Legisladores acumulan más trabajo para la SCJN
Miguel Ángel Rivera viernes 23, Abr 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Lejos de disminuir, aumentan las demandas en contra de la llamada Cuarta Transformación por aprobar, por conducto de sus bancadas en las cámaras de Senadores y Diputados, leyes que se consideran anticonstitucionales.
Ayer, por ejemplo, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) y otras relativas con la impartición de justicia y persecución de la delincuencia, muchas de las cuales desde ahora son consideradas violatorias de los principios constitucionales.
En tanto, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de la reforma aprobada por el Congreso a la Ley de la Industria Eléctrica e impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por considerar que contradice los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, encargados de garantizar la competencia en mercados de generación y suministro eléctrico.
Mediante un comunicado en su cuenta de Twitter la Comisión sostiene que su protesta es porque las reformas aprobadas por Morena y satélites obstaculizan el cumplimiento de su obligación de garantizar la competencia y libre concurrencia en este sector.
Además, la Cofece señala que, en el marco constitucional, es fundamental que existan acceso abierto a cualquier generador a las redes de distribución y transmisión eléctrica para que puedan operar en condiciones de competencia.
“A juicio de esta autoridad las medidas contenidas en el Decreto son contrarias a la Constitución y eliminan las condiciones necesarias para que exista una dinámica de competencia en el mercado eléctrico, lo que se traduciría en una perturbación en las condiciones de oferta de la electricidad, así como en daños al consumidor y a la economía en general”, sostiene el comunicado de la Cofece.
En este caso se trata de “lluvia sobre mojado”, pues como hemos dejado constancia, diversas organizaciones y empresas ya han conseguido amparos en contra de la mencionada Ley de la Industria Eléctrica que tanto defienden los seguidores de la llamada Cuarta Transformación con el argumento de que se trata de preservar la soberanía nacional sobre sus recursos energéticos.
Tampoco se trata de una novedad el desacuerdo de la Cofece, que preside la comisionada Alejandra Palacios, pues anteriormente echaron abajo el decreto acerca de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, conocida popularmente como “ley Nahle”, que tuvo que ser sustituido por toda una ley, aprobada en el Congreso por Morena y satélites, pero que está detenida por amparos concedidos por el Poder Judicial Federal.
A la carrera, los diputados aprueban la reforma al Poder Judicial y a la Fiscalía General
Todavía con dispensas de trámites y con obvio de algunos trámites, la Cámara de Diputados aprobó ayer las reformas al Poder Judicial Federal y a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, dos proyectos que desde ahora están destinados terminar también en controversias que deberán dilucidar los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
La celeridad es porque “morenos y asociados” trataban de recuperar el terreno que les “hizo perder” la presidenta de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri, quien durante la sesión del miércoles 21 impidió que se discutieran las reforma ansiadas por morenos y asociados porque no se habían aprobado los dictámenes respectivos en comisiones.
Por eso los dos temas tuvieron que posponerse. No mucho, pues entraron en la sesión de ayer y para no variar la aplanadora de Morena y satélites se impuso inclusive en contra de los disidentes dentro de sus propias filas.
La reforma a las leyes que norman la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) comprende un total de 65 leyes. Los desacuerdos en torno a los cambios propuestos se evidencian por el hecho de que se presentaron 193 reservas, incluidas algunas de disidentes de Morena, con la finalidad de hacer otros tantos cambios, pero casi en su totalidad fueron rechazados.
En la bancada “morena” 15 diputados votaron en contra y otros 4 sufragaron en abstención. Entre los primeros estaban Porfirio Muñoz Ledo, Alfonso Ramírez Cuéllar, Lorena Villavicencio, Rubén Cayetano García y Sergio Mayer.
Una de las pocas modificaciones que se aceptaron a discusión -aunque finalmente no se aceptó – fue presentada por Martha Tagle Martínez, de MC, con la finalidad de eliminar el atributo del Ministerio Público como representante de la sociedad. La legisladora dijo que eso disminuye la presencia de las víctimas, que como resultado de los cambios tienen una mayor incidencia en el desahogo de sus casos.
Esta propuesta tuvo el inmediato respaldo de la diputada Lorena Villavicencio, una de las disidentes de Morena, pero más adelante, al seguir la discusión sobre temas parecidos, por las premuras hubo una confusión, que tuvo que ser superada con el auxilio de los servicios parlamentarios para encontrar la vía legal para modificar la redacción de un artículo que ya había sido previamente aprobado.
Villavicencio denunció, además, que hubo instrucciones del fiscal general para evitar modificaciones al documento, el cual, a su consideración, lesiona a los afectados por desapariciones.
Enrique Ochoa, del PRI, llamó la atención sobre el hecho de que el procedimiento parlamentario para aprobar la minuta fue atropellado. Resaltó que esta tiene méritos, pero también fallas. Se comprometió a seguir trabajando a lo largo del día para cumplirle a los grupos de la sociedad inconformes con el documento.
Dos años más para el presidente de la
Suprema Corte, “pese a quien le pese”
El otro asunto tramitado con gran celeridad en la Cámara de Diputados fue la reforma al Poder Judicial Federal, incluido el repudiado artículo 13 transitorio que le concede dos años más como presidente de la Suprema Corte de Justicia al actual titular de ese máximo tribunal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Luego de la defensa que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de la ampliación del mandato del ministro y sostener que se trataba de una reforma constitucional, en el Palacio Legislativo de San Lázaro prevalecía el convencimiento de que la reforma se aplicaría, como otras similares, sin cambiarle una coma.
Por si hiciera falta, durante el trabajo en comisiones para aprobar la minuta que sería presentada ayer mismo ante el pleno de la Cámara, los reporteros que cubren las actividades en San Lázaro captaron una sentencia pronunciada por un legislador de Morena en el sentido de que el transitorio sería aprobado “pésele a quien le pese” (La Jornada, nota de Georgina Saldierna y Enrique Méndez).
Efectivamente, así ocurrió, a pesar de la resistencia de los diputados de los partidos de oposición, a quienes se sumaron algunos de Morena, como la mencionada Lorena Villavicencio y Porfirio Muñoz Ledo.
“(Ampliar el mandato del presidente de la Corte) “es absolutamente contrario a la constitución, ya que esta limita el periodo a 4 años y prohíbe la reelección. Resulta además un precedente peligroso. Se impone un amplio debate parlamentario sobre este asunto.”, había escrito Muñoz Ledo en redes sociales.
Su posición fue reafirmada al participar ayer en el debate, vía remota, pues la sesión fue semipresencial.
El ex dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, pidió no avalar el artículo 13 transitorio de la reforma al Poder Judicial, y “evitar esta oscura noche del parlamentarismo mexicano al que nos está llevando esta inercia”.
En tribuna, la presidenta de la Comisión de Justicia, diputada Pilar Ortega Martínez (PAN), consideró que la reforma pone en riesgo la autonomía del Poder Judicial y el control de los Poderes de la Unión; aseguró que los cambios debilitan las controversias constitucionales y anunció que su grupo parlamentario votaría en contra.
El dictamen de la minuta se aprobó en lo general con 319 votos a favor y 88 en contra; durante la presentación de reservas las y los diputados emitieron su rechazo a todas las propuestas, por lo que el dictamen se aprobó en lo general y lo particular con 310 votos a favor, 99 en contra y 1 abstención. Se turnó a las Legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para los efectos del artículo 135 constitucional.