Monreal: injusto y desorbitado, fallo del Trife vs Salgado y Morón
Roberto Vizcaíno jueves 29, Abr 2021Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
- Va la reforma político-electoral e impugnación a límites de sobrerrepresentación
Ricardo Monreal puso ayer sobre la mesa de la crítica su doctorado en Derecho Constitucional, y su larga carrera legislativa, y desde ahí acusó a INE y al Tribunal Electoral de haber anulado reglas esenciales de la democracia al cancelar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán.
Y de haber legislado -sin tener facultades para ello- en pleno período electoral -lo cual no está permitido-, para establecer límites a la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.
Y acudió a todos los adjetivos posibles para calificar el retiro de candidaturas a Salgado y a Morón:
Fue un fallo, dijo: desmedido, arbitrario, excesivo, desproporcionado, injusto, arbitrario, que raya simple y sencillamente en desorbitado.
Su argumentación es que, al retirar estas candidaturas, el Tribunal Electoral e INE abandonaron el criterio garantista establecido por la propia Sala Superior -en expedientes: 197-2016; 1520-2016; 1521-2016, y 198-201- de no permitir la supresión del registro de quienes estaban en condiciones similares, y les fue restituida la candidatura para participar en sus procesos electorales, y permitir así que los ciudadanos decidieran.
“La mayoría del Tribunal lo sepultó… es preocupante”, subrayó el zacatecano.
Impugnable lo de la sobrerrepresentación
En cuanto a lo de establecer límites a la sobrerrepresentación de diputados, aclaró:
No le corresponde al Trife, ni al INE crear normas. Eso le corresponde al Poder Legislativo. El juzgador no puede sino interpretar la norma escrita.
Lo de la sobrerrepresentación, poner límites a la asignación de diputaciones federales por el principio de representación proporcional no le corresponde ni al INE ni al Tribunal Electoral. Menos con el proceso electoral ya en curso, afirmó.
“… ya con el proceso electoral en curso, el INE ha introducido normas, leyes, que establecen criterios de afiliación o militancia efectiva para llevar a cabo esta asignación, lo que supone una legislación en el actual proceso electoral.
“Es decir, modifica, crea normas de carácter general en pleno proceso electoral, y para que se formen reglas generales del proceso electoral, se establece una prohibición para que no puedan hacerse antes del proceso ni durante el proceso electoral. Está prohibido para el legislador, por el legislador, crear normas en materia electoral.
“Lo anterior lleva a la reflexión de si no debiera haber una reserva legal para fijar los parámetros a fin de otorgar los lugares de representación proporcional, de tal manera que se impida definitivamente que el órgano administrativo electoral legisle este tipo de temas, y, sobre todo, que no se lleve a cabo cuando ya inició el proceso electoral, por seguridad jurídica de toda la ciudadanía.
“Por eso, me pregunto si el INE debe de seguir actuando de esa manera, o si el Tribunal Electoral también está avalando esta intromisión grave en el Poder Legislativo.
“Yo soy defensor del Poder Legislativo, será porque toda mi vida (3 legislaturas como diputado federal y 3 como senador) he sido legislador y nunca había ocurrido tal exceso. El INE es el encargado de hacer cumplir la ley y de aplicar la norma al caso concreto, pero no puede crear leyes, normas, de carácter general. Por eso mi inquietud y mi preocupación”.
Rebasada ya la anterior reforma electoral
Recordó que la reforma política anterior fue en 2014. Generó, dice, cambios importantes, pero dejó pendientes.
Surgieron los Tribunales Electorales y los OPLES o sea los organismos electorales estatales, los cuales, afirma, no se sacuden aún el yugo de los gobiernos estatales, y de las influencias locales; ajenas a los poderes judiciales para influir en las decisiones.
La reforma que viene girará sobre la introducción de la urna electrónica que operará en las elecciones presidenciales de 2024 y en la necesaria disminución de los costos del sistema electoral, que en este proceso ascienden a los 40 mil millones de pesos.
“… más que la campaña de vacunación contra la Covid-19”, agregó.
Y subrayó:
“… un gasto impresionante… Se necesita una reforma para hacer más racional el gasto y profundizar la democracia en nuestro país. Cierto, la falta de credibilidad en las elecciones ha sido un motivo de crear un exceso de órganos de vigilancia y control… el fraude electoral ha sido permanente en México; el INE y los tribunales electorales, tendrán que revisarse”, concluyó.
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