La Suprema Corte aprueba salarios superiores al del presidente AMLO
Miguel Ángel Rivera jueves 22, Abr 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Apenas un día antes, hacíamos recuento de los pendientes de la Suprema Corte de Justicia, cuando los ministros del máximo tribunal respondieron positivamente y sacaron adelante un asunto conflictivo que se generó casi al inicio del actual régimen: autorizó que funcionarios públicos puedan ganar más que el Presidente de la República.
De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador todavía no tomaba posesión cuando la Cámara de Diputados ratificó, el 13 de septiembre de 2018, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, previamente aprobada por el Senado, que tiene como punto principal que ningún burócrata puede tener un salario superior al del Presidente de la República.
La iniciativa, obviamente, provenía del primer mandatario, que así empezaba a imponer la política de “austeridad republicana” que pretende mantener como divisa de su administración y por la cual se recortaron los presupuestos de muchos organismos públicos y se han cancelado programas como las guarderías para madres trabajadoras y los fideicomisos de ciencias y artes.
Esa iniciativa se aprobó casi sin resistencia, pues votaron a favor 433 diputados y sólo nueve en contra y una abstención. La resistencia vino después, sobre todo de funcionarios de organismos autónomos, como el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)…y el Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos integrantes se mantienen hasta la fecha como unos de los funcionarios públicos menos estimados por el jefe del Ejecutivo.
A las demandas contra la Ley de Remuneraciones se sumaron un amplio grupo de senadores de los partidos de oposición y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entonces encabezada por Luis Raúl González Pérez, quien al término de su mandato fue sustituido por una incondicional de la llamada Cuarta Transformación, Rosario Piedra Ibarra, impuesta por Morena y asociados a pesar de no llenar todos los requisitos.
Los inconformes presentaron demandas de amparo y los jueces federales les concedieron la suspensión de la ley, con lo cual empezó otra de las animadversiones del primer mandatario, al grado que -de común acuerdo con el presidente de la Suprema Corte, Zaldívar Lelo de Larrea-, promovió una profunda reforma del Poder Judicial Federal para acabar con algunos de los privilegios que le atribuye a jueces, magistrados y ministros, algunos de los cuales se cuentan entre los que ganan más que un Presidente de la República.
Por el fallo dado a conocer ayer, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia confirmó las suspensiones otorgadas al Instituto Nacional Electoral (INE), al Banco de México (Banxico) y a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), por lo que podrán continuar con el cobro de sueldos superiores al del Presidente de la República.
Para ello, los ministros declararon infundados tres recursos de reclamación interpuestos por la Consejería Jurídica de la Presidencia contra las suspensiones otorgadas a los órganos autónomos, los cuales impugnaron el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2021. Las reclamaciones fueron rechazadas por los integrantes de la Primera Sala del máximo tribunal, pero con los votos en contra de la ministra Norma Lucía Piña Hernández y Juan Luis González Alcántara Carrancá, éste último nombrado a propuesta del presidente López Obrador. Los otros ministros de esta sala son Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Ana Margarita Ríos Farjat, también promovida por el actual primer mandatario.
Las controversias constitucionales fueron admitidas a trámite en diciembre por los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán, integrantes de la Comisión de Receso de la SCJN.
Detenida, la ley de usuarios de telecomunicaciones y radiodifusión
El disgusto del presidente López Obrador contra jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial seguramente resultará reforzado, pues además del mencionado caso de los salarios, ayer también se conoció que aumentaron las demandas de amparo contra la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, promovida por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, supuestamente para evitar que los teléfonos celulares sean utilizados para cometer crímenes como la extorsión.
De acuerdo con las autoridades, para que esa meta pueda ser alcanzada, se requiere que los usuarios de telefonía celular registren sus datos biométricos, como son las líneas que forman la huella dactilar, el iris de los ojos, las facciones del rostro, el tono de voz, la firma y el ADN.
De acuerdo con esa ley aprobada por Morena y sus “satélites” en el Congreso de la Unión, quien no cumpla con el registro dejará de tener el servicio de telefonía celular y podría ser multado.
Los partidos de oposición y organismos defensores de derechos humanos se oponen a esa reforma por considerar que viola los derechos básicos de los ciudadanos y, como consecuencia, se han presentado demandas de amparo. El primero el martes anterior, al cual le siguieron ayer otras solicitudes de protección al Poder Judicial.
El juez que concedió la suspensión provisional es el titular del juzgado Segundo Especializado en Telecomunicaciones y Competencia Económica, Juan Pablo Gómez Fierro, quien ya tiene antecedentes de malquerencia de parte del presidente López Obrador por haber concedido también la suspensión definitiva contra otra de las reformas más estimadas de la 4T, como es la Ley de la Industria Eléctrica.
Gómez Fierro señaló que la suspensión es para el efecto de que no se aplique a los inconformes la obligación de registrar su línea telefónica móvil en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), y, en consecuencia, no sea cancelada su línea telefónica.
El juez advirtió que la entrega de datos personales y biométricos podría no ser idónea ni proporcional, ya que no se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos.
Con todo y sus precisiones, Gómez Fierro reactivó el resentimiento en su contra dentro de las filas de la llamada Cuarta Transformación.
El presidente López Obrador se lanzó nuevamente contra Gómez Fierro, y como parte de su catilinaria recordó que es el mismo que ampara a las empresas eléctricas.
“Yo soy muy respetuoso de la división y el equilibrio de los poderes, la autonomía, la independencia de los poderes. Pero si hace falta una reforma en el poder judicial, ¡urge! una reforma al Poder Judicial”, destacó el primer mandatario.
Más severo resultó el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, quien al participar en la conferencia presidencial de ayer calificó de “frívolo” el proceder del juez federal, porque actuó sin conocer el propósito del padrón.
Encarrerado, al lado del primer mandatario, el funcionario sostuvo que Gómez Fierro “es un juez de contentillo que actúa para quedar bien, y este juez sin todavía publicarse los lineamientos que va a emitir el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que tiene seis meses, ya otorgó de manera frívola una suspensión que evidentemente se va a combatir, pero en su afán para quedar bien confunde lo que es la geolocalización de donde se hace la llamada, con quién es el titular de la línea, que es lo que nosotros queremos”, aseguró.
García Verdeja aseguró que nueve de cada 10 llamadas de extorsión, son hechas con teléfonos de prepago, igualmente para cometer secuestros, delitos de trata de personas y en general para diferentes actividades criminales, de ahí la necesidad de hacer el padrón.
A más de su ataque contra el juez federal, el subsecretario abrió una puerta que podría ser la salida para este nuevo conflicto que, de otra manera, desembocará como muchos otros en la Suprema Corte de Justicia. Indicó que para el gobierno federal con la huella digital sería suficiente, la cual ya se usa en diversos mecanismos de identificación y en aplicaciones.
Por otra parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, comprobó personalmente el dicho de “que la perra es brava hasta a los de casa muerde”.
Esto porque una corriente interna de su partido, la autodenominada Unidad de las Izquierdas lo acusó de manipular la designación de candidatos a gobernadores, diputados, senadores y presidentes municipales.
