Las cadenas herrumbradas de nuestras anclas
* Especiales, _• Letras Iberoamericanas •_ viernes 15, Abr 2011Hace casi un año cumplimos 200 años de haber iniciado nuestro movimiento de independencia. En este trayecto de dos siglos, hemos pasado por luchas sangrientas y por dictaduras e imperios caricaturizados. Sin embargo, todavía nos queda en duda una pregunta básica. ¿Habremos alcanzado nuestra independencia? Seguro la respuesta es compleja.
Primero, es parte de la conformación de un estado que los connacionales entreguen parte de sus “libertades” a este ente social. Empero, las libertades entregadas deberán generar menos satisfactores que la seguridad física, jurídica y patrimonial que nos otorga el estado.
Por otra parte, es también parte de nuestra historia iberoamericana que el control debe centralizarse en instituciones reducidas y poco flexibles. Es así que la iglesia, el ejército y distintos entes jurídicos, sociales y políticos toman para sí la vida y decisiones de los ciudadanos; sin medir (o eso aparentan) las consecuencias que para la vida pública esto conlleva.
En México, quizás son los partidos quienes ejercen este control totalitario de la política y la vida pública; en Chile tal vez sea el ejército, en Venezuela la burocracia petrolera o aquella cercana al Presidente Chávez. En el caso de Costa Rica, José Rafael, nos presenta a los lectores de Letr@s Iberoamericanas “la Sala Constitucional” organismo que vela por los derechos de los costarricenses, pero sus decisiones podrían no ser acordes a lo que necesita una nación en constante movimiento en aras de ser competitiva.
¿En qué más nos podríamos parecer en Iberoamérica?; la pregunta del bicentenario…
Edgar Gómez
coordinador Letras Ibero@mericanas
edgargomez_cide@yahoo.com.mx
José Rafael Fernández / Costa Rica
Los pueblos de Latinoamérica, sin duda, aspiran a un techo y un trabajo digno, a la erradicación del hambre, al acceso universal a la salud, a la transparencia en el manejo de la cosa pública.
Tristemente, a veces parece que las cadenas históricas de las anclas estructurales de nuestros países, se han herrumbrado y hoy, se hace imposible levantarlas para poner -al fin- rumbo al progreso.
Las dos Alemanias pudieron reunirse, política y económicamente, en un tiempo asombrosamente corto, en Costa Rica, el simple arreglo del piso de un puente lleva ya dos años sin ejecutar la obra… ¿A dónde está la razón de tal incapacidad de actuar?… Describo un ejemplo.
El actual Estado social-cristiano costarricense, se estructuró en el año 1948, luego de una corta revolución, a la que, en vez de una dictadura, siguió la abolición del ejército y una Asamblea Constituyente. En 1989, se reformó la Constitución para crear el Tribunal Constitucional, que se encarga de conocer la “inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al derecho público” así como de los recursos de hábeas corpus1 y amparo, para garantizar la integridad y libertad de las personas y el goce de los otros derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derecho humanos.
El pueblo ha recurrido, masivamente, a la Sala Constitucional a reclamar el restablecimiento de sus derechos. La Sala así, se ha convertido en el gran contralor de legalidad de Costa Rica. Hecho que tiene aspectos positivos y negativos. Positivos, porque ha amparado al pueblo en sus justos anhelos de que la administración pública respete sus límites, y cumpla el cometido para el que fue creada. Negativos, porque la sobrecarga de trabajo hace que exista un notable atraso en la resolución de asuntos y, por otro lado, por la cantidad y calidad de temas que ha tenido que resolver el Tribunal, se le acusa de ir más allá de sus propias facultades en algunos fallos y, dicen los críticos, ubicarse por encima de la constitución.
Una sentencia reciente de la Sala demuestra lo dicho. Los trabajadores de los muelles de la costa caribeña, en la ciudad de Limón, conforman el SINTRAJAP (Sindicato de Trabajadores de Japdeva – Junta Administradora de la Vertiente Atlántica). Dicho sindicato, de izquierda, a lo largo de los años logró –a punta de huelgas tremendamente perniciosas para la economía del país- beneficios desproporcionados para sus asociados. Por ejemplo, la Convención Colectiva, permite al sindicato cerrar y paralizar, totalmente, los muelles durante once días al año, para que sus asociados gocen de esos días como feriados pagados (incluidos los días del carnaval). Aparte, por supuesto, de las vacaciones de ley. Además, pasadas administraciones cedieron al sindicado, funciones propias de la administración portuaria, de manera que hoy día el gobierno tiene que pedir permiso al sindicato para muchas funciones que son típicas de la administración pública.
El gobierno pasado puso en marcha un proyecto para la concesión de los muelles, como forma de modernizar esos puertos, pero tal propuesta debe ser aceptada por el sindicado, y pasar por la modificación del Convenio Colectivo.
Al final, se negocio una indemnización de US$137 millones a cambio de concesionar los puertos. Dicha suma sería repartida entre los 1.400 asociados del sindicato.
Con todo, la Junta Directiva, -13 dirigentes- se negaron rotundamente a convocar a la Asamblea General que debía conocer la reforma de la Convención Colectiva que permitiría la concesión.
Por obligación, hicieron la convocatoria de “medio período” para el 9 de enero de 2010. No obstante, citaron en un local en que cabían únicamente 120 personas. Ante esa situación, el Ministerio de Salud prohibió la celebración en ese lugar. No obstante, pese a que se “desconvocó” un día antes, llegaron al lugar, un gran número de trabajadores, quienes se instalaron como Asamblea, y convocaron para una segunda Asamblea, días después. Dicha Asamblea destituyó la Junta Directiva anterior, e instaló una nueva, totalmente favorecedora de la concesión. A esa reunión acudieron 687 de los afiliados al sindicato. Instalada la nueva Junta Directiva, se convocó a otra Asamblea que conoció, y aprobó, la reforma de la Convención Colectiva, y se autorizó así dar los muelles en concesión, y además se acordó que los muelles deberían trabajar 365 días al año. La votación que avaló la concesión fue de un 94% de los trabajadores presentes.
Por supuesto la cúpula depuesta, de la mano de los diputados del partido de izquierda, (Frente Amplio) acudió a todas las instancias, incluida, por supuesto la Sala Constitucional.
El pasado 25 de agosto, la Corte, con fundamento en violaciones al “debido proceso”, en un fallo dividido de tres contra dos, y en que el Presidente de Corte Suprema, tuvo que ejercer un voto decisivo, anuló la destitución de la anterior Junta Directiva, y por tanto todos los actos llevados a cabo por la nueva Junta. Consecuentemente, la decisión de reformar la Convención Colectiva y permitir que los puertos se otorguen en concesión.
Así, en Costa Rica los puertos caribeños ya están dados en concesión, pero no a una empresa económicamente eficiente, sino a un sindicato que, en contra de la voluntad del pueblo, se ha adueñado de ellos.
Mientras termino de escribir estas líneas, la Sala ha dictado otra resolución polémica. Ahora prohíbe a la policía efectuar revisiones aleatorias (retenes) en las carreteras, pues según la Constitución “nadie puede ser detenido sin indicio comprobado de delito”. Así, la policía únicamente podrá detener un vehículo para su revisión, si a) el ciudadano lo autoriza y b) si hay indicio de la comisión de un delito… ustedes que creen ¿los narcotraficantes, secuestradores, asaltantes y ladrones darán permiso?
1 El hábeas corpus es una institución jurídica que garantiza la libertad personal del individuo, con el fin de evitar los arrestos y detenciones arbitrarias. Se basa en la obligación de presentar a todo detenido en un plazo perentorio ante el juez, que podría ordenar la libertad inmediata del detenido si no encontrara motivo suficiente de arresto.
