres días hábiles, difunda el contenido de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en la cual establece que, en tanto se mantenga la suspensión provisional (o si llega ser definitiva) se deberán aplicar los artículos vigentes antes de que se aprobara en el Congreso esta reforma promovida por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
El juez determinó que la suspensión estará vigente no sólo para quienes solicitaron el amparo, sino también para todos los titulares de un permiso en el mercado de hidrocarburos.
Con la suspensión otorgada por el juez Gómez Fierro queda suspendida, también, de manera temporal, la posibilidad de que las instalaciones relacionadas con permisos suspendidos o cancelados sean ocupadas de manera temporal por las empresas estatales, lo cual constituye una de las principales preocupaciones del sector privado respecto a los cambios contenidos en la reforma energética
Esto porque queda sin efecto la medida que establecía que, a la entrada en vigor de la ley, se procedería a la revocación de los permisos a empresas privadas que incumplan con el requisito de almacenamiento mínimo u otros lineamientos que infrinjan las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.
